Colombia tiene una paradoja: cuenta con sectores capaces de impulsar una recuperación de la inversión, generar empleo y mejorar la competitividad, pero ese potencial está atrapado entre la incertidumbre regulatoria, las restricciones fiscales, los problemas de seguridad y la falta de ejecución. La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia abre la posibilidad de cambiar ese panorama. Sin embargo, la economía no se reactiva al ritmo de los anuncios, sino al de las decisiones que se traducen en proyectos, contratos, producción y empleo.
La advertencia de César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, resume el desafío: “Varios de los anuncios realizados por el Gobierno van en la dirección correcta, pero hay que pasar del dicho al hecho”. Para el analista, la materialización de las medidas será determinante para producir cambios transversales en la actividad económica. Y hay dos asuntos que condicionan toda la agenda: el ajuste fiscal y la seguridad física necesaria para que las empresas puedan operar e invertir.
Pabón identifica tres sectores claves para la reactivación: el minero-energético, la infraestructura y la vivienda, pues son actividades con amplios encadenamientos productivos, capacidad de movilizar capital y potencial para generar empleo en las regiones. Su recuperación beneficiaría a la industria, el transporte, el comercio, los servicios empresariales y el sistema financiero.
Un reciente diagnóstico de BBVA Research coincide en la necesidad de recuperar la inversión como motor del crecimiento. En su informe ‘Colombia cambia de motor: inversión y construcción liderarán el crecimiento económico desde 2027’, la entidad proyecta una recuperación de la inversión fija que podría impulsar la actividad económica a partir de 2027.
La cuestión de fondo es si el nuevo Gobierno conseguirá revertir los rezagos acumulados durante el cuatrienio anterior sin agravar los desequilibrios fiscales. Para María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo-Americana (AmCham) comienza una nueva etapa para el país. “El éxito de este Gobierno requerirá de trabajo conjunto, diálogo y compromiso entre el sector público, el privado y la sociedad”.
Minería y petróleo: recuperar el terreno perdido
El sector minero-energético es de los que más necesita un cambio. Durante los últimos años, la discusión sobre la transición energética, la exploración de hidrocarburos y las condiciones para desarrollar proyectos estuvo marcada por la incertidumbre sobre el rumbo de la política pública. El resultado es una actividad que requiere recuperar inversión, ampliar sus perspectivas de producción y fortalecer su contribución a las exportaciones y las finanzas públicas.
Cifras de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) dimensionan el rezago: el valor agregado de minas y canteras se encuentra cerca de un 30 por ciento por debajo del nivel de 2013, mientras la economía colombiana creció 37,4 por ciento en el mismo periodo. La producción petrolera pasó de niveles cercanos al millón de barriles diarios en 2012 y 2013 a alrededor de 735.000 barriles diarios en 2026.
Pabón considera favorables las señales de reactivación de los planes de exploración, la priorización de proyectos y la posibilidad de agilizar las consultas previas. Su planteamiento apunta a reducir los tiempos y la incertidumbre que retrasan inversiones, sin desconocer los requisitos ambientales ni los derechos de las comunidades.
La discusión sobre el fracking, advierte el analista, está menos avanzada. Por eso, el Gobierno tendrá que definir cómo abre la ruta para su desarrollo. El desafío más urgente es que las decisiones de hoy no producirán automáticamente más petróleo y gas mañana. Los proyectos necesitan estudios, capital, licencias, infraestructura y seguridad.
La minería también requiere una estrategia de reactivación. La Asociación Colombiana de Minería (ACM), encabezada por Juan Camilo Nariño, ha destacado el potencial de inversión en minerales estratégicos, incluido el cobre. El reto consiste en convertir ese potencial en proyectos efectivos, mediante trámites previsibles, consultas oportunas, seguridad territorial y reglas estables, señala el directivo gremial.
Evitar el desabastecimiento
Colombia necesita garantizar la oferta para atender la demanda, sostener la competitividad industrial y evitar que los problemas financieros de las empresas se conviertan en interrupciones del servicio o aumentos desproporcionados de las tarifas. El informe de ANIF ‘Energía para volver a crecer’, advierte sobre los riesgos asociados a un eventual fenómeno de El Niño intenso. La dependencia de la generación hidroeléctrica hace que los niveles de los embalses sean determinantes para el costo y la disponibilidad de la electricidad.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y de Acolgén, el gremio de los generadores de energía, señala que “el sector privado quiere ser un aliado del Gobierno para construir soluciones, impulsar reformas y generar más inversión, empleo formal, seguridad jurídica y estabilidad institucional”. El Gobierno tendrá que evitar que la discusión se limite a las tarifas. La prioridad debe ser garantizar una matriz capaz de responder a las condiciones climáticas y a las necesidades de crecimiento.
Recursos comprometidos
La infraestructura es uno de los sectores en los que el cambio de Gobierno podría tener efectos más amplios sobre la actividad económica. Una carretera, un puerto o una obra de conectividad moviliza empresas constructoras, proveedores, trabajadores, transportadores y servicios financieros. Además, reduce costos logísticos y puede integrar regiones que permanecen aisladas de los principales mercados.
Pabón ve con buenos ojos los anuncios de recuperar el rumbo de las obras de quinta generación (5G) que no habían avanzado por dificultades de gestión. Pero subraya que la reactivación no puede descansar exclusivamente en el esquema tradicional de asociaciones público-privadas (APP).
El problema es financiero, señala ANIF. El centro de pensamiento advierte que buena parte de las vigencias futuras ya está comprometida y que, para 2030, la disponibilidad para nuevas APP sería equivalente a apenas el 0,04 por ciento del PIB. Pabón propone revisar la disponibilidad de vigencias futuras y explorar mecanismos complementarios: regalías, obras por impuestos, inversión privada y proyectos de obra pública ejecutados a través del Instituto Nacional de Vías (Invías). También considera fundamental trabajar con las regiones para identificar iniciativas estratégicas y aprovechar mejor sus recursos.
La seguridad física es igualmente decisiva. Las amenazas, la extorsión y las dificultades para operar en algunos territorios pueden elevar los costos y retrasar la construcción. Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), se valora la disposición del Gobierno para trabajar con gobernadores y alcaldes en proyectos estratégicos, pues este enfoque puede facilitar una mayor articulación entre la Nación, las autoridades territoriales, los empresarios, los trabajadores y las comunidades. “Recibimos con optimismo el llamado a trabajar en equipo por las regiones. La infraestructura es mucho más que construir obras, es conectar a Colombia, generar empleo, atraer inversión, cerrar brechas y crear oportunidades para millones de colombianos”, afirma un reporte del gremio.
Vivienda: reactivar la cadena productiva
La vivienda merece un capítulo propio porque combina una urgencia social con un importante efecto multiplicador sobre la economía. La construcción residencial demanda cemento, acero, vidrio, acabados, transporte y servicios profesionales. También genera empleo y facilita la formación de patrimonio de los hogares.
Sin embargo, el sector llega al nuevo Gobierno con señales de debilidad. Datos de ANIF muestran que las ventas de vivienda disminuyeron 19,2 por ciento hasta julio de 2026 y las iniciaciones cayeron 11,6 por ciento hasta niveles comparables con los de hace 15 años.
La caída afecta tanto a los constructores como a los hogares que aplazan sus decisiones de compra. Los costos de financiación, la capacidad adquisitiva y la disponibilidad de subsidios condicionan la demanda, mientras las empresas necesitan certezas para iniciar nuevos proyectos. El analista César Pabón considera que la vivienda debe ocupar un lugar estratégico, por sus encadenamientos y su capacidad de recuperar la confianza. Su propuesta es retomar una política de subsidios mejor focalizada y concentrar esfuerzos en las regiones que requieren reconstrucción.
A su vez, las perspectivas de BBVA Research refuerzan la importancia de recuperar la inversión en este sector. El repunte dependerá de que la demanda se traduzca en ventas y nuevos proyectos. Sin compradores con capacidad de pago, ni siquiera un entorno más favorable para los constructores garantizará la recuperación.
En conclusión, las posibilidades de reactivación de estos sectores confluyen en una dificultad común: el Gobierno tendrá que financiar sus prioridades con un margen fiscal limitado. Las necesidades de inversión pública, los compromisos presupuestales y el costo de la deuda reducen la capacidad para impulsar simultáneamente todos los programas.
Esta restricción obliga a priorizar. La tarea consiste en distinguir cuáles pueden movilizar capital privado, cuáles requieren participación estatal y cuáles deben esperar hasta que existan condiciones técnicas y presupuestales adecuadas. Los diferentes gremios consultados coinciden en que la llegada del Gobierno de Abelardo de la Espriella abre una oportunidad para redefinir las prioridades de inversión y recomponer la relación entre el Gobierno y los sectores productivos. Pero el balance no podrá hacerse a partir del tono de los anuncios. Tendrá que medirse en decisiones regulatorias, recursos efectivamente desembolsados, proyectos que comiencen a ejecutarse, nuevas inversiones, producción y empleos.