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| 3/14/2019 5:01:00 PM

"Cuando hicimos esa visita se estaba realizando el velorio de un niño de seis meses de nacido"

Luis Enrique Murillo, defensor del pueblo regional en Chocó, habló con SEMANA sobre la emergencia que vive el departamento por enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Hay confinados a 5.000 indígenas. Se habían hecho advertencias desde hace un año.

Confinamiento pueblo embera: entrevista a defensor del pueblo regional en Chocó "o anunciamos con tiempo, y esta situación se va a poner muy grave porque estos grupos quieren avanzar en este territorio."

SEMANA: ¿Qué ha pasado en las últimas horas en la zona donde están confinados 5.000 indígenas?

Luis Murillo: Seguimos en una zona de disputa entre la AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y ELN, aunque hay presencia de la fuerza pública esos grupos están en el territorio. Es un hecho. Por otra parte, se están repartiendo ayudas humanitarias en Bojayá con las comunidades indígenas. Sin embargo, en Río Sucio y Carmen del Darién todavía no han podido recibirlas, vienen desde la región de Urabá.

SEMANA: ¿quién entrega esta estas ayudas humanitarias?

L.M.: Esto lo entrega la Unidad de Reparación a Víctimas, pero también se han hecho convenios con Programa Mundial de Alimentos (PMA) y con Cruz Roja Internacional. Cuando el Estado no llega se pide ayuda a alguna agencia de cooperación o a Naciones Unidas. Tenemos el Bajo Atrato, es decir Río Sucio y Carmen del Daríen, sin atención y sin asistencia alimentaria. Y lo más grave es que todavía no se ha dirigido hacia allá ninguna misión médica para tratar enfermedades y riesgo de muerte de menores.

SEMANA: ¿La cifra de menores es inexacta?

L.M.: Nosotros podemos certificar como Defensoría la muerte de cuatro menores, en una visita que tuvimos en terreno a la comunidad de Alto Guayabal se pudo verificar eso por parte de nuestro equipo. Han muerto desde febrero a la fecha. Cuando hicimos esa visita se estaba realizando el velorio de un niño de seis meses de nacido. 

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SEMANA: ¿Cuál es la emergencia por enfermedades? 

L.M.: Estas son enfermedades que son tratables, siempre las hemos atendido en las comunidades afro e indígenas. El paludismo e infecciones gastro-intestinales donde no hay agua potable son enfermedades frecuentes. Pero la guerra que se está viviendo impide que las comunidades puedan hacer tres cosas que son fundamentales: acceder a alimentación, porque esta se consigue en la selva cazando, cultivando o pescando. Las comunidades no pueden salir de sus casas porque los actores armados están en guerra y porque han instalado trampas explosivas en el territorio.

La segunda situación es que los médicos tradicionales, que son los primeros en atender estas emergencias de salud, no han podido acceder a plantas medicinales por lo mismo, porque está llena de minas.

Y tercero, cuando ya se ha complicado la situación y la medicina tradicional no funciona, es imposible la movilidad. Los grupos no dejan mover a las comunidades. Por esas tres causas mueren los menores. Están débiles porque los médicos no pueden hacer su trabajo y no pueden llevar a los niños a centros de salud que quedan a cinco o seis horas de donde están confinados.

SEMANA: ¿Qué ha hecho el gobernador Johany Carlos Palacios?

L.M.: La respuesta ha sido muy tibia. Hemos hecho reuniones aquí en la Defensoría del Pueblo, hemos convocado a las autoridades indígenas y a toda la institucionalidad. La gobernación ha enviado al secretario de interior, hemos informado de la grave situación que además es persistente. Esto lo anunciamos el año pasado, para los tres municipios tenemos cuatro alertas tempranas. Lo anunciamos con tiempo, y esta situación se va a poner muy grave porque estos grupos quieren avanzar en este territorio. No ha existido una respuesta integral ni oportuna para contener esa amenaza a la población civil. Ha sido una respuesta tibia e insuficiente que se ha concretado en presencia de fuerza pública que tampoco ha sido suficiente porque los grupos siguen avanzando.

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SEMANA: ¿Quiénes han ocupado esta zona históricamente?

L.M.: El medio Atrato estuvo en dominio de las Farc. Cuando ellos salen en 2017 se desata la avanzada de los otros grupos. La expansión del ELN hacia esa zona se fue dando al tiempo con la de los gaitanistas. Es una situación que se advertía, y nos hemos reunido hasta con la fuerza pública para presentarles las alertas tempranas para que se tomaran medidas de prevención oportunas. Estas familias han sido revictimizadas históricamente y puede ser la cuarta o sexta vez que están confinadas o desplazadas. 

SEMANA: El año pasado hubo familias indígenas que regresaron a Chocó después de haber vivido en Bogotá por culpa de la guerra...

L.M.: Ellos son de otra zona, del municipio de Bagadó. Pero las familias de Río Sucio y Carmen del Darién fueron a Bogotá a pedir atención. Fueron a decir: "vean, nos están matando", están los grupos en el territorio y no hay ninguna respuesta de Estado. Fueron en una minga hasta Bogotá a visibilizar esa situación de riesgo y a pedir atención oportuna.

SEMANA: Onic dijo que había unos acuerdos con Emdisalud que no se han cumplido ¿cuál es el papel de esta EPS en la emergencia?

L.M.: Es una de las EPS encargada de la atención a la población indígena. Hay quejas recurrentes por parte de los afiliados porque no se está atendiendo como se debería.

SEMANA: ¿Hay algún número que indique cuántos niños han sido reclutados forzozamente por estos grupos armados?

L.M.: Estuvimos con el Defensor del Pueblo de Río Sucio y Carmen del Darién en Guamiandó en esa visita encontramos a 12 menores de la comunidad de Jagual y Marcial que fueron reclutados en enero de 2018. Y este año se cree que hay 15 menores que han sido reclutados forzadamente. Sin embargo, puede que nos sean cifras exactas porque la gente tiene miedo de denunciar.

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