El británico Imran Ahmed, uno de los cinco europeos comprometidos con la regulación estricta de empresas tecnológicas y sancionados por Estados Unidos, demandó a la administración Trump, evitando por ahora la deportación del país donde reside.
Estados Unidos impuso una prohibición de entrada al país el martes a Ahmed, a otros tres representantes de oenegés contra la desinformación y el discurso de odio en línea, así como a un excomisario europeo de asuntos digitales.
El presidente Donald Trump lleva a cabo una amplia ofensiva contra las normas de la Unión Europea sobre tecnología que imponen regulaciones a plataformas, como la notificación de contenidos problemáticos, que Washington considera una violación de la libertad de expresión.
La denuncia de Ahmed, presentada el miércoles, ante un tribunal de Nueva York afirmaba que se enfrentaba a la “perspectiva inminente de arresto inconstitucional, detención punitiva y deportación”, medida que un juez bloqueó temporalmente el jueves.
“El gobierno federal ha dejado claro que Ahmed está sujeto a ‘SANCIONES’” por la labor de la ONG que fundó y dirige, el Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH, en inglés)“, añade la demanda.
Este centro estudia las políticas de moderación de las principales plataformas de redes sociales y ha denunciado reiteradamente las prácticas de X, y propiedad del multimillonario Elon Musk, aliado de Trump.
Se programó una audiencia preliminar para el lunes, según un fallo judicial revisado por la AFP.
Los sancionados junto con Ahmed son Clare Melford, directora del grupo Global Disinformation Index, de Reino Unido; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la ONG alemana HateAid, y el francés Thierry Breton, excomisario europeo de asuntos digitales.
Las acciones de estos individuos constituyen una “censura extraterritorial” en detrimento de los intereses estadounidenses, argumentó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en X.
El gobierno estadounidense acusa a la ONG de Ahmed de haber “incitado a las plataformas a eliminar de sus listas a doce antivacunas estadounidenses”, entre ellos el actual secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., detalló la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah Rogers, en X.
Rubio y Rogers, la fiscal general Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, figuran en la demanda de Ahmed.
Este británico de 47 años, de origen afgano, reside legalmente en Estados Unidos desde 2021 y posee una tarjeta de residencia permanente (la llamada Green Card), según su demanda. Su esposa e hija son ciudadanas estadounidenses.
Consultado el jueves, el Departamento de Estado se mostró desafiante.
“La Corte Suprema y el Congreso han dejado claro en varias oportunidades: Estados Unidos no está en la obligación de permitir que extranjeros vengan a nuestro país o que residan aquí”, dijo a la AFP un vocero de ese departamento.
Con información de AFP.