La emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro generó profundas diferencias al interior de la Corte Constitucional entre algunos magistrados que analizan la declaratoria que pasa por su control de constitucionalidad en el despacho de Carlos Camargo.
Todo habría iniciado después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal, radicó la primera solicitud para suspender provisionalmente el decreto con el que el Gobierno pretende recaudar 11 billones de pesos en impuestos a bebidas alcohólicas, cigarrillos, apuestas en línea, entre otros conceptos.
Días después, el presidente de la Corte se declaró impedido para discutir el futuro de la emergencia económica, después de que dio una entrevista en la que se refirió al tema en términos jurídicos sobre la constitucionalidad de dicha declaratoria.
Esos primeros movimientos de Ibáñez Najar no habrían caído bien para algunos magistrados de la Sala Plena, teniendo en cuenta que el ponente en ese caso es el magistrado Carlos Camargo, quien presentó su postura casi una semana después de la petición que hizo el presidente de la corporación sobre la iniciativa.

La ponencia de Camargo terminó pidiendo que se suspenda de manera provisional la emergencia económica mientras se toma una decisión de fondo, al advertir que mantener vigente el decreto podría generar “efectos irreversibles” para el Estado colombiano.
Por su parte, el magistrado Juan Carlos Cortés se sumó a las peticiones de suspender la declaratoria, al tener en cuenta que su despacho analiza los decretos que salen a partir de la declaratoria que decretó el Ejecutivo para atender la emergencia, entre ellos, expedir disposiciones tributarias.

Ahora en los despachos de Camargo, Cortes y de otros magistrados como Paola Meneses, quien suena para ser la próxima presidente de la Corte, y Vladímir Fernández, quien fue el secretario jurídico de Petro, estudian de fondo la recusación que podría apartar a Jorge Enrique Ibáñez del debate para suspender la emergencia económica.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia, al mando de Augusto Ocampo, recusó al presidente de ese alto tribunal después de la entrevista que dio en medios refiriéndose a las posibilidades de que la Corte pueda decretar la suspensión provisional del decreto.
La Sala Plena se prepara en los próximos días para discutir y definir el futuro de las recusaciones que llegaron contra varios magistrados, pero la división es latente en las fuerzas que tratan de definir si suspende la emergencia mientras se estudia o sigue vigente para que el Gobierno pueda recaudar por medio de impuestos hasta que la Corte se pronuncie.
