Especial Ciudades inteligentes
“El problema es la desigualdad”: presidenta del Consejo Privado de Competitividad sobre la realidad de las ciudades colombianas
Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, reflexionó sobre los avances de las ciudades colombianas y los desafíos que aún tienen pendientes para seguir avanzando en educación, sostenibilidad e infraestructura TIC.
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SEMANA: La competitividad es clave para construir ciudades inteligentes. ¿Cuál es el panorama en Colombia?
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Ana Fernanda Maiguashca (A. M.): Uno de los hallazgos más importantes de la medición del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) para este año es la mejora observada en el desempeño competitivo en buena parte de las ciudades. En términos generales, se registró una reducción en la diferencia en puntaje entre el mejor y el peor en ocho de los 13 pilares, y 20 de los 32 territorios evaluados presentaron un incremento en su puntuación general, con respecto al año anterior.
En cuanto a los resultados generales, el ICC 2023 está liderado por Bogotá, con un puntaje de 8 sobre 10, seguido por Medellín (7,2), Tunja (6,5), Cali (6,4) y Bucaramanga (6,3). Ahora bien, aún quedan muchos retos para que estos pilares sean los necesarios para apalancar la construcción de ciudades inteligentes, en particular cuando nos alejamos de los primeros puestos en el ranking.
SEMANA: ¿Esta realidad aleja la posibilidad de que las ciudades en Colombia sean reconocidas como inteligentes?
A. M.: La formación de ciudades inteligentes no es un objetivo distante o inalcanzable para el país. En 2020, el Departamento Nacional de Planeación realizó un documento de política con un diagnóstico, una serie de recomendaciones y una hoja de ruta orientada a este objetivo. El documento estableció recomendaciones para que las ciudades y los territorios en Colombia evolucionen hacia modelos inteligentes, aprovechando la tecnología de manera integral y multisectorial para abordar desafíos como el desarrollo sostenible, la infraestructura, la gestión ambiental, la economía digital, la movilidad y la seguridad ciudadana, entre otros.
Una de las herramientas de análisis que se desarrolló fue el Índice de Ciudades Modernas, que busca medir el desarrollo integral de las ciudades en aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales. Con esto también se busca establecer modelos de madurez de las ciudades para evaluar y planificar los avances en su transición hacia la inteligencia, bajo principios de sostenibilidad, conectividad e inclusión.
SEMANA: La infraestructura TIC y la adopción de nuevas tecnologías también es determinante. ¿Cómo les va a las ciudades del país en este aspecto?
A. M.: Bajo los subpilares de infraestructura TIC y capacidades TIC, el ICC también evalúa los avances en las ciudades. Por ejemplo, durante 2022, en penetración de internet de banda ancha fija, ciudades como Armenia contaban con un 30 % de sus hogares con acceso a este servicio, mientras que en Mitú esta proporción fue de apenas el 0,2 %.
En relación con el uso de internet, en Villavicencio, el 86 % de su población mayor de cinco años accedió al servicio de forma regular durante 2022; en contraste, en Puerto Carreño la cifra fue del 44 %. En Bogotá, el 58 % de los hogares contaba con un computador, portátil o tablet para acceder a internet, mientras que en Puerto Carreño se observan de nuevo los mayores retos, con solo el 12 %.
Finalmente, en términos de formación, las instituciones de educación superior en Manizales ofrecen un promedio de 1,9 programas educativos relacionados con las TIC, mientras que en Mitú no se registró oferta de este tipo. Esto no implica que el problema se resuelva contando con instituciones de educación superior en todo el país, pero donde las hay, tendría que haber una oferta que contemple de manera transversal las habilidades TIC.
SEMANA: ¿Y en educación cómo vamos?
A. M.: La educación impacta directamente la capacidad para convertirse en ciudad inteligente. En Colombia, uno de los principales problemas es la desigualdad en el acceso a una educación de calidad, especialmente en competencias digitales y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). La brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral tecnológico es otro desafío significativo.
SEMANA: ¿La educación dual podría ser la respuesta?
A. M.: Definitivamente. La implementación de la educación dual se presenta como una herramienta crucial para cerrar esta brecha. Este modelo, que combina la formación teórica en las instituciones educativas con la experiencia práctica en empresas, es esencial para alinear mejor las competencias de los estudiantes con las demandas reales del mercado laboral. Sin embargo, en Colombia, de los más de 15.000 programas académicos que existen, solo ocho están orientados al modelo de educación dual. La expansión de la educación dual podría ser un catalizador para el desarrollo de ciudades inteligentes, al preparar a una fuerza laboral que no solo posea conocimientos conceptuales avanzados, sino habilidades prácticas directamente aplicables en contextos laborales tecnológicos y sostenibles.
SEMANA: La sostenibilidad es otro elemento importante para la construcción de ciudades inteligentes…
A. M.: El ICC incluye un pilar de sostenibilidad ambiental que evalúa, por un lado, la disponibilidad y protección de los activos naturales en las ciudades, y, por otro, su gestión ambiental y de riesgo. En este pilar se evidencian desafíos significativos en muchas de las ciudades evaluadas y dificultades para poder medir variables que sean comparables entre entornos muy diversos. Indicadores estándar como el de emisiones de CO₂ de fuentes móviles, que mide las emisiones per cápita de CO₂ generadas por el consumo de combustibles líquidos en el sector automotor, arrojan datos interesantes en, por ejemplo, el Área Metropolitana de Barranquilla, que muestra el mejor desempeño del país, en contraste con Inírida, que registró el peor nivel. Sin embargo, es difícil saber si en todos los casos los esfuerzos por mejorar este indicador sean su apuesta ambiental más acertada.
SEMANA: ¿Qué ha pasado con la inversión pública?
A. M.: Si hablamos de inversión pública en servicios ambientales, que refleja los recursos públicos destinados a la conservación de ecosistemas estratégicos, la reforestación y la protección de fuentes hídricas, las alcaldías del Área Metropolitana de Barranquilla destinaron 107.000 pesos por habitante en 2021. En contraste, Riohacha no asignó recursos presupuestales a este aspecto durante ese año. De nuevo, quizá para esta última capital, las inversiones en educación sean una apuesta más eficiente, incluso para mejorar sus indicadores ambientales en el mediano plazo.