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| 6/5/2018 10:20:00 PM

En tres meses consulta anticorrupción irá a las urnas; se aprueba con 12 millones de votos

Juan Manuel Santos pasará a la historia como el presidente que convocará la consulta anticorrupción. Aunque los ciudadanos la aprueben, será el próximo Congreso el que tendrá la última palabra. Claudia López culmina con rotundo triunfo su paso por el Senado.

84 senadores avalan la consulta anticorrupción En tres meses consulta anticorrupción irá a las urnas; se aprueba con 12 millones de votos Foto: Guillermo Torres / SEMANA

Con 84 votos a favor, el Senado dio vía libre a la consulta anticorrupción. Hace 10 semanas, el 17 de abril, un pacto entre las congresistas Claudia López, Angélica Lozano (Alianza Verde) y Paloma Valencia (Centro Democrático) salvó la iniciativa, en ese momento amenazada por el debate electoral. Las tres acordaron que el Senado se pronunciara sobre esta convocatoria a las urnas solo hasta después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Entre otras para que esta no se convirtiera en bandera política de determinado candidato, sino para que fuera un propósito nacional.

Le recomendamos: "La consulta anticorrupción no es para una campaña política": Claudia López

Fue así como 75 senadores de diez partidos políticos suscribieron un acuerdo. La aprobación de la convocatoria a las urnas se haría el 5 de junio, precisamente para que esta consulta popular no estuviera determinada por la campaña política.

Puede leer: Consulta anticorrupción: el Senado y la palabra empeñada

La fecha llegó y este martes en la noche la plenaria del Senado aprobó por medio de una votación la conveniencia de esta convocatoria a las urnas. Si el pasado mes de abril 75 senadores la respaldaron, esta vez aparecieron más votos. 84 senadores permitieron que los ciudadanos fueran convocados a las urnas y así pronunciarse sobre las leyes que consideran deben implementarse para castigar y prevenir la corrupción. 

Aunque el pacto de hace dos meses daba por sentado el unánime respaldo, la decisión se adoptó en medio de una fuerte controversia, permeada precisamente por los reclamos propios de la campaña electoral. El Centro Democrático denunció "intereses politiqueros" del candidato Gustavo Petro para presionar a Iván Duque, a quien le exigió que le diera la instrucción a la bancada de apoyar esta consulta. Duque recordó en Twitter que antes de la primera vuelta su partido ya había empeñado la palabra. 

A partir del momento en que el Senado dio el aval de conveniencia a las urnas, empezó a correr el término de tres semanas para que el presidente Juan Manuel Santos expida el decreto y determine la fecha de la consulta, que en todo caso no coincidirá con las elecciones del 17 de junio, y que tampoco deberá coincidir en elecciones ordinarias. Según la ley, en los próximos tres meses deberá desarrollarse esta elección.

Para que la consulta supere la prueba definitva de las urnas, 12 millones de personas deberán participar en ella. 

En el debate, el senador Roy Barreras se abstuvo de votar y aseguró que la consulta anticorrupción ni es efectiva ni en nada va a constituir una herramienta contra la corrupción, por lo que aseguró que el senado había avalado tirar 300.000 millones de pesos a la basura, lo que cuesta adelantar esta jornada electoral. El senador de la U vaticinó que está consulta sería declarada inexequible por la Corte Constitucional.  

El Centro Democrático avaló la consulta a pesar de que será Juan Manuel Santos el presidente que será recordado en la historia por haber convocado a los colombianos a este pronunciamiento. La senador Claudia López se convierte en la primera congresista que consiguió reunir más de 5 millones de firmas y llevar su convocatoria a las urnas.  

Los puntos de la consulta anticorrupción son:

1. Los congresistas no podrán estar más de tres periodos en el Legislativo.

2. Acabar con la “mermelada”.

3. Los funcionarios elegidos por voto popular deberán presentar sus declaraciones de renta.

4. Los congresistas estarán obligados a rendir cuentas.

5. Será obligatorio el trámite del presupuesto público de Alcaldías y Gobernaciones.

6. No habrá beneficios penales para los condenados por corrupción.

7. El Estado podrá cancelar de forma unilateral los contratos con personas que sean sancionados por delitos de corrupción.

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