LA INTERNACIONAL NEGRA

De nuevo el fantasma del terrorismo se pasea por Europa. En España, el diario español El País, denuncia las conexiones del neofascismo italiano con la policía española en Italia; en forma de ultimátum, los servicios secretos italianos han lanzado un grito de alarma acerca del renacer del terrorismo, tanto de derecha como de izquierda.
De una parte, las famosas Brigadas Rojas, dicen los detectives italianos, se están reorganizando para golpear nuevamente, después de varios años de relativa calma. Del otro lado, a la derecha, las noticias son más preocupantes. Según los 007 italianos, "los ambientes neofascistas están preparando proyectos de atentados enormes a los cuales no sería extraño Stefano Delle Chiaie", el super buscado neofascista italiano, implicado en la mayoría de los atentados terroristas llevados a cabo por grupos de derecha en Europa, y acusado en concreto por la matanza de más de 80 personas en la estación de Bolonia en agosto de 1980. Actualmente no ha sido señalado en América Latina, donde juega un papel importante en el mercado de la droga, gracias al apoyo en Bolivia de los narco-generales.
Con el propósito de relanzar la subversión "negra" en Europa, "los neofascistas italianos han buscado la vieja solidaridad de los ambientes franquistas españoles, todavía presentes al interior de la policía española", declaraba una fuente de los servicios secretos italianos hace poco a la revista Espresso de Roma. Y lo prueba el escándalo que desató las noticias publicadas recientemente por el prestigioso diario El País, acerca de la muerte del juez italiano, Vittorio Occorsio, quien investigaba cuestiones referentes a los grupos de derecha Ordine Negro y NAR (Núcleo Armado Revolucionario), asesinado en julio de 1976 con un arma de la policía española. El arma, una metralleta Ingram-Marietta con el número de serie 2-2-00981, retenida en Roma en febrero de 1977 al fascista italiano, Pier Luigi Concutelli, y usada para asesinar al juez Occorsio, figuraba en enero de 1983 en un inventario policial con la relación de armas con que contaba la Comisaría General de Información de España.
Dichos datos, explica el diario español, fueron comunicados al Ministerio del Interior, pero según la misma fuente policial, ni se investigó el problema, ni se informó del mismo a la justicia italiana, aun cuando ésta lo solicitó.
Por su parte, el juez italiano, Luigi Vigna, especializado en terrorismo "negro", ha precisado que "tenemos la factura de la fábrica norteamericana que vendió la metralleta y en ella figura que fue comprada por la policía española de Madrid textualmente", además aclara "que ha solicitado informaciones en varias ocasiones a la policía española sobre cómo llegó esa arma a manos de los neofascistas italianos, sin que recibiera respuesta del Ministerio del Interior español o de las autoridades judiciales".
Ahora, escribe El País, después de que los socialistas ganaron las elecciones de 1982, los nuevos mandos policiales han tratado de establecer los medios con que cuentan, llevando a cabo un difícil inventario, gracias al cual han comprobado la desaparición de 5 mil expedientes confidenciales y el hecho de que la metralleta Ingram M-10 utilizada en Roma y comprada en España, una de las armas ligeras automáticas más modernas, aparece en el inventario que se realizó a inicios de 1983, coincidiendo con las declaraciones de Concutelli en el momento de su detención en 1977, cuando aseguró que la metralleta le había sido entregada por los servicios de información española. Igualmente, el diario español denuncia el hecho de que Concutelli tenía en su poder una agenda con números de teléfonos de altos funcionarios de policía y militares españoles que trabajaban en 1976 en el Servicio Central de Documentación (Seced), el servicio de información más importante de la época, hoy desactivado. "Todo esto lleva a pensar que el mismo Concutelli esté relacionado con acciones anti ETA, en colaboración con la policía española durante los primeros años de la transición", dice el magistrado Vigna. En efecto, Concutelli, Stefano Delle Chiaie, fundador de la organización nazifascista Avanguardia Nazionale, Augusto Cauchi, organizador de Ordine Nuovo, y Giuseppe Calzona, miembros destacados de la Internacional Fascista, han podido establecerse por años en España gozando de oscuras protecciones. Todos forman parte del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), según confesiones del mismo Calzona, cuya primera acción en diciembre de 1983 fue el asesinato de varios refugiados políticos vascos en la parte francesa del país vasco, así como de militantes de ETA, la organización clandestina vasca; más de 15 muertos en menos de dos años.
Cuando en 1983 la Brigada del Interior conoció la existencia de la metralleta en su inventario y las distintas irregularidades por parte del personal militar y de policía, el jefe de la Brigada del Interior Español en ese entonces, Mariano Baniandres, encargó una investigación. Sin embargo, el funcionario responsable de la investigación acabó siendo procesado por infidelidad en la custodia de documentos y presunta estafa. El caso lo denuncia abiertamente el diario español, poniendo en evidencia las enormes contradicciones y luchas internas dentro del Ministerio del Interior español.
Todo hace pensar que con el impulso de las ideas de derecha en Europa, y a pesar de los gobiernos socialistas en el Mediterráneo, la Internacional Negra y su "brazo armado" no se quedan atrás utilizando los engranajes, que parece, hasta ahora, nadie ha desbaratado.