Hubo una época en que la inclusión financiera se discutía como un asunto de responsabilidad social: importante, bien intencionado y, con frecuencia, tratado como una casilla de responsabilidad social más que como una decisión de negocio. Esa conversación cambió, y hoy incluir a quien nunca tuvo acceso al sistema financiero no es un gesto de buena voluntad que deben adoptar las empresas para quedar bien o para cumplir un checklist; es una de las palancas de crecimiento más concretas que tenemos sobre la mesa y que debe ser adoptada como un deber en la construcción de un país igual y sostenible.
Los números lo dicen mejor que cualquier declaración de principios. Según el informe Real-Time Payments: Economic Impact and Financial Inclusion, de Cebr y ACI Worldwide, la adopción de pagos inmediatos podría aportar 282 millones de dólares adicionales a la economía colombiana para 2028. De igual manera, Bre-b, el sistema de pagos automáticos de Colombia, tiene previsto incorporar a más de 5,1 millones de personas al sistema financiero formal: la mayor expansión proyectada en toda América Latina.
Pero esa oportunidad no se va a materializar sola. Depende de que quienes hacemos parte del ecosistema financiero construyamos soluciones que realmente aprovechen esa infraestructura y faciliten la interoperabilidad entre entidades, empresas y personas. En apenas medio año de funcionamiento, y de acuerdo con el Banco de la República, el sistema Bre-B ya superó los 670 millones de transacciones y movilizó 105 billones de pesos. La infraestructura que íbamos a necesitar “algún día” ya está operando, solo necesitamos más soluciones que permitan la interoperabilidad.
Colombia no inventó este camino; lo recorre con buenos referentes. Pix en Brasil y SPEI en México demostraron que, cuando la interoperabilidad entre entidades financieras funciona de verdad, no solo se mueve el dinero más rápido: cambia el día a día de las personas y se dinamiza el comercio. La lección regional es clara. La verdadera transformación no está en modernizar el sistema financiero para quienes ya estaban dentro, sino en ampliarlo para quienes siempre quedaron afuera.
Y aquí quiero detenerme, porque es el punto que más me interesa. ¿Quiénes son los que quedaban afuera? El comercio de barrio, el negocio rural, la emprendedora que factura con lo que tiene a la mano.
Las mujeres latinoamericanas están impulsando el emprendimiento. De acuerdo con Mastercard, la región registra la menor brecha de género del mundo en intención de emprender, lo que significa que las mujeres tienen prácticamente el mismo, o incluso mayor, interés que los hombres en crear un negocio. La ambición no es el problema. El problema, una y otra vez, ha sido el acceso: al crédito, a los recursos, a herramientas que estaban dadas por sentadas para unos, pero que son necesarias para todos de manera indiscriminada, tal y cómo lo es tener presencia digital que permita recibir el recaudo de los esfuerzos de su negocio.
Un pago que llega de inmediato no es un detalle técnico para ese universo de negocios. Es liquidez para pagarle a los proveedores, sostener el flujo de caja y profesionalizar el recaudo sin depender de procesos largos ni costosos.
Ese es el corazón del cambio de mirada. Cuando una emprendedora, una mujer madre cabeza de familia en una zona apartada puede cobrar con una llave digital o un código QR y recibir su dinero al instante, no estamos otorgando un beneficio; estamos incorporando productividad, talento y crecimiento a la economía. La inclusión, entendida así, deja de ser un costo que se justifica con buenas intenciones y se convierte en una inversión con retorno medible para todos que contribuya con el desarrollo de la sociedad equitativa y justa que el liderazgo participativo persigue.
Me gusta imaginar hasta dónde llega esta oportunidad. Si la interoperabilidad ya funciona dentro del país, ¿por qué no pensar en un futuro donde una misma solución facilite transferencias entre países y habilite usos económicos que antes apenas alcanzábamos a imaginar? El tamaño real de esto no es mover dinero más rápido. Es construir una infraestructura más abierta, más conectada e incluyente, sobre la cual una nueva generación de negocios y ojalá muchos de ellos liderados por mujeres, pueda crecer.
Por eso insisto en cambiar el lenguaje con el que hablamos del tema. Mientras sigamos tratando la inclusión financiera como un acto de Responsabilidad Social Empresarial, la pondremos al final de la lista, sujeta a la voluntad de turno. Cuando la entendemos como estrategia, como lo que decide quién participa de la economía del futuro y quién se queda mirando, deja de ser opcional. La pregunta es cuánto nos cuesta seguir dejando gente afuera. La inclusión financiera es parte del hecho de fortalecer el tejido social y empresarial de nuestra sociedad.
Los líderes tenemos el deber de generar el impacto social para democratizar las finanzas. El mercado evoluciona rápidamente y quedarse quieto no es una opción. Hay que mantenerse alerta, adaptarse y adelantarse a lo que viene. Las grandes transformaciones económicas rara vez comienzan con grandes discursos. Comienzan cuando millones de personas que antes estaban excluidas pueden participar, producir, vender y crecer en igualdad de condiciones. La inclusión financiera ya no debe entenderse como una política social. Es una política de competitividad.
El verdadero desarrollo de un país no depende únicamente de cuánto dinero produce, sino de cuántas personas tienen la posibilidad de participar en esa producción. Y mientras exista alguien con capacidad de emprender que siga excluido del sistema financiero, Colombia seguirá creciendo por debajo de su verdadero potencial.
Marcela Santiago, fundadora y CEO de Tumipay