En medio del grave escándalo por tráfico de influencias y celebración indebida de contratos, la Procuraduría General abrió este viernes 30 de julio una investigación disciplinaria en contra de Gabriela Muñoz, la joven que estaría manejando a su antojo la Aeronáutica Civil.
La decisión del organismo de control disciplinario también cobija a varios de los familiares de la joven de 20 años.
Entre estos se encuentran Santiago David Muñoz Olaya, Silvana María Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Daniel Felipe Arias Olaya.
En el oficio conocido en exclusiva por SEMANA se busca establecer seis presuntas irregularidades en este caso: presuntas irregularidades en la vinculación a la Aeronáutica Civil, presunta participación irregular en asuntos ajenos al ámbito de sus funciones y su incidencia en decisiones de alto nivel en la Aerocivil.
Así como un presunto tráfico de influencias de la joven “a favor de familiares y/o allegados ante la Aeronáutica Civil”.
El caso no termina ahí. La Procuraduría también quiere establecer la existencia de irregularidades en la celebración y posterior modificación o adición de un contrato suscrito por la Aerocivil “que, al parecer, habría sido celebrado en enero de 2026 por un valor aproximado a $400.0000.000 y posteriormente hasta alcanzar la suma cercana a $12.000.000.000″.
En la apertura de indagación se mencionan las presuntas irregularidades en la habilitación de días y horarios laborales para adelantar la celebración de contratos en la Aerocivil.
Finalmente, se quiere establecer la presunta “desatención al requerimiento de la ministra de Transporte de entregarle información completa, íntegra, oportuna y en el formato requerido para el análisis de la gestión contractual de prestación de servicios de la entidad”.
POr esto, la Procuraduría Delegada Disciplinaira de Instrucción ordenó recopilar una serie de pruebas en las que se destacan las copias de las hojas de vida de Gabriela Muñoz Olaya y varios de sus familiares.
Así como los actos administrativos de nombramiento y poesión, además de los documetnos precontractuales, las minutas contractuales y los soportes de las personas que han sido vinculadas con la joven.
“Certificar los salarios u honorarios percibidos, según corresponda, y suministrar las direcciones físicas y electrónicas”, indica la decisión.
Finalmente, se piden tres informes completos que tengan que ver con los contratos celebrados entre los años 2025 y 2026 en los que aparezca Gabriela Muñoz y sus familiares.
“Informe detallada y soportado de las reuniones institucionales de alta dirección y/o gestión de persona y/o contractual en las que haya participado Gabriela Muñoz Olaya, identificado el fundamento de su participación”, indica el organismo de control.
Igualmente, un informe que explique la celebración del contrato de 400 millones de pesos que se elevó hasta alcanzar los 12 mil millones de pesos.
“Allegar copia de la minuta contractual y de los otrosíes suscritos durante la ejecución del negocio jurídico incluídos los estudios previos y de análisis de necesidad y concpetos jurídicos, técnicos, financieros y económicos que justiquen la contratación y sus adiciones y/o modificaciones”, pidió la Porcuraduría.
Finalmente, pide allegar informe sobre los datos que pidió el Ministerio de Transporte frente a la relación d elos contratos de prestación de servicios de las personas mencioandas.