La ministra de comunicaciones, María del Rosario Guerra, se le va a medir a un toro bravo: la asignación de nuevas frecuencias de radio en FM. La voracidad que despierta y los intereses que afecta son enormes. Basta recordar el lamentable episodio del miti-miti, durante el gobierno del presidente Ernesto Samper, que terminó con el carcelazo de los ministros Rodrigo Villamizar y Saulo Arboleda, para dar una idea de la complejidad de lo que se viene.
Para nadie es un secreto que las emisoras de radio no sólo son en sí un poder político, por la capacidad de transmitir opiniones e información, sino económico. Aunque mucho se ha especulado cuánto podría valer una frecuencia en Bogotá o Medellín, algunos expertos dicen superaría los cinco millones de dólares. Además, la frecuencia permite entrar a morder una torta publicitaria estimada en más de 260.000 millones de pesos.
El primer problema que deberá resolver el gobierno es la forma como escogerá a los ganadores de una competencia que será reñida y a codo limpio. En 1997, el entonces ministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda, determinó cuatro parámetros de desempate en caso de haberlo: capacidad técnica, fortaleza financiera, programación y, como última opción, el azar.
Pero dos días antes de entregar las 100 frecuencias, había multiempate en 37 de ellas. Por ejemplo, en Bogotá había 14 propuestas iguales; en Cali, 10; en Medellín, ocho, y en Valledupar, cuatro. Como el entonces procurador general, Jaime Bernal Cuéllar, le prohibió al Ministerio usar la balota como mecanismo de desempate, que libraba al gobierno de cualquier asomo de parcialidad, terminó escogiendo a dedo los ganadores.
Precisamente varios abogados expertos en el tema, que pidieron no ser citados, advirtieron que en radio, contrario a lo que ocurre en otros servicios de telecomunicaciones, es imposible tener criterios objetivos para seleccionar a los ganadores, así sean establecidos, y lo más seguro es que se van a presentar empates.
Si el gobierno acoge el azar como mecanismo de selección, pondrá en evidencia que Arboleda tenía razón frente a la imposibilidad de escoger uno entre varios iguales, pero si decide escoger uno, demostrará, como ya lo determinaron el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, que la licitación de 1997 fue legal y ajustada a la Ley 80.
Y el gobierno ya lo tiene claro. Daniel Enrique Medina, viceministro de Comunicaciones, dijo a SEMANA que lo más difícil del proceso será escoger los criterios que permitan hacer una selección de aspirantes y evitar que se produzcan empates. Y reconoció que en caso de que ocurra, están pensando en la balota.
Además de enfrentar este dilema, el segundo gran tema que deberá resolver el gobierno son los intereses de las grandes cadenas y los grupos económicos. Los que ya están en la arena, como Caracol, RCN y Super, no tienen mucho interés en que lleguen más emisoras, pues se divide la audiencia y la torta publicitaria, m ás aun si se tiene en cuenta que un artículo de la Ley 80 de contratación pública establece que cuando se vaya a entregar una emisora del país, se debe privilegiar a quien no tenga una en la misma banda y el mismo espacio geográfico.
Pero también deberá satisfacer las necesidades de crecimiento de las cadenas pequeñas y de personas que quieren entrar a la radio, entre ellos, importantes políticos regionales.
El gobierno debe buscar que las nuevas emisoras no generen un desequilibrio económico en este medio, en el que la inversión publicitaria aún no ha logrado llegar a los niveles de antes de la crisis. Por ello se puede decir que esta será una de las licitaciones más delicadas e importantes del segundo cuatrienio.
