Home

Nación

Artículo

| Foto: Leonardo Vargas/PRENSA SENADO

JUSTICIA

Niegan recusación a magistrados de la Corte Suprema que investigan el caso Uribe

El proceso pasaría automáticamente a manos de otros tres magistrados que tendrán que evaluar si José Luis Barceló, Luis Hernández y Fernando Castro actuaron como jueces imparciales. Uribe anunció que desistirá de la recusación. ¿Puede hacerlo?

27 de agosto de 2018

La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los magistrados Jose Luis Barceló, Luis Hernández y Fernando Castro acaba de anunciar que niega la recusación en su contra que interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso por supuesta manipulación de testigos. La decisión estaba en estudio desde el 30 de julio cuando los abogados de Uribe cuestionaron la violación a la garantía fundamental de un juez imparcial. 


El anuncio de la corte estuvo antecedido por un trino del expresidente en donde anunciaba un nuevo revés en sus decisiones de cara al llamado a indagatoria. El primero ocurrió cuando aseguró que se retiraba del Congreso, con lo que la investigación seguramente pasaría a la Fiscalía. Pero el senador finalmente se echó para atrás.

Ahora, en un nuevo intento por sacudir el panorama político alrededor de su proceso judicial el expresidente anuncia una solicitud de retiro de la recusación, un recurso que no tiene antecedentes ni una vía legal definida. En su trino, Uribe no aclara la razón de su solicitud, ni si las críticas a los magistrados se superaron. Solo asegura que busca evitar dilaciones.

Pero fue su misma defensa, el abogado Jaime Granados, el que interpuso la recusación fundado en la supuesta violación del principio de juez imparcial. Según el oficio, los magistrados de la Sala Penal perdieron competencias para seguir como investigadores, cuando se expidió el Acto Legislativo que creó las salas especiales de primera instancia. También alegan que esta misma sala de instrucción decidió archivar la investigación contra el senador Iván Cepeda, lo que hace que los tres magistrados hubieran manifestado su opinión sobre el objeto materia del proceso.

El tema que más despliegue le da la recusación es el de las columnas de opinión del periodista Daniel Coronell, que meses atrás al llamado a indagatoria publicó cinco textos periodísticos en donde daba cuenta de los algunos de los principales hechos y evidencias que reposaban en el expediente preliminar.

Puede leer: Las cinco columnas de Daniel Coronell para entender el proceso contra Uribe

El mensaje de Uribe Vélez también asegura que pedirá mantener fecha de indagatoria y que esta se haga pública. No obstante, la fecha fue fijada para el 3 de septiembre y a partir de ahora la recusación deberá ser revisada de manera automática por una sala de magistrados conformada por Patricia Salazar, Eugenio Fernández y Francisco Acuña. Esto implica, por lo pronto, que el caso continúa en suspenso. 

Frente a la viabilidad de la petición de Uribe de declinar en la recusación no hay mucha claridad. Se abre un gran interrogante sobre si esta es viable y en caso tal quién la debe estudiar. 

Aunque en un nuevo mensaje en redes sociales Uribe intenta expresar que su desistimiento fue previo al rechazo de la solicitud de recusación, lo cierto es que los tiempos del alto tribunal solo comienzan a correr desde que esta solicitud es puesta al despacho y no con un anuncio en redes sociales. Además, su petición no implica que de manera automática la corte renuncie al estudio alrededor de cuestionamientos tan sensibles contra los investigadores; este recurso también deberá entrar a ser evaluado. 

Al respecto, un elemento inquietante es que toda recusación debe ser fundamentada en pruebas. Deja interrogantes el hecho de que Uribe las presente y ahora quiera retirarlas sin que exista una razón de peso sobre la validez o no de las mismas.

Con todas sus peticiones, Uribe intenta llevar a la corte por caminos inexplorados. Además de todo lo anterior, hasta ahora ninguna indagatoria ha sido pública y por el contrario la reserva es una condición fijada por ley para los casos de aforados constitucionales. Sin embargo, los encargados de aclarar estos interrogantes sembrados serán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  

En contexto: La encrucijada de Uribe