Defensa de Miguel Uribe Turbay advirtió ante la CIDH que intromisión del Gobierno ha afectado el curso de la investigación por el magnicidio

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la defensa de los familiares de Miguel Uribe Turbay presentó su soporte frente a la injerencia del Gobierno de Gustavo Petro en la investigación que se adelanta para identificar y judicializar a los implicados en el atentado sicarial al senador y precandidato presidencial.

Para el abogado Víctor Mosquera Marín en varias oportunidades el presidente de la República, Gustavo Petro, y varios de los funcionarios de su Gobierno han emitido comentarios y señalamientos en redes sociales y todo tipo de eventos públicos que han afectado el curso de la investigación por este magnicidio.

Además, se ha presentado una usurpación de las funciones de la Fiscalía General y de la Dijín emitiendo todo tipo de conclusiones frente a los determinadores del atentado que acabó con la vida del congresista del Centro Democrático.

Esto al hacer referencia al hecho que Petro, tanto en alocuciones como en su cuenta de X, donde ha emitido todo tipo de pronunciamientos desde el 7 de junio, ha señalado a grupos esmeralderos, a la guerrilla del ELN y a la Segunda Marquetalia (comandada por alias Iván Márquez) de estar detrás del hecho.

Todo esto mientras el grupo de investigadores sigue con la recolección de pruebas testimoniales, documentales y técnicas para identificar al grupo armado ilegal o de delincuencia organizada que planeó y ejecutó el atentado.

Con estas declaraciones del jefe de Estado, enfatiza el documento enviado a la CIDH, se está confundiendo a la opinión pública sobre los hechos. Como si fuera poco, el Presiente y varios de sus Ministros han emitido otros pronunciamientos sobre los móviles que llevaron a atentar en contra de la vida de Uribe Turbay.

En otro de los acápites de la petición se asevera que hasta la fecha no se ha adelantado un nuevo estudio de riesgo y seguridad frente los familiares del Miguel Uribe Turbay, entre estos, Miguel Uribe Londoño, actual precandidato a la Presidencia y María Carolina Hoyos Turbay, hermana del congresista. Además de su pareja sentimental y sus hijos.

Para la defensa de los familiares de Miguel Uribe Turbay, los esquemas no se adecúan a los graves factores de riesgo que existen sobre su núcleo familiar, por lo que considera urgente que el Estado realice una nueva evaluación.

El pasado 30 de julio, el jurista había presentado ante este organismo internacional documentos que señalaban los discursos de odio que se habían emitido desde el Gobierno en contra de la imagen del senador Miguel Uribe Turbay y su papel como la figura más reconocida de la oposición.

En esa oportunidad se pidió que se vinculara por el delito de terrorismo a los implicados en este magnicidio, aseverando que con su actuar sembraron miedo y zozobra en la comunidad colombiana. Además, afectaron el proceso electoral que se realizará el próximo año

“Calificarlo como terrorismo es fundamental para dimensionar la gravedad del hecho y aplicar las sanciones más severas contempladas en la ley”, explicó el abogado Víctor Mosquera hace dos meses.

Por el atentado sicarial a Miguel Uribe Turbay han sido judicializadas, hasta la fecha, seis personas. Entre estas el menor de 15 años que le disparó en dos oportunidades al dirigente político cuando se encontraba dando un discurso en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia al occidente de Bogotá.

Además de Carlos Eduardo Mora González, señalado de ser el conductor que llevó el arma de fuego hasta el lugar de los hechos; Katerine Martínez, alias Gabriela, quien fue la encargada de darle las indicaciones al menor sobre la ruta de escape; William Fernando González Cruz, alias El Hermano, quien coordinó la logística del atentado.

Así como Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, quien coordinó y reclutó a los integrantes de la organización criminal para atentar contra la vida del senador; y más recientemente Harold Daniel Barragán Ovalle, quien reclutó al menor sicario y coordinó el ocultamiento de alias El Costeño y Gabriela.

La Fiscalía General, en dos audiencias, les imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores, porte y tráfico de armas.

Un menor de edad, señalado de participar en esta logística, se entregó ante las autoridades para reconocer su participación en los hechos pero poco tiempo después se fugó.