Cuando una empresa entra en crisis es común pensar que se trata de un problema privado: de sus dueños, de sus socios, de quienes tienen algo que perder financieramente. Después de 16 años acompañando procesos de reorganización y liquidación empresarial, puedo decir que esa mirada es incompleta.
Detrás de cada empresa en dificultades hay empleos en riesgo, proveedores que dependen de sus pagos, créditos con el sistema financiero y obligaciones con el Estado. Cuando una empresa tambalea, tambalea también un pedazo del tejido económico del que todos, de una u otra forma, hacemos parte.
Mi trabajo, desde hace años, ha estado enfocado en empresas familiares y comerciales que atraviesan distintos niveles de dificultad económica, lo que comúnmente llamamos crisis. Pertenezco a la lista de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, en calidad de liquidadora y promotora, y esa vinculación despertó en mí un interés aún mayor por entender a fondo las causas y los caminos posibles cuando una compañía se enfrenta a serias dificultades financieras.
En Colombia, leyes como la 1116 de 2006 y la 2437 de 2024, por medio de las cuales se establece y reglamenta el Régimen de Insolvencia Empresarial, permiten a los empresarios, sin importar el tamaño de su empresa ni el sector económico al que pertenezcan, acudir a mecanismos legales diseñados para enfrentar estas situaciones de manera ordenada, siempre que estén vigilados, supervisados o controlados por la Superintendencia de Sociedades. A través de estos procesos, las empresas pueden optar por dos caminos: reorganizarse para continuar operando, o liquidarse de forma organizada cuando la continuidad ya no es viable.
Luego de haber atendido más de 30 empresas, puedo decir con plena certeza que pocas cosas son tan satisfactorias en este oficio como ver a una entidad reorganizarse: llegar a acuerdos de pago de largo plazo con sus acreedores, preservar el empleo, honrar los compromisos con proveedores, cumplir las obligaciones financieras y también las que se tienen con el Estado.
Cuando una empresa retoma sus actividades y continúa aportando al desarrollo económico del país, cobra sentido todo el esfuerzo de los asesores legales que acompañamos el proceso desde la primera consulta hasta la celebración de un acuerdo de reorganización. Revivir una empresa viable no es solo un logro técnico; es, para quienes ejercemos esta especialidad del Derecho, motivo de un orgullo genuino.
Sin embargo, no todas las historias terminan en reorganización. Cuando una empresa no logra ser viable y su destino es la liquidación, nuestro papel también es acompañar ese cierre: a la empresa, a sus socios y a sus accionistas, para que el patrimonio se aproveche de la mejor manera posible durante el trámite, de manera que las obligaciones comerciales, laborales, societarias y fiscales se finiquiten de forma organizada, en lugar de dejarlas en el caos. Incluso en estos procesos surgen oportunidades: otros inversionistas pueden adquirir activos o unidades de negocio, y lo que empezó como una crisis termina abriendo una puerta para alguien más.
Por eso insisto en que la crisis empresarial es, también, un asunto de interés público. Cada proceso de insolvencia bien gestionado —ya sea que termine en reorganización o en liquidación— protege empleos, preserva crédito y mantiene en pie una parte del entramado económico del que depende el desarrollo del país.
La pregunta que deberíamos hacernos como sociedad no es si las empresas atravesarán dificultades —eso es inevitable en cualquier economía—, sino si contamos con los mecanismos, con la cultura empresarial y con la adecuada asesoría legal para enfrentarlas a tiempo y de manera ordenada. De esa respuesta depende, en buena parte, cuántas de esas empresas logran seguir aportando al país.
Beatriz Posada Henao, abogada especializada en derecho concursal, fundadora de su propia firma en Barranquilla y auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades en calidad de liquidadora y promotora.