Abelardo de la Espriella no recibe un país en ruinas, como quisieran afirmar algunos. Sin embargo, tampoco recibe unas finanzas públicas sanas, como quisieran creer otros.
La economía llega al empalme creciendo, aunque poco. En el primer trimestre de 2026 el PIB creció 2,2 por ciento, pero casi la mitad se explica por el gasto público en un año electoral, mientras la inversión privada ha desaparecido. El desempleo se quedó quieto en 8,8 por ciento: dejó de bajar. El peso se ha fortalecido hasta llevar el dólar a mínimos no vistos desde 2020, pero esa fortaleza se apoya en un dólar global débil, en tasas locales altas y en las monetizaciones del propio Gobierno. El consumo, eso sí, mostró una resiliencia inesperada.
Esa es apenas una cara.
La otra aparece al abrir las cuentas del Estado. Colombia cerró 2025 con un déficit fiscal de 6,4 por ciento del PIB, el segundo más alto del siglo sin contar la pandemia. La deuda bruta llegó a 65,1 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2026, superando incluso el pico de la pandemia. La inflación repuntó a 5,84 por ciento en mayo, muy lejos de la meta de 3 por ciento.
El problema no termina ahí. Existe un déficit silencioso que nadie ha logrado cuantificar: la deuda del sistema de salud con clínicas y hospitales se ubica entre $26 y $33 billones según quién la mida; la del sector eléctrico, entre $6 y $9 billones. Que ni siquiera sepamos el tamaño del agujero es parte del problema. Las deudas no desaparecen porque no estén presupuestadas, ellas siempre se asoman con intereses.
Pero el dato más grave no aparece en ninguna de esas cifras. Colombia perdió su ancla. Para sostener el gasto, el Gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal —que durante una década limitó la deuda—, perdió el grado de inversión y las calificadoras recortaron la nota. Hoy el Estado no solo gasta más de lo que tiene, sino que dejó de ser creíble. Y un país sin credibilidad fiscal paga más caro cada peso que pide prestado. Esa es la verdadera herencia.
Habrá que tramitar una reforma tributaria, pero sería un error pensar que este panorama se resuelve con más impuestos.
Durante la última década nuestros gobernantes inventaron impuestos para todo: al carbono, a los plásticos de un solo uso, a los alimentos y bebidas que todos comemos y bebemos, pero nadie debe comer ni beber. A las empresas formales les cayeron con toda: sobretasas, gravámenes al patrimonio y a los dividendos, y al gobierno saliente hasta se le olvidó eso de que no puede haber tributo sin representación, pues aprendió que aquí puede exigir impuestos por decretos, contrarios a la Constitución que aseguran recaudo mientras las Cortes se pronuncian, si es que deciden tumbarlos. Si pensamos que en este país también nos cobran por mover nuestra propia plata, solo nos falta el impuesto al suspiro.
La vía tributaria llegó a su límite. Y pocos lo saben mejor que quien la recorrió: José Manuel Restrepo, hoy vicepresidente electo, fue el ministro que en 2021 llevó la renta corporativa al 35 por ciento, una de las más altas del mundo sin contar las sobretasas que castigan a ciertos sectores. Que el arquitecto de esa carga reconozca su agotamiento es la prueba de que el límite existe y ya lo alcanzamos.
Muy seguramente estaremos obligados a reabrir una discusión que ningún gobierno quiere dar: el IVA. No para gravar la canasta familiar ni castigar a los hogares vulnerables, sino para revisar sus exclusiones, exenciones y tratamientos preferenciales que nadie se ha atrevido a tocar. La pregunta es si Colombia puede diseñar un sistema más amplio, eficiente y progresivo, con compensaciones para los más vulnerables.
También falta el debate de la autonomía de los departamentos y municipios: las transferencias del Estado se incrementaron en plata, pero ello no se ha visto aparejado de una correlativa transferencia de responsabilidades a las entidades territoriales. Todos quieren omelette, pero nadie quiere que le rompan los huevos.
Con todo, un pacto de financiación no es solo conseguir ingresos. Implica, sobre todo, gastar menos y mejor. El gasto creció más rápido que la economía, y ningún recaudo alcanza si la tubería sigue rota. Administrar mejor lo que ya es de todos —infraestructura, concesiones, activos— en vez de solo pensar en cobrar más.
El ajuste no puede ser solo contable. Casi medio país no votó por De la Espriella y necesita sentir que también será gobernado. Sin inversión en infraestructura, educación y ciencia no hay productividad futura. El reto no es escoger entre ajuste y desarrollo, sino en una delicada mezcla que permita amasar los dos ingredientes tan necesarios para nuestro país.
La plata, sin duda, se puede conseguir. La credibilidad, una vez rota, no se recupera en un mandato. Probablemente ni en dos. Ese es el verdadero tamaño de la factura.
Por Catalina Hoyos Jiménez, socia de Godoy y vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario