Con razón lloró!

EL MARTES PASADO EL general (r) Jaime Humberto Uscátegui lloró cuando el juez noveno especializado de Bogotá le preguntó el nombre del jefe paramilitar que había ordenado la matanza de Mapiripán en julio de 1997. El ex militar, con voz ahogada en lágrimas, dijo que no contestaría la pregunta. "Prefiero que mis hijos tengan un padre preso y no un padre en una tumba". Luego dijo que el nombre del paramilitar está contenido en el expediente y que sólo podría decir que estuvo en el Congreso. Uscátegui, según los entendidos, se refería a Salvatore Mancuso, quien está señalado en el expediente de haber planeado la ejecución de la masacre desde una finca en San Pedro de Urabá (acusación que Mancuso negó el jueves en un chat de Semana.com).

El mismo día que Uscátegui rendía su declaración, el senador Carlos Moreno de Caro radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca fórmulas jurídicas excepcionales para los paramilitares que han cometido crímenes atroces y de lesa humanidad. Este proyecto se suma a otras dos iniciativas de congresistas y a la propuesta que está preparando el gobierno. Según el texto de Moreno de Caro, las condenas de los paramilitares se podrían reducir a la mitad, siempre y cuando se cumpla con los principios de verdad, justicia y reparación. De la mitad de la pena que se haría efectiva, un tercio se pagaría en cárceles o colonias agrícolas y, luego, podrían salir libres bajo libertad condicional. Esto quiere decir que si un jefe paramilitar fuera condenado como autor intelectual de la muerte de más de 30 personas en Mapiripán, después de sumar los distintos beneficios jurídicos, podría terminar purgando cinco años de cárcel. Mientras que Uscátegui, que es juzgado por omisión, podría recibir una condena de entre 30 y 40 años.

¿Es injusta esta situación? A simple vista suena desproporcionado que pase más tiempo en la cárcel quien es acusado de omisión, que quien cometió el crimen. Sin embargo, el problema es más complejo. Este caso pone el dedo en la llaga sobre un dilema ético y jurídico que tendrá que enfrentar el gobierno en el proceso de paz con los paramilitares. De un lado es entendible que los militares vinculados a crímenes atroces (por acción o por omisión) sean castigados duramente. No es lo mismo que un paramilitar -es decir, un delincuente- cometa un crimen, a que lo haga un oficial de las Fuerzas Armadas. Los militares no sólo representan con su uniforme la majestad del Estado, sino que han recibido de la sociedad un inmenso poder: las armas. Con ellas, se supone, deben proteger a los ciudadanos. Por eso es inexcusable que los militares no evitaran una masacre como la de Mapiripán. Como también es incomprensible que algunos de ellos hubiesen sido cómplices, como ocurrió con el coronel (r) Lino Sánchez, comandante de la Brigada Móvil 2, quien está en la cárcel purgando una condena de 40 años por este caso.

Lo paradójico es que junto a Sánchez fue condenado Luis Hernando Méndez Bedoya 'René', un paramilitar considerado autor material de la masacre, quien es reo ausente y ahora está vinculado al proceso de negociación en Santa Fe de Ralito. 'René' podría recibir el beneficio de la ley de alternatividad penal y pasar unos cinco años en prisión. ¿Impunidad? No necesariamente. Los proyectos de ley que hasta ahora están sobre la mesa del Congreso buscan equilibrar las bajas penas con altas cuotas de verdad y de reparación a las víctimas. Es una salida pragmática si se quiere desmontar el paramilitarismo. También hay que tener en cuenta que la ley que se apruebe sería aplicable para las guerrillas que se desmovilicen en el futuro. Y no es realista pensar que los jefes de las Farc, como el 'Mono Jojoy' o Raúl Reyes, se sentarán en una mesa de diálogo para terminar sus vidas en una cárcel.

Pero lo que no está claro en los proyectos de ley de verdad, justicia y reparación que están sobre la mesa del Congreso es qué pasará con los funcionarios públicos que por 'omisión' terminaron facilitando los crímenes de los paramilitares.

Ese es el caso de Uscátegui, que el 17 de julio de 1997 recibió información detallada de un subalterno según la cual un grupo de paramilitares había llegado a Mapiripán a cometer una masacre. La Fiscalía lo acusó porque el general "no habría realizado ninguna acción positiva contando con los medios y el deber jurídico de hacerlo, en su calidad de comandante de la VII Brigada, dejando a los habitantes de Mapiripán a merced de un grupo de autodefensas ilegales".

El representante a la Cámara Luis Fernando Velasco dice que la iniciativa presentada por un grupo de congresistas (del que hacen parte también Rafael Pardo, Gina Parody y Wilson Borja) contempla que los cómplices o quienes colaboraron de alguna manera con acciones de los paramilitares puedan beneficiarse de las prerrogativas que dará esta ley, siempre que digan la verdad y admitan que colaboraron con estos crímenes. Si no lo hacen, no tendrán ningún beneficio jurídico, como es obvio. Este es un tema gordo para el gobierno pues hay decenas de militares vinculados por acción y omisión a crímenes cometidos por paramilitares. De hecho, muchos de los militares que se han incorporado a las filas de las autodefensas lo han hecho ante la inminencia de que serán detenidos o condenados.

Pero Uscátegui irá hasta el final para demostrar que Mapiripán no estaba en su jurisdicción y que, por tanto, no hubo omisión. Una tarea ardua. Hace cuatro años no pudo convencer de su inocencia a un tribunal penal militar que lo condenó por ese delito. Por eso, si en este segundo juicio logra demostrar su inocencia, saldría libre y su mal sueño habría terminado. De lo contrario, este sería apenas el principio de su pesadilla: tendría que pasar más de 30 años en una cárcel de máxima seguridad. Mancuso, en cambio, si llega a ser condenado por esta masacre, no pasaría más de cinco años en una colonia agrícola. Razón suficiente para que Uscátegui rompiera en llanto.