A partir del 31 de diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), junto con el Departamento de Justicia (DOJ), implementará una normativa que modifica de manera sustancial el marco jurídico del asilo en Estados Unidos.
¿En qué consiste la regla que regirá desde el 31 de diciembre?
Conocida como la Regla Final sobre Prohibiciones de Seguridad y Procesamiento, esta regulación fue originalmente emitida en diciembre de 2020, pero su aplicación quedó diferida hasta ahora por decisiones administrativas y litigios.
El nuevo aviso del DHS, difundido recientemente en el Registro Federal, confirma que la regla entrará finalmente en vigor el 31 de diciembre de 2025, pero con modificaciones.
Según el aviso oficial publicado en el Federal Register, se decidió retirar varias disposiciones procesales incluidas en la versión original y dejar vigentes principalmente las relativas a consideraciones de salud pública y seguridad nacional.
Esto podrá ser determinante para denegar el asilo o la suspensión de deportación, si se considera que la persona representa un riesgo sanitario debido a una enfermedad transmisible durante una emergencia oficial de salud pública.
Esta modificación normativa se complementa con una suspensión administrativa de decisiones sobre solicitudes de asilo que fue anunciada a principios de diciembre de 2025 por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Bajo ese memorando, todos los formularios I-589, utilizados tanto para solicitar asilo como para pedir la suspensión de deportación, han sido puestos en pausa sin un plazo definido para reanudar la emisión de decisiones finales.
Aunque USCIS seguirá aceptando nuevas solicitudes y realizando entrevistas preliminares, esta medida genera preocupación entre abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre demoras prolongadas y la falta de certeza procesal para miles de solicitantes.
Contexto de políticas migratorias más amplio y sus implicancias reales
Los cambios en la política de asilo se dan en un contexto de presión creciente sobre el sistema migratorio de Estados Unidos, marcado por un aumento sostenido en los cruces fronterizos y debates políticos intensos sobre control migratorio.
El DHS ha adoptado una serie de medidas que reflejan esta tendencia hacia un enfoque más restrictivo.
Entre ellas se incluye la regla que faculta al gobierno a considerar riesgos de salud pública como una barrera para la elegibilidad de asilo, una autoridad ampliada que tiene ecos en regulaciones creadas durante la pandemia de COVID-19 para expulsar o limitar el ingreso de migrantes en situaciones de emergencia.
Este endurecimiento se produce además en paralelo a otras acciones de la administración que han generado controversia y atención internacional.
La aplicación de criterios de seguridad y salud como parte de la evaluación de asilo se suma a un entorno normativo en el que tribunales y agencias federales se encuentran activos en reconfigurar aspectos clave de la política de inmigración.
Analistas legales han subrayado que estos cambios no solo alteran el procedimiento migratorio, sino que también redefinen las puertas de acceso para quienes buscan protección internacional, lo que podría tener efectos duraderos en la percepción global de Estados Unidos como refugio para perseguidos.