Home

Nación

Artículo

Investigación

El gran zarpazo

Más de 500.000 millones de pesos está pagando el país por cuenta de órdenes judiciales irregulares. SEMANA revela la dimensión de los negociados en torno a Cajanal, el caso de corrupción más grande conocido de los últimos años.

4 de noviembre de 2006

Es la repetición del escándalo de Foncolpuertos, sólo que esta vez se trata de maestros pensionados por la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). Con la asesoría de un puñado de abogados y la complacencia de diversos jueces, los docentes se han hecho a pensiones a las que no tenían derecho y han conseguido pagos retroactivos que ya le están costando al fisco unos 500.000 millones de pesos, mal contados. La suma, que es cinco veces el dinero que el gobierno va a destinar el próximo año para el salvamento de hospitales públicos, es un cálculo preliminar. Se triplicará si no se atajan cientos de pagos más que están en ciernes. A pesar de la magnitud del zarpazo, inexplicablemente las acciones de los Ministerios de Protección Social y de Hacienda son aún tímidas y la justicia se ha movido con lentitud.

Los casos son a cual más irregular. En Buenaventura, por ejemplo, a mediados del año pasado, el abogado Jeiner Guilombo Gutiérrez entabló una sola demanda colectiva con la que de forma sorprendente logró reunir a 302 maestros de diferentes partes del país. Aspiraban a que se les reconociera el pago de la llamada pensión gracia, una mesada adicional que durante casi 100 años y hasta 1980, se les otorgaba sólo a los docentes departamentales y municipales para compensar el menor sueldo que ganaban frente a los contratados por el Ministerio de Educación Nacional. Estos últimos son conocidos como docentes nacionales. La demanda se interpuso a sabiendas de que este grupo de maestros no cumplía con el principal requisito para obtener la pensión gracia porque eran docentes nacionales. Sin embargo, el juez tercero laboral William Chamorro Melo falló a su favor. Luego, en este mismo juzgado, el abogado Guilombo inició un proceso ejecutivo que también ganó, en el que se ordenó el pago de intereses por 62.000 millones de pesos a los maestros, otra irregularidad. Al litigante Guilombo tampoco le fue mal con ese juez: autorizó que se pagaran honorarios por la escandalosa cifra de 15.000 millones de pesos.

El proceso duró pocos meses porque Cajanal no se defendió. Según su gerente, Rosa Victoria López, no se les notificó a tiempo. Asegura que inició un proceso disciplinario contra el jefe de la unidad jurídica de ese momento para establecer si hubo negligencia. La Procuraduría ha calificado el caso de aberrante.

SEMANA trató de hablar con el juez Chamorro para conocer su posición frente a los señalamientos de la Procuraduría, pero no fue posible ubicarlo pues, según informaron en el Tribunal Superior de la región, se le separó de la rama judicial por no alcanzar la calificación mínima en calidad y rendimiento en su trabajo. El abogado Guilombo tampoco se pudo localizar. En su oficina en Bogotá informan que se mudó de ahí hace dos años.

Tratando de deshacer la polémica decisión, la Procuraduría General pidió a la Corte Suprema de Justicia, a través de un recurso extraordinario que revisara el fallo, pero el juzgado alegó que no tenía dinero para pagar el envío del expediente a Bogotá. Es tan patético el cuento, que ahora se busca un acuerdo con la Dian para que esta entidad pueda sacarle fotocopias al proceso y así remitir las copias a la Corte. Llevan dos semanas en esa labor y no terminan, según explicaron a esta revista en Buenaventura, porque no pueden destinar un funcionario únicamente a eso.

La gerente de Cajanal dice que ella no ha hecho efectivo ninguno de los pagos a los pensionados. Sin embargo, el juez, quien había embargado dineros de Cajanal para asegurar que los maestros y el abogado recibieran sus pagos, ya había autorizado que se giraran 60.000 millones de pesos a los beneficiarios, según lo pudo confirmar SEMANA.

Tortuosos caminos

¿Cómo es posible que se den casos tan escandalosos como el de Buenaventura, a la vista de todos? Los fallos irregulares comenzaron a partir de 2003, luego de que se liquidara la prestadora de salud de Cajanal, y esta empresa industrial y comercial del Estado quedó funcionando sólo para administrar las pensiones de una buena porción de los funcionarios públicos y de los maestros. Abogados representando docentes de diferentes regiones comenzaron a entablar, vía tutela o vía procesos ordinarios, demandas para obtener que se les reconocieran pensiones gracia a docentes nacionales. "Son decisiones abiertamente ilegales", dijo a SEMANA el procurador Edgardo Maya, quien no duda en afirmar que en estos casos ha habido corrupción. El ministro de Protección Social, Diego Palacio, sostiene que, "lo que hay detrás de varios de esos procesos son mafias organizadas".

Estos litigantes mañosos logran que el juez les reconozca a los maestros, en un solo cheque que se les gira por delante, el pago retroactivo de lo que supuestamente el Estado no les ha entregado durante años. Según calculó SEMANA a partir de la información oficial, los jueces han ordenado pagar a cada maestro, en promedio, 90 millones de pesos. Pero en la práctica los abogados pueden hacerse hasta con el 80 por ciento de esa suma, además de las costas millonarias que le suelen ser reconocidas, como en el caso de Guilombo.

Por estos tortuosos caminos legales, los abogados consiguen que a sus clientes les reconozcan una mesada vitalicia en promedio de 700.000 pesos. A su muerte puede ser girada a su cónyuge y a los hijos que estén estudiando o que tengan alguna inhabilidad. De ahí que esta mesada se convierta en una suma exorbitante al multiplicarse por los años que se paga. Además la han obtenido ilegalmente, pues han reclamado un beneficio al cual no tenían derecho. Mientras tanto, hay muchos maestros esperando su pensión legal, intentando por años que les corrijan errores auténticos en sus liquidaciones de pensión, y no lo consiguen.

La Procuraduría ha calculado que por la vía de procesos ordinarios se ha dado orden de pagos retroactivos (sin contar la erogaciones mensuales de por vida) de 211.000 millones de pesos. Y eso que sólo se sabe de cinco procesos ordinarios contra Cajanal: dos en Ibagué y los otros tres en Valledupar, Pitalito y el ya mencionado de Buenaventura. La otra vía utilizada, la de la tutela, no ha sido menos fructífera. Según las cuentas que logró hacer SEMANA con la ayuda del departamento de nómina de Cajanal, por este camino los jueces ya han emitido órdenes de pago retroactivas -también en un solo monto por adelantado- que suman 300.000 millones de pesos. Esto equivale al 20 por ciento de las tutelas aceptadas. Cajanal no sabe con exactitud cuántos de esos pagos se han hecho efectivos.

Tutelas masivas

Sorprende que para el caso de las pensiones se estén presentando tantas tutelas múltiples, que en algunos casos reúnen hasta 3.000 maestros en una misma solicitud. Un informe interno de Cajanal que conoció SEMANA, da cuenta de 134 tutelas múltiples desde 2003 hasta junio de este año, presentadas por 19.902 docentes. Los tutelantes alegan derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, petición, seguridad social y mínimo vital.

De acuerdo con los expertos que consultó SEMANA, la tutela no es el camino jurídicamente correcto para el reconocimiento de una pensión. Al tratarse de una diferencia administrativa entre el Estado y un particular, los jueces naturales son los tribunales contencioso administrativos. Además hay otra irregularidad con estas tutelas masivas. No es posible que todos los que figuran como tutelantes tengan la misma situación pensional. No todo el mundo trabajó el mismo número de semanas, en los mismos lugares y con las mismas condiciones. Por eso el derecho a tutelar de cada uno debería ser diferente. También es increíble que en sólo 10 días, que es el tiempo que tienen estos jueces para conceder o no una tutela, tengan la capacidad de estudiar los documentos que soportan cada caso y de verificar su autenticidad. De ahí que los fallos favorables instantáneos en estos casos levanten tantas sospechas.

En una de las pocas tutelas múltiples que se han logrado revocar, el Tribunal que revisó el caso hace "un severo llamado de atención al juez de primera instancia y al litigante que representó los intereses de los ciudadanos" por las muchas falencias de la solicitud y porque "el pago de obligaciones pensionales escapa al ámbito propio de la acción de tutela".

Las tutelas múltiples son también el mecanismo que utilizan abogados especialistas en representar a maestros que legítimamente han obtenido la pensión gracia, pero que luego piden que se las reliquiden incluyéndoles primas que tuvieron durante su trabajo. Algunas de ellas tan exóticas como las primas de clima y la conyugal. En materia legal, este tipo de tutelas está en un terreno más gris. En el Ministerio de Protección Social y la Procuraduría General aseguran que con base en las leyes pensionales vigentes, estos pagos también son anormales. Pero los abogados que han llevado este tipo de casos argumentan que pronunciamientos recientes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional dan vía libre a estas reliquidaciones. Es decir, que a pesar de la existencia de la ley, los conceptos posteriores de estas Altas Cortes han abierto un boquete jurídico de interpretaciones.

Por reliquidación se les cancela a los pensionados un retroactivo que en promedio es de ocho millones de pesos por maestro, de los cuales, se calcula que en promedio, el 30 por ciento va a para a los bolsillos de los abogados.

De las 134 tutelas múltiples que se han presentado, la gerente de Cajanal dice que el 80 por ciento corresponde a estas reliquidaciones de las pensiones gracia.

Tan afortunados

Quizás uno de los aspectos más escandalosos de este gran negocio pensional que emergió durante la investigación de SEMANA es el hecho de que dos terceras partes de los maestros que han presentado tutelas para obtener mayores beneficios pensionales lo han hecho en el mismo estrado. Es el juzgado primero penal del circuito de Bogotá. "Debe ser suerte", respondió el juez primero Néstor Gilberto Amaya, cuando se le preguntó por esta inusual coincidencia (ver gráfica y recuadro).

SEMANA investigó en la oficina de reparto en los juzgados de Paloquemao y encontró que las tutelas se asignan mediante un sistema computarizado que, según afirmaron, reparte en forma aleatoria a cualquiera de los 32 juzgados que pueden recibir esta clase de procesos. Por eso mismo resulta extraño que justo estos millonarios procesos se concentren en un solo juzgado. Si la explicación es la suerte, este juez está en mora de comprar la lotería.

Otro hallazgo sorprendente es que el mayor porcentaje de estos procesos es llevado por la misma oficina de seis abogados. Su representante, el litigante huilense Ómar Cabrera Polanco, asegura que su oficina nunca ha presentado una tutela para que se les reconozcan derechos ilegales a docentes nacionales y que están especializados en las reliquidaciones de las pensiones gracia. Sobre la forma como logran conseguir tantos miles de poderes dice que es porque tienen oficinas en Cartagena, Cali, Neiva, Florencia, Medellín e Ibagué y además los pensionados confían en ellos por su "trayectoria de efectividad y honorabilidad en su trabajo". Esa es para él la razón por la que recibe unos 50 poderes de maestros al día.

De otra parte, abogados de esta misma oficina están siendo investigados por una supuesta tutela falsa que se detectó en Cajanal. Cabrera sostiene que es un error, pues esa tutela sí es real, sólo que el expediente se perdió. Despierta sospechas, no obstante, el hecho de que en 1989 Cabrera haya sido condenado a 11 años de prisión acusado de peculado y prevaricato en un caso que involucraba poderes para cobros a Cajanal. Él dice que este caso no afectó su tarjeta profesional y que igual, él no es quien litiga, sino los abogados de su oficina. También hubo polémica en torno a una de las abogadas de su bufete, Paola Collazos, cuando a fines del año pasado repartió 38 anchetas, según consta en documentos de Cajanal, a empleados de notificaciones, atención al usuario y correspondencia de esta entidad. Collazos explicó a SEMANA que lo hizo porque "esa es gente muy amable".

Los responsables

Todos estos fallos en contra de Cajanal le han generado una avalancha de trabajo difícil de tramitar, dada su maltrecha institucionalidad. Algo que aprovechan abogados para interponer recursos de desacato a las tutelas para presionar sus pagos. Es decir, no se contentan con presentar demandas millonarias, con argumentos jurídicos sospechosos, sino que cuando la entidad se demora en responder, aumentan la presión. Por cuenta de estas tutelas por desacato, la gerente de Cajanal ya ha pagado varios carcelazos y tiene sobre su cabeza 1.529 días pendientes de arresto, y multas que superan los 800 millones de pesos.

Hay que reconocer que muchas de estas anomalías han sido detectadas por la misma Cajanal, que ya ha iniciado procesos penales contra pensionados y abogados que, a sabiendas que no tienen el derecho de la pensión gracia, están intentando esquilmar a la Nación. (Ver entrevista con la gerente López). Pero son aún pocos los procesos para la magnitud de los montos involucrados. Sería además una injusticia que, ante la usual ineficiencia de la justicia con los peces grandes, quienes terminen condenados con más años de cárcel sean aquellos docentes que, posiblemente engañados, prestaron su nombre para estas artimañas, de las cuales se terminaron lucrando más los abogados, que ellos mismos.

En esta intrincada madeja está por establecerse la posible complicidad de jueces. De otra parte, es ingenuo pensar que unas transacciones de esta complejidad se hagan sin la participación de funcionarios de la entidad y además, por la cantidad de dinero que está en juego, los tentáculos de estas mafias podrían llegar alto, tanto en el Ejecutivo como en el Judicial. En el escándalo de las pensiones gracia se necesita mucho más que un funcionario en una ventanilla. Recién se inician las investigaciones, que serán las que determinen la posible complicidad entre los actores de esta historia y el dolo con que hayan actuado.

Mientras tanto, la responsabilidad de lo que pasa en Cajanal comienza a ser una pelota que se pasan entre los Ministerios de Protección Social y de Hacienda. En el primero aseguran que han hecho lo posible con los pocos recursos con que cuentan y que necesitan una inyección importante de dinero. En el segundo dicen que sólo en los últimos tres años, el tiempo del desangre, se le ha incrementado a Cajanal su presupuesto para gastos de personal, funcionamiento e inversión en más de 13.000 millones de pesos. Suficientes, según ellos, para controlar estos problemas a tiempo. Pero para Cajanal, no dan abasto para hacerle frente a tamaña ofensiva legal.

Desde hace cuatro meses, en la Caja se conformó un equipo jurídico especialmente contratado para estar al tanto de las tutelas y en este período ha logrado revocar tutelas múltiples y procesos ordinarios que le reconocían irregularmente derechos a 2.499 maestros. Estos resultados abren una puerta de esperanza de que el turbio negocio no seguirá prosperando. Pero también ponen de manifiesto lo que se habría podido evitar de haber comenzado esta labor hace varios años.

Mientras los Ministerios deciden quién se hace cargo de la papa caliente de Cajanal, unos pocos la utilizan para exprimir los dineros de los colombianos. Cerrar el boquete que allí se ha abierto a la corrupción es una tarea que requiere la participación decidida no sólo del gobierno, sino también de las Cortes y de los organismos de control. Es algo que no se soluciona sólo con la salida de un par de funcionarios. El problema es estructural. En su momento, a comienzos de los años 90, el fraude de Foncolpuertos creció gracias a que no se le puso luz a tiempo ni se actuó con premura y en cinco años se llegó a pagar 2,4 billones de pesos. Sólo se detuvo con la acción conjunta de Fiscalía, Procuraduría, Consejo Superior de la Judicatura y la Presidencia de la República de ese momento. En Cajanal van tres años y ya va por 500.000 millones de pesos mal contados. Sería una vergüenza repetir la historia. n?

Si tiene información adicional sobre este tema, escriba a: investigaciones@semana.com