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| 12/4/2019 4:10:00 PM

Corte Constitucional podría estudiar acción de tutela contra el presidente Iván Duque

Por insistencia del magistrado Alejandro Linares, el alto tribunal podría estudiar la acción de tutela con la que Álvaro Leyva e Iván Cepeda buscan que el gobierno implemente los protocolos y acuerdos pactados con el ELN.

Corte Constitucional podría estudiar acción de tutela contra el presidente Iván Duque Corte Constitucional podría estudiar acción de tutela contra el presidente Iván Duque Foto: SEMANA

El senador del Polo Iván Cepeda y el político conservador Álvaro Leyva interpusieron, el 18 de junio de este año, una acción de tutela en contra de Iván Duque. Piden, en nombre del derecho a la paz, nada menos, que se le ordene al Presidente de la República que deposite ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ante los Estados garantes de la mesa de paz con la guerrilla del ELN "los documentos contentivos de los avances y acuerdos a los que se llegaron durante los seis ciclos de diálogos que se surtieron, dando cumplimiento a lo pactados por las partes hasta el momento".

Con la tutela, Leyva y Cepeda buscan proteger los acuerdos alcanzados con el ELN y obligar a la aplicación de los protocolos pactados en la mesa de conversaciones. Los diálogos entre el gobierno Duque y el ELN se hicieron inviables tras el atentado a la Escuela de Policía General Santander, por parte de esa guerrilla acción que dejó 23 personas muertas. Como puntos básicos, los accionantes pretenden que se apliquen los dos preacuerdos, firmados en junio de 2017 entre el Gobierno y el ELN a fin de desescalar el conflicto. La petición, según ambos políticos, tiene como gran objetivo que en el caso de futuras negociaciones las partes se vieran obligadas a respetar los acuerdos alcanzados. Es decir, que una futura negociación parta de los avances alcanzados y no nuevamente desde cero.

Cepeda y Leyva ya había interpuesto antes una acción de tutela en contra del primer mandatario. En esa ocasión, el recurso buscaba que se ordenara al Presidente Duque responder un derecho de petición con el que Leyva y Cepeda le solicitaban que “ordenara informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a los Estados garantes del proceso de negociación, sobre los documentos que contienen los avances y acuerdos a los que llegaron el Gobierno Nacional y el ELN durante los seis ciclos de diálogo" y que procediera "a su pronta implementación". En esa ocasión, el Tribunal de Cundinamarca tuteló su derecho de petición y le ordenó al jefe de Estado que respondiera a fondo a sus cuestionamientos. 

Ahora, con la nueva tutela, en primera y segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado declararon la acción de tutela como improcedente. Esto debido a que el derecho a la paz es de carácter colectivo “que no puede ser amparado mediante una acción de tutela, al no encontrarse en cabeza de ninguno de los actores de la acción", argumentaron los jueces.

Con la tutela Cepeda y Leyva pretende que se apliquen los dos preacuerdos para desescalar el conflicto que el Gobierno y el ELN alcanzaron en junio de 2017. La petición, según ambos políticos, tenía como fin que en el caso de futuras negociaciones las partes se vieran obligadas a respetar los acuerdos alcanzados.

No obstante, para el magistrado Alejandro Linares el tema tiene una especial relevancia constitucional y en razón de ello la corte debería seleccionar la tutela para revisión. En esta se plantean múltiples interrogantes sobre el alcance del derecho fundamental a la paz y sobre "si es tutelable el derecho a la paz –y bajo qué circunstancias–. Así mismo, para el magistrado Linares el estudio del caso permitiría definir cuestiones tales como si fue el Estado colombiano o el Gobierno Nacional quien suscribió los acuerdos y protocolos con el ELN; o si los acuerdos logrados con el ELN constituyen "acuerdos especiales" de derecho internacional humanitario protegidos por los Convenios de Ginebra. 

Por ello, el togado envió un recurso de insistencia a los demás magistrados de la Corte Constitucional, con el objetivo de que la tutela sea seleccionada y pueda ser estudiada y discutida por la totalidad de los magistrados en la Sala Plena de la Corporación. 

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