En los últimos meses, el debate sobre el uso de visas de trabajo para profesionales extranjeros en Estados Unidos ha ganado atención pública, especialmente en el contexto de la educación superior y los mercados laborales locales. El programa de visas H-1B, establecido por el gobierno federal, permite a empleadores estadounidenses contratar profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, entre otras áreas de alta capacitación técnica.
Las universidades públicas forman parte tradicionalmente de los empleadores que han recurrido a esta categoría para reclutar académicos, investigadores y especialistas cuya experiencia no siempre se encuentra fácilmente en el mercado interno. El programa H-1B ofrece 65.000 visas al año, con 20.000 adicionales para quienes poseen títulos avanzados, y usualmente otorga permisos de trabajo de tres a seis años a quienes lo obtienen.
La controversia reciente surge de una medida tomada por las autoridades educativas y políticas del estado de Florida dirigida a cambiar cómo estas instituciones participan en el esquema de visas H-1B. Esta semana, la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida aprobó una normativa que establece una suspensión temporal en la contratación de nuevos empleados con visas H-1B en las 12 universidades públicas del estado. La regulación permanecerá vigente hasta el 5 de enero de 2027, según documentos oficiales publicados en la página web de la junta.
Este movimiento se produce tras una directiva del gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitida en octubre de 2025, en la que instó a las instituciones a tomar medidas enérgicas contra lo que él describió como “abuso de visas” en el ámbito universitario, sugiriendo que algunas de estas contrataciones podrían desplazar a trabajadores estadounidenses disponibles para los mismos puestos.
Más de 600 beneficiarios fueron aprobados para visados H-1B por las 12 escuelas de Florida el año pasado, como lo evidencian los datos del sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). En octubre del año pasado, DeSantis afirmó que las universidades “estaban importando trabajadores extranjeros con visas H-1B en lugar de contratar a estadounidenses calificados y disponibles para realizar el trabajo”.
Bajo la medida, quienes ya trabajan en las universidades con este estatus no se verán afectados en sus renovaciones de visa ni en su permanencia laboral. El Estado también contempla que esta pausa permita analizar el impacto de cambios recientes en el entorno migratorio y educativo, incluidos ajustes regulatorios como el aumento de tarifas para nuevas solicitudes de este tipo de visa, aprobado a nivel federal el año pasado.
Organismos del sector educativo y defensores del intercambio académico internacional han señalado que esta suspensión podría tener efectos negativos en la capacidad de las universidades para atraer talento especializado y sostener líneas de investigación competitivas a nivel global, particularmente en campos como ciencia, ingeniería y medicina, donde la participación de profesionales internacionales ha sido tradicional.