Líderes en peligro: 591 agresiones reportadas en lo que va del 2019

Por los menos 58 líderes sociales o defensores de derechos humanos fueron asesinados en el primer semestre de 2019. Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Caqueta y el Valle, son los departamentos con más casos registrados. A pesar que el ELN, los Pachenca, las Aguilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas (AGC) y los Caparrapos aparecen en la lista de los principales perpetradores, lo cierto es que 49 casos se desconoce al grupo responsable.

A José Arled Muñoz le advirtieron que debía abandonar Tulúa. A María del Pilas Hurtado la sorprendieron en su casa después de que su nombre apareció en un pafleto de las AGC. A Dagoberto Álvarez lo mataron antes de que le llegara una respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las amenazas que había recibido Julián Alexander Quiñones, por denunciar presuntas irregularidades en Coveñas (Sucre), se materializaron cuando visitaba una de las obras. 

El panorama es oscuro para los activistas y líderes sociales. Así lo reveló la organización defensora de derechos humanos "Somos Defensores" en su más reciente informe. A pesar que disminuyó el número de asesinatos en lo corrido del año, se dispararon otras agresiones. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH), se documentaron 591 asesinatos, amenazas, atentados y detenciones solo en 2019. La preocupante cifra es la más alta que ha reportado el sistema en diez años. 

Hay un alto incremento en los casos de atentados, detenciones arbitrarias y amenazas, según revela el documento presentado este miércoles. Los atentados incrementaron en un 17 por ciento, las detenciones arbitrarias en un 450 por ciento y las amenazas en un 75 por ciento. A diferencia del año anterior, para este primer semestre no se registraron casos de judicializaciones ni de desapariciones.

¿Surtió efecto la estrategia del presidente Iván Duque?. La respuesta para Somos Defensores es, no. La disminución no obedece a las acciones gubernamentales como el Plan de Acción Oportuna, sino que se podría explicar como un fenómeno coyuntural debido a la preocupación que mostraron los colombianos y un cambio de estrategias de los actores armados. Por eso lo que temen es que la tendencia no se mantenga y empeore debido a la contienda electoral y los fenómenos de violencia que toman fuerza en los territorios.

El poco reconocimiento que le dan a la estrategia gubernamental no solo se debe a las dificultades que hay para aterrizar el programa, sino también porque esta se fundamente en un plan de militarización y está probado, según dicen, que esta acción contribuye a mayores agresiones. Además, es un error que los funcionarios del gobierno, encargados de mitigar el fenómeno, opten por reducir la discusión a problemas de narcotráfico y minería ilegal cuando de por medio también hay asuntos históricos como la disputa por el uso y tenencia de la tierra. 

Bajo esa lógica es que el informe advierte que en sus discursos y diversas expresiones, los funcionarios evaden la responsabilidad del Estado en la problemática de violencia contra líderes sociales, al considerar que los ataques a estas personas solo provienen de terceros y de grupos privados al margen de la ley. "Olvidan que Colombia tiene obligaciones en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de respetar, proteger, prevenir y garantizar sus vidas e integridad física", se lee en un apartado del documento. 

Si bien es cierto que el Estado públicamente reconoce la problemática y desde la instituciones encargadas se han hecho llamados sobre la gravedad de lo que viene pasando, en la práctica el interés no se ve. Eso, de acuerdo con la organización, quedó en evidencia una vez el PAO desconoció los procesos en los que se había avanzado para garantizar la seguridad en los territorios y ante la ausencia de políticas públicas. 

Para Somos Defensores "las respuestas desde la institucionalidad estatal y gubernamental son diversas y marcadas por lugares y medidas tan comunes como precarias: aumento de recursos para protección física y material, campañas de sensibilización, militarización de los territorios y programas gubernamentales para mitigar". A su juicio, ninguno toca el problema de fondo y, por ende, tampoco plantea soluciones para enfrentar el fenómeno a largo plazo. 

Haciendo alegoría a la última película que lanzó Marvel sobre superheroes, la organización planteó que "nos encontramos frente a un Estado que parece estar bajo el poder de Thanos, que solo con un chasquido de sus dedos intenta regresarnos al pasado y no dejarnos salir del caos, impidiendo que se conozca la verdad, callando a la mitad del país, cerrando las puertas a la democracia y poniendo el acento en la guerra y la militarización, nuevamente". 

En parte, esto se debe a la discusión que se volvió a revivir sobre si hubo o no conflicto armado en Colombia. Un debate que quedó otra vez sobre la mesa cuando la salida de las Farc de los territorios demostró que no era suficiente para cambiar la situación de quienes vivían en esas zonas. De ahí que para Somos Defensores es sumamente grave que el Gobierno niegue la existencia de un conflicto armado con el ELN (..) con lo que cierran toda posibilidad de retomar las negociaciones que había iniciado el gobierno anterior". 

A pesar que el acuerdo de paz con las Farc dejó definida una ruta a través de la cual se podría ofrecer garantías de seguridad a los territorios con importantes instrumentos normativos y políticos, todo parece indicar que el gobierno de "Iván Duque lo desconoció y decidió presentar un Plan de Acción Oportuna, que no es más que eso, un Plan, sin dientes que, además, de manera inoportuna, privilegia la militarización de los territorios y la protección física y material, que como se insiste no resuelve el problema y requiere de ingentes recursos económicos del presupuesto". 

Pero ese no es el único punto sobre el que llama la atención la organización. A su juicio, la Fiscalía insiste en mostrar un porcentaje alto de esclarecimiento en las investigaciones de asesinatos, que no es cierto. ¿Por qué? El ente investigador dice que de 289 casos investigados entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de julio de 2019, como hecho histórico, ha alcanzado esclarecimiento en un 60.21 por ciento. Sin embargo, las cuentas no dan. 

Apenas 33 casos tienen sentencia, cuatro de los cuales son de la jurisdicción especial indígena, y no se sabe si son condenatorios o absolutorios. 55 casos están en juicio, es decir, aún no se ha agotado el proceso y no se puede hablar de esclarecimiento. 43 casos con imputación de cargos. 40 en indagación con orden de captura y 115 en etapa de indagación. De ahí, que todavía no es posible hablar de un alto porcentaje de verdad jurídica. 

Pese a esta crítica, lo que más preocupa a la organización es el manejo que le viene dando la Fiscalía al tema. ¿La razón?, Bajo la batuta de Néstor Humberto Martínez hubo una división. La unidad Especial de Investigaciones que fue creada producto del acuerdo de La Habana se quedó con los casos reportados hasta el 2016, de los cuales no hay mayor información. Por su parte, la Unidad Especial de Investigaciones asumió lo que ocurra a partir de esa fecha. "Nunca se supo por qué la Fiscalía tomó esa decisión, a no ser que detrás de ello hubiera un oportunismo político por la rentabilidad mediática del tema", concluye Somos Defensores.