Carrera de obstáculos

Un minuto despues de las 12 de la noche del jueves pasado las autodefensas publicaron en su página de Internet uno de los anuncios más esperados de los últimos años. Se trataba de la 'declaración por la paz de Colombia', dirigida al presidente Alvaro Uribe, al cardenal Pedro Rubiano y al alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

En el comunicado anunciaron un cese unilateral de hostilidades a partir del primero de diciembre, e hicieron énfasis en que no se trataba de una "tregua navideña" sino del inicio de un alto al fuego como el primer paso concreto de una negociación con el gobierno.

La noticia de las conversaciones entre las autodefensas y el gobierno le dio la vuelta al mundo y se convirtió en tema obligado desde el mismo domingo en que SEMANA revelara las negociaciones que adelantaban el Alto Comisionado de Paz y la Iglesia con los paramilitares.

Si algo dejaron en claro desde el comienzo es que la tregua no condiciona por ahora que vayan a entregar las armas y mucho menos que ya se tenga definido cómo será el proceso de desmovilización. De hecho, uno de los puntos del comunicado de los paras señala que "si durante este cese de hostilidades, en algún momento la guerrilla vulnera los territorios en los que hasta la fecha hemos mantenido el control y nuestra acción armada, haremos uso del derecho de legítima defensa".

Pero si bien a los paras les preocupaba conservar por ahora sus armas, los tenían más inquietos los instrumentos jurídicos que les permitieran conversar abiertamente con el gobierno.

Sin embargo el primer obstáculo fue solucionado rápidamente por el gobierno. Veinticuatro horas antes del anuncio de los paras el Congreso eliminó el requisito de otorgar estatus político a los grupos armados para iniciar diálogos. Esto le dio vía libre al gobierno para continuar con la negociación y abrió una puerta para que en el largo plazo se pueda cumplir una de las exigencias de los paras en su documento: "Consideramos conveniente que el gobierno reafirme, en todos los ámbitos a su alcance, la condición del Movimiento Nacional de Autodefensas como autor del conflicto armado y político colombiano".

El otro inconveniente jurídico planteado por los paras para continuar los diálogos está en su documento. "Para favorecer el desarrollo de los diálogos con el gobierno nacional, solicitamos la suspensión de las acciones legales contra los miembros negociadores de las autodefensas?". Al respecto el fiscal general, Luis Camilo Osorio, sostuvo públicamente que lo político prevalece sobre lo jurídico, con lo cual dio a entender que podría levantar las órdenes de captura, como ya ha ocurrido en varias conversaciones de paz con la guerrilla. Por ejemplo, a Francisco Galán y a Felipe Torres, jefes presos del ELN, se les otorgó salvoconducto para viajar a Cuba a las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana.

En el acercamiento con las autodefensas se vislumbra un camino lleno de obstáculos. En primer lugar está el de la financiación de los paramilitares durante el proceso. Este es quizás el más crítico y podría llegar a ser uno de los grandes dolores de cabeza del gobierno: encontrar una ayuda internacional que, como lo piden los paras, "garantice el sostenimiento económico de nuestras tropas en todo el territorio nacional". La primera pregunta, entonces, es de dónde va a salir la plata para mantenerlos. Suponiendo -porque no queda claro en el documento- que el 'cese de hostilidades' del que hablan las autodefensas incluya dejar la extorsión, el secuestro, el robo de gasolina y sus vínculos con el narcotráfico, ¿cómo van a subsistir? ¿Del gobierno? ¿De la comunidad internacional?

Para el gobierno es moralmente inaceptable financiarlos con dineros de los colombianos cuando están en la mira de la justicia por toda suerte de delitos. Y para la comunidad internacional sería impresentable depositar fondos para sostener a un grupo que es tildado como terrorista tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, más aún después del 11 de septiembre. La posibilidad de una financiación por parte del gobierno o de la comunidad internacional sería viable, quizás, ante la garantía de una desmovilización total de las autodefensas. Pero a estas alturas del partido es muy difícil.

Por el momento dicen que "mientras se desarrollen las negociaciones, las autodefensas no renunciaremos a nuestro derecho a recibir donaciones, más necesarias que nunca a partir de este momento". La pregunta del millón es qué llaman ellos 'donaciones' y si tal concepto incluye las extorsiones y el pago de los cocaleros.

Otro obstáculo que debe superar este proceso es la unión, jerarquía y unidad de mando de las autodefensas firmantes de la carta. Porque para nadie son desconocidas las fricciones y resquebrajamientos que hay en el interior de estos grupos y que se han hecho más evidentes este año. El propio Castaño, cuando hace unos meses se retiró de la dirección nacional de las AUC, dijo que no podía controlar ni responder por unas ruedas sueltas de la organización. Afirmó que el narcotráfico estaba carcomiéndose la unión de las autodefensas. Este proceso que comienza pondrá a prueba la solidez y la voluntad de los firmantes.

Otro desafío es que el Estado restablezca la institucionalidad perdida o inexistente en los territorios de influencia paramilitar. Si el Estado no es capaz de hacer presencia (militar, social, política, económica y judicial) en esas zonas es muy difícil que las autodefensas le dejen esos territorios a una eventual ocupación guerrillera. O no entregan la armas o se crean otros grupos de autodefensa.

Finalmente está el obstáculo de que los paramilitares exijan como condición previa la liberación de sus compañeros tras las rejas: "Nos impulsa a solicitar en consonancia con la figura del Acuerdo Humanitario, se consideren los medios pertinentes para proceder a la excarcelación de los mismos", dice el último punto. Sin embargo esto no es tan fácil y mucho menos como punto de partida. El eje de la negociación con los paras siempre se ha planteado sobre la base de un indulto a los combatientes y no como una discusión a fondo sobre el 'nuevo país'. Entonces no tendría sentido comenzar por allí con los que ya están capturados. Menos cuando el gobierno se ha negado reiteradamente a discutir este tema con las Farc, que exigen lo mismo a cambio de liberar a los secuestrados políticos que tienen en su poder. Aunque se podría argumentar que es diferente liberar combatientes presos bajo chantaje, como sería en el caso de la guerrilla, a hacerlo como parte de un proceso integral de negociación que conduzca a la desmovilización total de un grupo.

Esta 'declaración por la paz de Colombia' de 12 puntos ha sido interpretada desde varios puntos de vista. Los más escépticos creen que es una táctica de las autodefensas para legitimar su lucha y posicionarse políticamente ante la opinión y la comunidad internacional luego del agua sucia que les ha llovido con la solicitud de extradición de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso y el operativo del FBI en Costa Rica, donde capturaron a unos paramilitares que estaban traficando con droga. Otros recibieron con entusiasmo la noticia y creen firmemente en la voluntad de paz de las autodefensas.

Más allá de interpretar las motivaciones, tarea más para prestidigitadores que para analistas, este proceso de acercamiento lleva más de seis meses y ha contado con la permanente facilitación de la Iglesia. Y en un país tan propenso a los esguinces de la retórica, a los cruces epistolares y a los anuncios rimbombantes, lo que hay que esperar son los hechos. Que hablen los hechos antes que las ilusiones.