Tras recibir quejas de veedurías sobre contratos directos y presuntos servicios deficientes en la operación del peaje La Punta, en la Mesa de Los Santos (Santander), la Procuraduría General de la Nación (PGN) explicó que, en un seguimiento institucional efectuado a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiera para el Desarrollo de Santander (Idesan), la actuación preventiva sobre este peaje —reactivado en enero de este año tras la terminación de la concesión con Construvicol S. A.— concluyó después de más de tres meses de inspecciones, requerimientos documentales y mesas técnicas.
Según la entidad de control, durante ese proceso se detectaron 14 presuntas irregularidades, que ponen en cuestión la forma en que fue asumida la operación del peaje tras la finalización del contrato de concesión.
Entre las observaciones figuran posibles irregularidades en la contratación directa, omisiones en servicios esenciales, deficiencias en las publicaciones exigidas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y una presunta tercerización irregular de funciones.
La Procuraduría puntualizó que parte de las presuntas anomalías estarían relacionadas con contratos directos con la empresa Thomas Instruments y con un convenio suscrito a través de Idesan.
Además, el ente de control advirtió sobre la falta de conceptos ministeriales y la posible usurpación de funciones, hallazgos que motivaron la activación de la función disciplinaria para determinar responsabilidades administrativas.
¿Qué hizo la Procuraduría durante la vigilancia preventiva?
Durante el periodo de vigilancia, la PGN realizó visitas de inspección en el sitio, solicitó documentación y convocó mesas técnicas con funcionarios de la Gobernación y de Idesan.
Ese trabajo, según el organismo, tuvo como objetivo identificar riesgos para los derechos colectivos, promover el diálogo con las partes y verificar el cumplimiento del marco normativo en la transición de la operación del peaje.
Esto ocurrió en un momento de tensión social. Comunidades de la Mesa de los Santos convocaron nuevas manifestaciones el 27 de diciembre contra el cobro del peaje La Punta, que consideran “ilegal e injusto”.
Desde mediados de octubre, líderes locales mantuvieron las talanqueras levantadas en protestas que, en ocasiones, congregaron a campesinos, transportadores y empresarios que reclaman mantenimiento de la vía y transparencia en el uso de recaudos.
El Tribunal Administrativo de Santander negó, el 3 de diciembre, las medidas cautelares solicitadas por la comunidad para suspender la Ordenanza 094 de 2024. Ese pronunciamiento permitió reactivar el recaudo del peaje después de cerca de 45 días de suspensión. En ese intervalo, se calcula que el departamento dejó de percibir más de $1.500 millones.
