Estados Unidos
Indignación en EE. UU.: casi 700 niños guatemaltecos serían deportados en secreto bajo orden del gobierno Trump
La polémica decisión enfrenta a la administración Trump con jueces y defensores de derechos humanos en EE. UU. y Guatemala.
La intensificación de las políticas migratorias en Estados Unidos ha abierto un nuevo frente de controversia con la decisión del gobierno de Donald Trump de intentar deportar a cerca de 700 niños guatemaltecos no acompañados.
Según la administración, la medida responde a un incremento en el número de menores que han llegado solos al país durante los últimos meses, lo que ha saturado los albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Funcionarios argumentan que estos niños no califican para asilo y deben ser devueltos a su país de origen antes de cumplir la mayoría de edad, evitando que sean transferidos a centros de detención para adultos.
Guatemala, por su parte, ha dicho estar preparada para recibirlos como parte de acuerdos bilaterales de cooperación, aunque no se ha aclarado cómo garantizará la protección de los repatriados en comunidades marcadas por violencia y pobreza.
El anuncio fue revelado a través de una carta del senador Ron Wyden, quien alertó que el plan amenaza con separar a los niños de sus abogados, tutores y redes de apoyo. Según el legislador, esta iniciativa viola las normas de bienestar infantil de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y contradice precedentes legales que protegen a los menores inmigrantes en procesos judiciales.
Mientras tanto, reportes de prensa señalan que la cifra de niños afectados supera los 600, muy por encima de los 341 inicialmente pactados con Guatemala, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia del operativo.
La tensión aumentó cuando organizaciones de derechos civiles interpusieron demandas que llevaron a una decisión histórica. La jueza federal Sparkle Sooknanan emitió una orden de emergencia bloqueando las deportaciones por al menos catorce días.
La magistrada consideró que los procedimientos implementados parecían vulnerar el debido proceso, ya que varios niños fueron trasladados sin previo aviso a aeropuertos en Texas para ser embarcados en vuelos nocturnos. Testimonios de abogados indican que el operativo coincidió con un fin de semana festivo, lo que dificultó la defensa legal de los menores.
De acuerdo con reportes de Reuters, tras la orden judicial, la mayoría de los niños fueron regresados a instalaciones del gobierno, donde permanecerán bajo custodia mientras avanzan nuevas audiencias.
Para la defensa legal, este bloqueo representa una victoria parcial, ya que se logró detener la expulsión inmediata, aunque no garantiza una solución definitiva. El gobierno ha insistido en que se trata de un retorno “voluntario” coordinado con Guatemala, pero activistas rechazan esa caracterización y aseguran que los niños enfrentan riesgos de violencia y abandono en sus comunidades de origen.
El caso refleja el choque entre la política migratoria de línea dura impulsada por la Casa Blanca y las garantías legales que protegen a los menores no acompañados. También plantea un reto humanitario para Guatemala, que deberá asumir el retorno de cientos de niños en medio de limitaciones institucionales.
Más allá de los procesos judiciales, el debate deja en el centro la pregunta de qué derechos prevalecen cuando la migración infantil se enfrenta a las prioridades políticas de un país.
