ANESTESIA A UNA CRISIS

La semana pasada, mientras el grueso de la opinión pública consideraba que la actividad política estaba momentaneamente congelada como consecuencia de la intervencion quirúrgica a la cual fue sometido el Presidente, tenía lugar, tras bambalinas, una crisis que muchos consideraron la más grave que ha enfrentado hasta ahora Belisario Betancur.
Mientras los noticieros y las primeras páginas de los periódicos mostraban al presidente en su cama del hospital recibiendo sonriente una delegación de Arauca, en corrillos políticos y reuniones sociales reinaba un ambiente de expectativa e incertidumbre.
El origen del problema había sido una nota editorial del ministro de Defensa, general Landazábal, publicada en la revista de las Fuerzas Armadas y difundida ampliamente por los medios de comunicación. Por la forma escueta como fue presentada la declaración, pareció para muchos un simple pronunciamiento rutinario de un alto mando del Ejército. Sin embargo, una lectura detenida arrojaba mucha más letra menuda de la que a primera vista aparecía.
El documento podía ser objeto de dos lecturas diferentes. Según la primera, sería un llamamiento al orden, hecho en tono patriótico y constitucional, alertando al país sobre la creciente anarquía y violencia que se está viviendo, y enfatizando la decisión de las Fuerzas Armadas de ponerle fin a esta situación. Según la segunda lectura, sin embargo, se trataba de un claro anuncio de que el Ejército daba por terminada toda tregua en su ofensiva contra los elementos que consideraba subversivos, acompañado de una censura desafiante e intimidatoria a los sectores que no tuvieran una actitud de solidaridad con el Ejército en su lucha por el mantenimiento de las instituciones. La interpretación, por parte del editorialista, de quiénes entrarían en esta última categoría era tan amplia que incluía -aunque sin mencionar nombres propios- a sectores políticos legales, a medios de comunicación y a intelectuales que utilizan "la expresión artística" para encubrir un "mensaje político tergiversado". En la enumeración aparecía inclusive una persona en particular, descrita como un "desconocido abogado".
En el transfondo de todo el documento, había una notificación a la opinión pública de que la paciencia de las Fuerzas Armadas se agotaba, y que de no presentarse una solidaridad nacional en torno a éstas, se estarían dando pasos hacia un conflicto que tendría las dimensiones de una guerra civil. Textualmente afirmaba: "... vislumbramos que podrían estarse originando los argumentos para un nuevo conflicto interno de la nación, pues indudablemente, aquella parte honesta de la sociedad, que se considera dignamente representada y defendida por las Fuerzas Armadas, tendría que ponerse en pie al lado de sus instituciones, y éstas, ante las perspectivas del desdoro de su dignidad, podrian disponersu ánimo para una contienda de proporciones incalculables e imprevisibles que llevaría a nuestro país a una nueva fase de la violencia, en la que todo se perdería para la pazy nada se ganaria para la patria, para la que en tales condicionesse abrirán las puertas del conflicto civil generalizado". Sorprendentemente y no obstante las implicaciones de fondo del documento, o quizá precisamente por ellas, con poquisimas excepciones, los medios de comunicación trataron el tema con una deliberada discreción. Al dia siguiente de la noticia, El Tiempo no producía ningún comentario al respecto y habria un timido editorial un dia después, seguido por un absoluto silencio que se prolongaría hasta el final de la semana, y que según trascendió, habría sido acordado en una reunión editorial a alto nivel. El Siglo se limitó a transcribir las palabras de Landazábal sin comentario editorial alguno y en la radio y la televisión el asunto, una vez registrado, fue archivado. Menos tímido fue El Espectador, que editorializó inmediatamente con el titulo "No me amenaces" y donde el tema fue debatido desde el comienzo por sus columnistas.

OPINIONES POLARIZADAS
A pesar del manto de silencio, el tema seguia candente entre la opinión. La gravedad que alcanzaba la situación de orden público -que era el contexto dentro del cual se producia el editorial de Landazábal- hacia que las posiciones frente a éste se polarizaran. Muchos recibieron con entusiasmo la actitud asumida por el ministro de Defensa, a quien veian como la mano fuerte capaz de imponer orden. Este sentimiento se acentuó con un secuestro que exacerbó los ánimos, el de la joven Sonia Sarmiento, hija del destacado industrial y financista Luis Carlos Sarmiento Angulo. (ver recuadro). La acogida que el pronunciamiento de Landazábal tuvo entre algunos sectores, pudo medirse en una reunión que éste sostuvo con todos los gremios ganaderos, el martes por la tarde en un restaurante en el norte de Bogotá. Allí el general Landazábal expuso ampliamente sus teorías sobre la necesidad de la solidaridad contra la guerrilla, la cual, según él, habria llegado a fortalecerse al punto de tener algunas armas tan sofisticadas que ni el propio ejército contaba con ellas.
Citó por ejemplo fusiles con miras telescópicas con rayo laser, que proporcionan visibilidad nocturna. Concluyó la exposición afirmando que el ejército no permitiria que 3 o 4.000 guerrilleros se adueñaran del país, invitando a los ganaderos a contribuir económicamente para tal propósito, y haciendo un llamado a la autodefensa como medida complementaria necesaria. Unánimemente los presentes vieron en esto una salida a la situación cada vez más grave de que son victimas en las zonas ganaderas, donde el "boleteo", el secuestro, la extorsión y el asesinato se han convertido en el pan de cada día. Por motivos similares a los de los ganaderos este mismo sentimiento de aprobación se extendía a otros sectores de la opinión.
Quizá menos amplio, pero no menos intenso, era el sentimiento de rechazo al "campanazo" militar. Particularmente en circulos intelectuales, periodisticos, juridicos y de izquierda, fue recibido con gran alarma. En ellos el documento fue considerado cómo una actitud deliberante por parte del ejército, que implicaba desacato a principios constitucionales básicos.
Por divergencias mucho menores con el poder civil, habian sido llamados a calificar servicios destacados militares en los gobiernos anteriores (ver recuadro). Por otro lado, el documento evocaba el militarismo identificado con la pasada administración, y el tono amenazante y el lenguaje utilizado fueron interpretados como luz verde a Mucho se especuló sobre cuáles serian los destinatarios de los párrafos más agresivos y sibilinos del documento, pero sobre uno de ellos no parecia quedar ninguna duda: el Procurador general de la Nación.

ABOGADO DESCONOCIDO
Para los entendidos, la referencia era precisa: "Existen otros factores... en la regulación del tráfico de la violencia: el caso del desconocido abogado que, forzando la aparición de su nombre en las páginas amarillas, busca revestirse del ropaje de jurista con la sindicación, a los defensores de la ley, de torturar a los enemigos de la sociedad." Se trataba evidentemente, del Procurador, Carlos Jiménez, y del informe sobre el MAS que este venia adelantando y que había prometido que publicaría en estos días. En realidad, allí radicaba el meollo del asunto.
La inminencia de la publicación de las conclusiones de este informe -anunciado por varios diarios- fue interpretado por muchos como el detonante que precipitó el pronunciamiento de Landazábal. La relación de causalidad entre el informe del Procurador, y el contenido del editorial de Landazábal fue mencionado explicitamente por El Siglo, en su edición del sábado 29. Bajo el titulo "Concluyó investigación sobre el MAS", el diario dirigido por Alvaro Gómez registraba la siguiente secuencia de hechos: habría tenido lugar en días pasados, una larga reunión privada entre el Procurador Jim¿nez Gómez y el ministro de Defensa, en la cual el jefe del ministerio público le informó las conclusiones de las investigaciones sobre el MAS. Posteriormente, Landazábal habría informado y debatido con los altos mandos militares la información recibida. Con base en la solidaridad unánime obtenida en esta reunión, Landazábal habría procedido a publicar su controvertido editorial. SEMANA obtuvo información de que en la reunión a la cual hace referencia el diario conservador,entre el Procurador y el ministro de Defensa, habrían estado también presentes el ministro de Gobierno y el de Justicia, y que el punto especifico de discusión habrían sido ciertos datos contenidos en el informe acerca de la vinculación del Ejército con el MAS. Se trataria más de un documento que analiza desde un punto de vista sociológico la relación entre el MAS y algunos estratos castrenses, medios y bajos que de una sindicación con nombres propios.
El Procurador pensaba dar a conocer esta información a la opinión pública el sábado 29 de enero, y el martes 25 le habría hecho conocer esta decisión al presidente, momentos antes de que éste fuera internado en la Clinica de Marly. Ese mismo día, habría de aparecer el pronunciamiento de Landazábal.
Ya se habian hecho públicas ciertas manifestaciones de que el Ejército negaba cualquier vinculación con el MAS. El general Matamoros lo había expresado asi en términos categóricos en una carta dirigida al Procurador y entregada a este en una visita personal. En ese momento fue sorpresivo el que fuera el Procurador el destinatario de un comunicado de esta naturaleza.
Dias más tarde, la alusión al Procurador en el documento de Landazábal parecía aclarar el propósito común de los dos generales: dejarle saber al Procurador que no aceptarían acusación alguna de asociación con el MAS. En palabras de Landazábal, "Que nadie intente... mancillar (a las Fuerzas Armadas); que nadie asuma la vocería de su deshonra".
Un emplazamiento de las fuerzas militares al Procurador, a que no publicara la investigación que le había sido ordenada por el propio Presidente de la República, tendría que haber configurado una crisis de gran magnitud detrás de la cual habría, en último término, un enfrentamiento entre el poder civil y el poder militar. Sin embargo, al coincidir la operación del Presidente con los hechos que la habrían precipitado, está quedó momentáneamente congelada. El estado de salud le habria permitido al Presidente no dar respuesta alguna durante una semana a una situación que en otras circunstancias habría tenido que definir rápidamente. Según informa El Siglo, durante esa semana de recuperación se reunió tanto con el Procurador, como con los altos mandos militares, y habría tenido oportunidad de sopesar los dos puntos de vista.
El Procurador, a quien por razones personales e institucionales le correspondía dar respuesta a lo que podría considerarse un desafío contra sus fueros, se mantuvo en silencio considerando la convalecencia del primer mandatario.

¿CUAL SERA EL COSTO?
Sin embargo, la interinidad en que se encuentra la crisis no podrá prolongarse indefinidamente. El Procurador ha reiterado que bajo ninguna circunstancia dejará de hacer público el informe sobre el MAS, y difícilmente podría el presidente frenar el curso de una investigación ordenada por él mismo y con la cual se comprametió ante la opinión pública. Por otro lado, Betancur, en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas se ha visto colocado por el Ejército frente a un problema de autoridad al formular pronunciamientos políticos de tanto alcance. Su imagen independiente frente a los militares es parte fundamental tanto de la apertura política que ha propiciado, como de su prestigio personal. Sin embargo, no puede ser ajeno al creciente sentimiento contra la inseguridad que se está viviendo en el país. Pero al mismo tiempo, los militares parecían firmes en su negativa a la publicación del informe, alegando que la sola acusación lesionaría la dignidad de la institución. La semana se cerró con la incógnita de qué salida le daría Belisario Betancur a esta delicada crisis.

PODER CIVIL VS. PODER MILITAR
En administraciones pasadas se han producido, en ocasiones, fricciones entre el poder civil y el poder militar, que han desembocado en el llamado a calificar servicios de destacados militares. Hacemos, un recuento de los tres casos más renombrados en los últimos años.

GOLPE A GOLPE
"El mérito que tiene la democracia es que un hombre desarmado como yo, tiene que ser obedecido por las fuerzas armadas". Esas eran las palabras con que el presidente Valencia, en 1964 respondía al controvertido ministro de Defensa, Alberto Ruiz Novoa, en un banquete celebrado en el hotel Tequendama. El ministro acababa de pronunciar un discurso, que con programa de gobierno y todo, trascendía los límites de la jurisdicción militar y le garantizaría, sin saberlo, su salida del ministerio de Defensa poco tiempo después. Meses atrás, Ruíz Novoa había empezado a plantear la necesidad de efectuar cambios fundamentales en las estructuras sociales. Estos pronunciamientos fueron considerados fuera de contexto en relación con la disciplina castrense, más aún cuando la economía colombiana atravesaba por un momento crítico agravado por el asedio de los focos guerrilleros. Dentro de este clima, los trabajadores convocaron, para el 25 de enero de 1965, un paro general en protesta contra el alto costo de la vida y el reciente impuesto a las ventas. Con este motivo, los generales se reunieron para decidir sobre la serie de medidas que enfrentarían el paro. Las antiguas rencillas entre el general Rebeiz (comandante de las Fuerzas Armadas) y Ruiz Novoa, quien se negaba a disparar en caso de paro, se agudizaron. Aunque posteriormente el anuncio de paro fue revocado, el 26 de enero, el presidente Valencia daba a conocer una conspiración, callando el nombre de los implicados y un día después, el general Rebeiz presentaba su ultimatum al presidente Valencia: "o sale el general Ruíz Novoa del ministerio, o yo me retiro del ejército". La decisión no se hizo esperar: al otro día, la renuncia que exigía el presidente era la de Ruiz Novoa, cuyo escritorio pasaría a ser ocupado por el general Rebeiz.

POR POCA COSA
En 1969, en el gobierno de Lleras Restrepo, se producía un incidente parecido al de Ruiz Novoa. El comandante de las fuerzas armadas, Guillermo Pinzón Caicedo, se pronunciaba, en un editorial de la Revista de las Fuerzas Armadas, en contra de la reciente medida que dejaba el presupuesto de defensa en manos del ministerio de Hacienda. "El comandante del Ejército -anotaba- conocedor de la eficacia administrativa demostrada en repetidas oportunidades por quienes hacen factible la vida y la operancia de la institución militar, y preocupado por la posible ingerencia hasta niveles insospechados de una administración civil que apenas comienza a estructurarse entre vaivenes políticos, y que tiende contra toda lógica a suplantar un sistema probablemente eficaz y legalmente reconocido, hace pública la circunstancia anómala cuyo implantamiento sería inconveniente para la institución militar colombiana". Este párrafo, a primera vista poco espectacular, constituyó razón suficiente para que el 2 de febrero de 1969, el presidente Lleras llamara a calificar servicios al general Pinzón Caicedo.
Así, el general Omar Gutiérrez sucedió, sin pena ni gloria, a Pinzón Caicedo, quien años más tarde pasaría a engrosar las filas de la Anapo.

DIFERENCIAS CON EL MINISTRO
En mayo de 1975, durante el gobierno de López, el general Alvaro Valencia Tovar, fue llamado a calificar servicios, debido a una seria discrepancia con el entonces ministro de Defensa, general Abraham Barón Valencia. Este hahía decidido trasladar al general Gabriel Puyana García, comandante de la BIM, a la inspección general del ejercito. Y Puyana, quien hahía expresado su desacuerdo con la medida fue dado de baja.
La noticia del retiro de Puyana, dio lugar a una serie de especulaciones sobre un connato de golpe de Estado, propiciado por el mismo Puyana y el teniente coronel, Valentín Jiménez Carvajal (también llamado a calificar servicios). Ante esto, el ministro de Defensa emitió un comunicado explicando las razones disciplinarias que habían motivado el retiro de los dos militares. Simultaneamente, según el, sin saber del contenido del comunicado del ministro, el general Valencia Tovar mandó una carta a la prensa, desmintiendo cualquier vinculación del ejército con un supuesto golpe de Estado y afirmando al mismo tiempo, la rectitud y honestidad de Puyana y Jiménez.
Barón Valencia, considerando la carta del general Valencia como un acto de indisciplina y de imprudencia al sacar a la luz pública las discrepancias de dos jerarquías del ejército, se presentó ante el presidente López, manifestándole que uno de los dos generales tendría que salir del ejército: o Valencia Tovar o él. López se colocó del lado del ministro y al contrario del caso de Ruiz Novoa, donde un ministro hahía renunciado debido a las presiones de un subalterno, el 26 de mayo, Valencia Tovar era llamado a calificar servicios y remplazado por el general Camacho Leyva.

EL ULTIMO SECUESTRO
Inicialmente los secuestradores no despertaron ninguna sospecha. Refundidos como estaban, entre las decenas de caras nuevas que a principios de semestre llenan la Universidad de los Andes. Uno de ellos, parado en un salón, observaba cómo trabajaban los alumnos del taller 4 de arquitectura, entre los que se encontraba Sonia Sarmiento. Otros dos paseaban cerca, llevando mochilas, al igual que todos los uniandinos.
Mientras los guardaespaldas de Sonia -la hija del conocido industrial colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo- esperaban desprevenidos la hora de la finalización de las clases. Otro de los secuestradores, una mujer, fingía que su automóvil, un Renault 18, estaba varado en la entrada de la Universidad que da a la carretera de la circunvalación. A las tres y cuarto de la tarde, los secuestradores irrumpieron en el taller y obligaron a los estudiantes a arrojarse bajo las mesas. Sonia, mientras obedecía la orden, susurró a una compañera: "vienen por mí". Los secuestradores comenzaron a preguntar por ella, hasta que uno de ellos la reconoció. "Esa es, la rubia ", dijo, e inmediatamente, tomada del brazo, fue sacada del taller y transportada en el carro que anteriormente estaba "varado". Toda la operación fue hecha con sorprendente rapidez y precisión
Aun en un país acostumbrado a la audacia de los antisociales, el secuestro de una niña en un aula universitaria, burlando cuatro guardaespaldas, rebasa cualquier antecedente conocido.