La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela publicó el Decreto n.° 5.200, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, en respuesta a lo que el Ejecutivo califica como un ataque armado de Estados Unidos contra el país.
El decreto, firmado por Nicolás Maduro, establece una serie de medidas excepcionales orientadas a preservar el orden interno, la seguridad del Estado y el funcionamiento del sistema institucional.
Entre los artículos más sensibles se encuentra el artículo 5, que imparte instrucciones directas a los cuerpos de seguridad del Estado.
De acuerdo con ese apartado, los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán intervenir de manera inmediata en apoyo a la búsqueda, captura y procesamiento de personas que, a juicio del Gobierno, estén involucradas en la promoción o respaldo del presunto ataque armado contra el territorio venezolano.
La norma indica que estas actuaciones se realizarán bajo coordinación del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con el objetivo de poner a los detenidos a disposición de las autoridades judiciales competentes.
El artículo apunta a que las actuaciones deberán adelantarse con observancia del debido proceso y el derecho a la defensa, principios que el decreto afirma mantener vigentes pese a la declaratoria de excepción.
No obstante, el alcance amplio del texto ha generado preocupación entre sectores jurídicos y defensores de derechos humanos, que advierten posibles riesgos de interpretaciones extensivas en la aplicación de las medidas.
Si bien el decreto no menciona de forma expresa sanciones por expresiones públicas, analistas críticos señalan que el lenguaje empleado podría ser utilizado para perseguir conductas consideradas de apoyo o celebración de los hechos que el Gobierno califica como agresión extranjera, especialmente en redes sociales y espacios públicos.
La declaratoria de conmoción exterior habilita al Ejecutivo a adoptar decisiones extraordinarias en materia de seguridad, control interno y orden público, en un contexto de alta tensión política y diplomática.