No se trata simplemente de un reajuste de prioridades: es una afirmación cruda de poder. Washington deja claro que está dispuesto a transgredir la soberanía de la región para blindar la suya, a condicionar la cooperación a resultados medibles en control migratorio, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, y a exigir un distanciamiento explícito de China y de cualquier otra potencia considerada “extrahemisférica”.
En esa lógica, América Latina vuelve a ser concebida como un espacio funcional, no como un conjunto de socios soberanos. La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) no incorpora los costos locales como variable central de análisis: evalúa si una política reduce flujos migratorios hacia Estados Unidos, disminuye la droga en su frontera o limita la influencia de potencias extrahemisféricas. Lo que ocurra dentro de los países socios es secundario, siempre que el objetivo externo sea alcanzado. Importa en la medida en que sirve; estorba cuando genera problemas y no produce resultados.
La estrategia revive, sin complejos, una lógica que parecía superada. Del Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe —reformulado hoy como un “Corolario Trump”— no es más que una versión 2.0 del viejo ideario imperial: América al servicio de los intereses de Estados Unidos, con o sin el consentimiento de quienes habitan el hemisferio. La retórica de cooperación y valores compartidos desaparece; en su lugar se impone un lenguaje de ultimátum, control y subordinación. Poco importa si, para cumplir esos objetivos, los países de la región deben asumir costos humanos, institucionales o territoriales. El problema, en esta lógica, no es la violencia aquí, sino la amenaza que pueda proyectarse hacia allá.
Frente a este escenario, la indignación es legítima. La estrategia es hegemónica, intervencionista y profundamente asimétrica. Reduce a América Latina a una frontera avanzada de seguridad, a un amortiguador de migrantes, drogas y conflictos geopolíticos. Sin embargo, quedarse en la denuncia moral sería insuficiente —e incluso irresponsable—. La pregunta clave no es solo qué tan injusta es esta estrategia, sino cómo debe reaccionar la región, y especialmente Colombia, para no quedar atrapada como peón de una partida que no controla.
¿Cómo responder con una política exterior estratégica?
Para Colombia, navegar esta coyuntura exigirá algo que históricamente ha sido escaso: una política exterior verdaderamente estratégica, coherente y de largo plazo. No una política reactiva, ni puramente ideológica, ni subordinada a impulsos coyunturales. Lo que está en juego no es la cercanía o distancia con Washington, sino la capacidad del país para definir intereses propios y defenderlos con inteligencia.
De cara al próximo gobierno, independientemente de su orientación ideológica, las decisiones serán ineludibles.
Un gobierno de izquierda enfrentará una tensión estructural entre su discurso de autonomía, multilateralismo y justicia social, y una realidad en la que Estados Unidos sólo aceptará resultados y aumentará su presión para asegurarlos. Defender la soberanía con discursos no será suficiente y costará mucho que el país sea pragmático y logre capacidades concretas de control territorial, lucha efectiva contra economías ilícitas y una gestión robusta de la migración. Una relación definida principalmente por la confrontación retórica con Estados Unidos puede generar réditos políticos internos, pero también provocar costos concretos en términos de comercio, cooperación, acceso a recursos y presión diplomática.
Un gobierno de derecha, por su parte, probablemente encuentre afinidad discursiva con la nueva doctrina estadounidense. Pero ahí radica su riesgo principal: una alineación acrítica puede reducir severamente el margen de maniobra del país y reactivar viejas lógicas de securitización que ya demostraron sus límites -claramente la estrategia netamente confrontacional de la guerra contra las drogas-. La cercanía con Washington no puede significar renunciar a una agenda propia, ni aceptar sin debate una agenda antidrogas o migratoria diseñada desde fuera y aplicada sobre realidades locales complejas.
Un gobierno de centro tendría, en teoría, una ventaja comparativa: la posibilidad de apostar por el pragmatismo estratégico. Reconocer el peso real de Estados Unidos sin subordinar los intereses nacionales; diversificar relaciones internacionales sin provocar confrontaciones innecesarias; y entender que la soberanía, en el contexto actual, no se ejerce solo con discursos altisonantes, sino con instituciones fuertes, resultados creíbles y capacidad de negociación. La autonomía hoy no es aislamiento ni confrontación; es capacidad estratégica en términos prácticos (diplomacia económica, control territorial, manejo migratorio, diversificación real).
La nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos no busca aliados ideológicos, sino Estados funcionales a sus intereses. Ignorar ese hecho sería ingenuo; aceptarlo sin condiciones, peligroso. Para Colombia, el desafío es salir de esa falsa dicotomía y construir una política exterior capaz de leer el poder sin romanticismos, pero también sin sumisión. Porque en el mundo que se está configurando, la soberanía no se respeta por derecho: se sostiene con capacidades reales, instituciones sólidas y una estrategia clara de negociación. Y esa es, quizá, la discusión más urgente que el país aún no ha querido dar.
Rocío Pachón, experta en construcción de paz, seguridad y relaciones internacionales. Actualmente, asesora de Cooperación Internacional y Alianzas del Centro Nacional de Memoria Histórica.