No más impuestos, por favor

Por supuesto, acompañado con el consecuente y energúmeno planteamiento de sí el Estado debería esforzarse en retribuir de alguna manera con educación, salud y seguridad, el inmenso sacrificio que los ciudadanos y empresarios hacen por cuenta de su deber constitucional de contribuir a las finanzas estatales.

Una conversación inacabable que genera en muchos, especialmente los que si cumplimos, una discusión interna que enfrenta nuestro deber con lo que percibimos diariamente, en un País que a pesar de los muchos que aportan con su trabajo y esfuerzo, hay unos pocos sin ningún tipo de vergüenza que se benefician del Estado, desangrándolo vía despilfarro y corrupción.

El reciente proyecto de reforma tributaria presentado por el actual Gobierno necesariamente nos hace pensar en lo mencionado y en la necesidad de un giro en materia fiscal, incrementar la tarifa del impuesto a los dividendos, mayores sobretasas a sectores energéticos y financieros, reducción del umbral en materia del impuesto al patrimonio y mayor tributación para las personas naturales; hace que desarrollar una actividad generadora de renta en Colombia sea inviable.

Aun cuando cada vez que se proponen cambios en materia fiscal es usual escuchar y leer las mismas quejas y reclamos, lo cierto es que lo propuesto, aunado a la más reciente ley de reforma tributaria, no tiene precedentes, y en cambio, genera un desanimo generalizado que se traduce en falta de inversión e incertidumbre en el país. Claro está, que, en la situación política actual, ni el más ferviente adulador del Gobierno apuesta por que el citado proyecto se convierta en ley de la República.

No como un simple espectador, sino quizás por estar en medio de la vorágine de la discusión, cobro y recaudo de los impuestos, me atrevo a señalar que el próximo Gobierno (porque este ya no fue) debe hacer énfasis no en ahogar al empresariado y a la industria que mantiene el Estado (como es el caso de la industria de los hidrocarburos) sino más bien en modernizar los procesos de fiscalización en la búsqueda de la gran cantidad de evasores que simplemente eluden la obligación de tributar al amparo de la ineficiencia del Estado y la informalidad de su actividad. Herramientas como la facturación electrónica, el régimen simple, los cruces de información, la mayor preparación de los funcionarios y programas que busquen fiscalizar efectivamente a los sectores informales que tradicionalmente no han pagado un impuesto, pueden ser un foco más eficiente para el Estado y menos traumático para la sociedad. Por su parte, hay impuestos que por su naturaleza pueden ser de mayor y más fácil recaudo, el caso del IVA que de ser extendido a mayor cantidad de productos (como ocurre en casi el mundo entero y no en Colombia en consideración a discursos populistas) haría que el Estado tuviera mayor caja sin un desgaste administrativo.

La idea al final se resume en que el contribuyente actual no le duela cumplir y vea que quien no lo hace, es fiscalizado y sancionado; nada diferente de respetar y hacer respetar el imperio de la ley. Con voluntad y un nuevo enfoque que comprometa a la Administración y los administrados, así como la fiscalización de los sectores informales y la efectiva aplicación de las disposiciones administrativas y penales que buscan persuadir, seguramente no se tendrá la necesidad de presentar proyectos que lo que único que persiguen es desincentivar la industria y presionar aún más al que si cumple.