El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido bastante crítico respecto al cambio climático, sacando a su país, paulatinamente de organizaciones en pro del ecologismo, de las nuevas agendas de energías sostenibles y de tratados en favor de la conservación ambiental.
Por esta razón, tiene previsto derogar un dictamen de la época del gobierno de Barack Obama que ha servido como base para la lucha contra las emisiones de efecto invernadero, anunció este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) propuso a mediados del año pasado dejar sin efecto la llamada Determinación de Peligrosidad de 2009, en lo que se consideró un duro golpe a la acción climática por parte del mayor emisor de gases contaminantes de las historia.
El jueves, Trump “oficializará la derogación” del texto, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, en una sesión informativa el martes. “Esta será la mayor acción de desregulación en la historia de Estados Unidos y ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares en regulaciones asfixiantes”, agregó.
El texto, que estipula que las emisiones de efecto invernadero atentan contra la salud, se ha utilizado como fundamento de varias normativas federales que limitan las emisiones. El dictamen concluyó que seis gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud y el bienestar públicos al impulsar el cambio climático, entre ellos, se incluyen los populares dióxido de carbono y metano.

Esta decisión de la administración Trump ha sido considerada una de las mayores acciones desreguladoras de la historia de EE. .UU., lo que eliminaría de raíz la base legal de la gran mayoría de estándares climáticos y abriría paso a una política más favorable a combustibles fósiles.
Esa conclusión se derivó de una decisión de la Corte Suprema de 2007, Massachusetts vs. EPA, que afirmó que los gases de efecto invernadero califican como contaminantes en virtud de la Ley de Aire Limpio e instruyó a la EPA a determinar si representan un peligro para la salud y el bienestar públicos.
Si bien la Determinación de Peligrosidad inicialmente se aplicó solo a una sección de la Ley de Aire Limpio que regula las emisiones de vehículos, posteriormente se incorporó a otras normativas, que abarcan también a las industrias.

Expertos ambientales y grupos judiciales citador por The Washington Post han cuestionado ese intento, y el proceso enfrenta demoras y posibles desafíos legales, ya que tribunales y asesores han señalado debilidades en la justificación científica y legal del borrado de la norma.
La revocación de dictamen implicaría la inmediata eliminación inmediata del requisito de normas federales de emisiones de gases de efecto invernadero para automóviles.
