La Corte Constitucional rechazó la recusación presentada por la Presidencia de la República contra siete de los ocho magistrados que deberán pronunciarse sobre la primera declaratoria de emergencia económica del Gobierno nacional, medida que actualmente se encuentra suspendida de manera provisional.
La solicitud había sido presentada por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, quien pidió apartar a varios magistrados al considerar que podrían tener un posible interés en la decisión relacionada con el impuesto al patrimonio.
No obstante, el alto tribunal negó la petición al considerar que no cumplía con los requisitos establecidos. En el documento conocido recientemente se señala que la Corte rechazó por falta de pertinencia la recusación presentada contra las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez, Paola Andrea Meneses Mosquera y Natalia Ángel Cabo, así como contra los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Miguel Polo Rosero, Carlos Camargo Assis y Vladimir Fernández Andrade.
La recusación fue rechazada “ante el incumplimiento del requisito de oportunidad”. En el mismo documento se aclara además que contra esta decisión “no procede recurso alguno”.
La declaratoria de emergencia económica, decretada por el presidente Gustavo Petro, ha generado diferencias dentro del alto tribunal. La medida se encuentra bajo revisión de constitucionalidad en el despacho del magistrado Carlos Camargo Assis.
La controversia se intensificó después de que el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez Najar, radicó una solicitud para suspender provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno busca recaudar cerca de 11 billones de pesos a través de nuevos impuestos a bebidas alcohólicas, cigarrillos y apuestas en línea, entre otros conceptos.
Posteriormente, Ibáñez Najar se declaró impedido para participar en la discusión sobre el futuro de la emergencia económica. La decisión se produjo después de que ofreciera una entrevista en la que se refirió al tema en términos jurídicos relacionados con la constitucionalidad de la declaratoria.
De acuerdo con el proceso que cursa en la Corte, la ponencia elaborada por el magistrado Camargo planteó suspender de manera provisional la emergencia económica mientras se adopta una decisión de fondo. En el documento se advierte que mantener vigente el decreto podría generar “efectos irreversibles” para el Estado colombiano.