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NACIÓN
CIDH: caso Petro y Venezuela son temas clave
Aunque el Gobierno se paró de la mesa de discusión por el caso Petro, la Comisión continuó la audiencia.
24 de marzo de 2014
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició este lunes su 150 jornada de audiencias públicas con la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la situación en Venezuela y el impacto de las políticas sobre drogas, como puntos fuerte.
Al inicio de la audiencia, el comisionado de la CIDH Paulo Vannuchi pidió reformar la Constitución de Colombia para poner en cintura los poderes de la Procuraduría General, pues no concebían que se pudiera destituir a un mandatario elegido por voto popular. Las palabras del comisionada no fueron bien tomadas por el Estado colombiano.
Antes de que el comisionado tomara la palabra, el representante del gobierno colombiano se paró de la mesa y explicó que no tenía sentido abordar el tema en ese momento. Cabe recordar que el presidente Juan Manuel Santos le había pedido a la CIDH, a través de una carta, posponer la cita. Sin embargo, la CIDH decidió continuarla.
El órgano continental realizará un informe de fondo sobre las garantías a los derechos políticos en Colombia, incluido el caso de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Las principales reuniones sobre Colombia se realizarán mañana, y allí se abordará en especial el tema de "Régimen legal y práctica institucional para imponer restricciones a los derechos políticos de las personas en Colombia".
Petro, quien en su juventud militó en el grupo guerrillero M-19, fue elegido por voto popular para el período 2012-2015 tras haber sido en varias ocasiones congresista, y candidato a la Presidencia en las elecciones del 2010.
El pasado 9 de diciembre el procurador general, Alejandro Ordóñez, lo destituyó e inhabilitó por 15 años por hechos vinculados con un cambio del sistema de recogida de basura de Bogotá que generó un caos.
En una entrevista la pasada semana, Álvarez Icaza manifestó que la CIDH espera que el gobierno de Colombia acate las medidas emitidas por el organismo y ponga en suspenso la destitución de Petro.
El gobierno de Colombia tiene tres meses para enviar comentarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de que ese organismo entre a valorar "a fondo" el caso de Petro, dijo el secretario ejecutivo de la Comisión.
El órgano continental realizará un informe de fondo sobre las garantías a los derechos políticos en Colombia, incluido el caso de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Las principales reuniones sobre Colombia se realizarán mañana, y allí se abordará en especial el tema de "Régimen legal y práctica institucional para imponer restricciones a los derechos políticos de las personas en Colombia".
Petro, quien en su juventud militó en el grupo guerrillero M-19, fue elegido por voto popular para el período 2012-2015 tras haber sido en varias ocasiones congresista, y candidato a la Presidencia en las elecciones del 2010.
El pasado 9 de diciembre el procurador general, Alejandro Ordóñez, lo destituyó e inhabilitó por 15 años por hechos vinculados con un cambio del sistema de recogida de basura de Bogotá que generó un caos.
En una entrevista la pasada semana, Álvarez Icaza manifestó que la CIDH espera que el gobierno de Colombia acate las medidas emitidas por el organismo y ponga en suspenso la destitución de Petro.
El gobierno de Colombia tiene tres meses para enviar comentarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de que ese organismo entre a valorar "a fondo" el caso de Petro, dijo el secretario ejecutivo de la Comisión.
Sin embargo, cabe recordar que el presidente Juan Manuel Santos no vio con buenos ojos las medidas cautelares que la CIDH le otorgó al exalcalde Gustavo Petro. Según él, porque primaba la Constitución del país por encima de tratados internacionales.
Es decir, al solicitar las medidas cautelares lo que estaba haciendo la Comisión era poner en tela de juicio todo el ordenamiento interno colombiano. La decisión de destitución había sido tomada por una autoridad competente en el país (el procurador), amparado en la Constitución, que le permite destituir e inhabilitar a mandatarios locales, y en la ley, el Estatuto Disciplinario, que le daba permiso para sancionarlo por fallas de planeación.
Otro de los temas importantes son las cuatro audiencias públicas sobre Venezuela el próximo 28 de marzo, dentro de su 150 período de sesiones, que tendrá lugar hasta el 4 de abril.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, se mostró confiado en que las audiencias de esta semana se puedan convertir en un "espacio de diálogo" entre el Gobierno y la sociedad civil de Venezuela, para avanzar hacia una resolución de la crisis que vive el país.
Las audiencias, a las que están convocados representantes del Estado de Venezuela y de varias organizaciones civiles, versarán sobre la situación general de derechos humanos en el país, de las personas privadas de libertad, la situación del derecho a la libertad de expresión y los conflictos laborales.
En la segunda, la relativa a las personas privadas de libertad, es posible que salga a la luz el caso del opositor venezolano Leopoldo López, detenido desde hace un mes en una prisión militar por su papel en las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Además, el órgano dedicará por primera vez un encuentro a analizar los impactos de las políticas sobre drogas en los derechos humanos el próximo 25 de marzo.
Esta audiencia, solicitada por 16 organizaciones de 11 países, planteará a la CIDH la necesidad de revisar el enfoque de las políticas de drogas vigentes y reclaman que tengan los derechos humanos y la reducción de la violencia como objetivos principales.
*Con información de EFE
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, se mostró confiado en que las audiencias de esta semana se puedan convertir en un "espacio de diálogo" entre el Gobierno y la sociedad civil de Venezuela, para avanzar hacia una resolución de la crisis que vive el país.
Las audiencias, a las que están convocados representantes del Estado de Venezuela y de varias organizaciones civiles, versarán sobre la situación general de derechos humanos en el país, de las personas privadas de libertad, la situación del derecho a la libertad de expresión y los conflictos laborales.
En la segunda, la relativa a las personas privadas de libertad, es posible que salga a la luz el caso del opositor venezolano Leopoldo López, detenido desde hace un mes en una prisión militar por su papel en las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Además, el órgano dedicará por primera vez un encuentro a analizar los impactos de las políticas sobre drogas en los derechos humanos el próximo 25 de marzo.
Esta audiencia, solicitada por 16 organizaciones de 11 países, planteará a la CIDH la necesidad de revisar el enfoque de las políticas de drogas vigentes y reclaman que tengan los derechos humanos y la reducción de la violencia como objetivos principales.
*Con información de EFE
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