El impacto de la condena contra Álvaro Uribe: así será la batalla del expresidente para apelar el fallo que ha desatado controversia en el país

En una decisión sin precedentes en la historia política y judicial del país, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en calidad de determinador.

Un fallo demoledor, pues la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, no solo le impuso la máxima pena por estos delitos, sino que, además, tomó la decisión de ordenar su captura de forma inmediata, pese a que la defensa del expresidente, encabezada por el abogado Jaime Granados, anunció la apelación del fallo, que será radicada el próximo 13 de agosto.

Este viernes, a pocas horas de iniciarse la audiencia, el país ya conocía la decisión y el revuelo reinó. Y no era para menos. En el documento de 1.114 páginas quedaba claro el veredicto contra el expresidente. Una sentencia que no tuvo contemplaciones; fue la pena máxima que incluso superó las expectativas de la Fiscalía, que pidió nueve años de condena. Además, el expresidente Uribe no podrá ejercer cargos públicos por más de ocho años y se le suma el pago de una multa, que asciende a casi 3.440 millones de pesos.

Pero uno de los aspectos que más levantó ampolla fue la decisión y, sobre todo, los argumentos de la jueza para que la detención del mandatario se impusiera de forma inmediata. “Se libre la correspondiente boleta de encarcelación, debiéndose por parte del establecimiento carcelario encargado de la vigilancia, proceder a su traslado inmediato, a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria, y se realizarán los controles respectivos”, se lee en la parte resolutiva del extenso fallo.

Entre los argumentos consignados en la decisión de la jueza 44, duramente rebatidos por el expresidente Uribe, se advierte que “la privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena”.

Pero lo que más causó polémica fue el planteamiento de que el expresidente Uribe se volara para evadir la justicia. En ese sentido, el fallo advierte: “También hemos de resaltar, dadas las ocupaciones que manifestó desarrollar, su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podría abandonar el país para eludir la sanción impuesta”.

No es la primera vez que Uribe es detenido. En agosto de 2020, el proceso estaba en la Corte Suprema de Justicia, y la Sala de Instrucción ordenó su captura. Semanas después, a través de un recurso, el Tribunal Superior de Bogotá echó para atrás la decisión que en su momento aceleró la renuncia del expresidente al Senado para asumir su defensa. En ese proceso, dos fiscales diferentes pidieron la preclusión del proceso.

En la administración de Luz Adriana Camargo como fiscal general, una de sus primeras decisiones fue acusar a Uribe y llevarlo al juicio que hoy terminó con la condena en primera instancia.

Controversia

El caso Uribe ha tenido particularidades que llaman la atención. Por ejemplo, la atípica decisión de la jueza de sesionar durante 67 días, casi de forma ininterrumpida, sin abordar más casos para sacar en tiempo récord la decisión que abrió un intenso debate. El mismo expresidente, en medio de la audiencia, se tomó más de dos horas para ejercer su defensa y criticó con ahínco la decisión, que calificó como un “fallo político que me condenó”.

En la sentencia quedó consignado lo dicho por 93 testigos y peritos; 38 presentados por la Fiscalía y 55 por la defensa del expresidente Uribe. Sin embargo, esta es justamente una de las polémicas. Las pruebas de la defensa fueron en su mayoría cuestionadas y derrotadas, dándoles credibilidad de forma casi unilateral a los argumentos de la Fiscalía y las víctimas.

Uno de los temas que más controversia ha suscitado tiene que ver con las interceptaciones telefónicas a Uribe, que se han justificado como “un error”, pero de igual manera se mantuvieron y se les dio validez, aunque, en el fallo, se advirtió que las escuchas eran para otra persona.

“El informe parcial n.º 11-224772, fechado el 28 de marzo de 2018, en el que consignó que la línea intervenida no correspondía al sujeto investigado en ese caso”. Aun así, continuaron las escuchas y fueron justificadas en la decisión: “No puede pasar por alto el despacho el hecho de que la confusión en torno a la línea telefónica objeto de interceptación reviste una gravedad considerable (…) la falta, aunque delicada, fue el resultado de un contexto de información dispersa y abundante, y no de una actuación dolosa o negligente”.

El expresidente Uribe no solo se refirió a la interceptación arbitraria y a su juicio ilegal, sino a la manipulación de estas escuchas por parte de la Fiscalía, que cambió palabras y ocultó otras para, según su defensa, acomodarlas y acusarlo, cuando es claro que en ninguna de estas interceptaciones, aseguró Uribe, se le da órdenes al abogado Diego Cadena de transar testimonios a su favor y, por el contrario, pedía que los testigos dijeran la verdad.

Otra prueba cuestionada fueron los videos grabados con relojes espía desde la cárcel. Las irregularidades documentadas por la defensa de Uribe subrayan que “la información fue manipulada, mutilada o eliminada”, “no existió una preservación de la cadena de custodia”, “fueron eliminados 7 minutos y 32 segundos, lo que no ofrece garantías sobre su fidelidad”.

Sin embargo, la jueza prefirió acoger los argumentos de la Fiscalía según los cuales no existía evidencia de manipulación dolosa, que el testimonio de Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, “ha sido honesto y coherente” y que “no hay razón para excluir o debilitar esta prueba, que ha sido aportada con transparencia”.

“Solicitar invalidar unos documentos valiéndose de inconsistencias en la cadena de custodia es una petición infundada, máxime cuando las señaladas no logran pasar de suposiciones”, advierte el fallo. Y agrega: “No pudo indicar cuál fue la información significativa eliminada o adicionada que variara los hechos de la acusación o la versión del testigo”.

El testigo cuestionado

Pese a que públicamente se conocieron las extravagancias, fiestas, consumo de drogas y alcohol del considerado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota, la jueza le dio plena credibilidad sin tener en cuenta que su testimonio fue desmentido por más de diez testigos, entre ellos su papá y hermano.

En el polémico fallo se lee al respecto: “Monsalve tuvo el valor civil no solo de sostener su discurso, sino de documentarlo, porque desde entonces era consciente de las afrentas que tenía que llevar sobre sus espaldas, pues al yuxtaponer las dos versiones, obvio resultaría que la confiabilidad de su incriminación, sucumbiría ante la honorabilidad y poder del aquí imputado”.

La jueza incluso señala que “se pretendía lograr que Monsalve rescindiera su inicial manifestación, de señalar al procesado como conocedor y auxiliador de aquellos que al parecer fueron los creadores y fundadores de un grupo armado ilegal, escenario que puso Cepeda Castro en conocimiento de las autoridades y que originó la denuncia en su contra”.

En la decisión también están presentes los argumentos de la defensa de Uribe que, sin ambages, advierte sobre Monsalve que “lo ocurrido constituyó un entrampamiento cuya existencia fue detalladamente demostrada y que habría sido encabezado por Juan Guillermo Monsalve, sujeto que –con respaldo y confianza del senador Cepeda– pretendía vincularlo falsamente con estructuras paramilitares, con el fin de lograr su propio reconocimiento como tal, acceder a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz y obtener su libertad, en cumplimiento de una promesa efectuada a su núcleo familiar”.

El abogado Cadena

Uno de los motivos por los que el expresidente Uribe fue condenado tiene que ver con la búsqueda de retractaciones de parte del abogado Diego Cadena, sobre el cual la jueza afirmó que “fiel a su apellido, se dedicó a encadenar personas, acciones y delitos, forjando un entramado delictivo en donde cada eslabón tenía un propósito asignado, eso sí con una consigna inquebrantable, resguardar la identidad del verdadero instigador, movidos no solo por el miedo, sino por una lealtad devocional, que los llevó a proteger el cerebro del plan criminal”.

Y agrega el fallo, ante los argumentos de defensa del expresidente Uribe sobre la actuación de Cadena, que “disfrazaron de honestidad sus dichos, bajo el eslogan de solo pedía que dijeran la verdad”.

La defensa de Uribe aseguró durante todo el juicio, y así se lee en el fallo, que “nunca se impartió instrucción alguna para mentir o guardar silencio, y todas las actuaciones desplegadas por su parte habrían estado guiadas por la buena fe (…) no existía en dichas interacciones indicio alguno de una planificación dolosa, sino más bien la reiteración constante de que los testigos dijeran la verdad, lo cual –en su parecer– excluía cualquier intento de soborno”.

Pese a estos argumentos, el fallo lanza una sentencia demoledora: “No cabe duda de que el procesado conocía lo ilícito de su proceder, no de otra manera puede explicarse que no lo hiciera directamente o a través de sus juristas con los que siempre había contado, quienes valga resaltarlo llevaban el conocimiento de los asuntos más delicados de su vida, y pese a ello, optó por inducir a un abogado emergente, carente de las actitudes que se esperan de un litigante de prestigio, ansioso de reconocimiento profesional”.

La arremetida de Uribe

El expresidente Uribe, quien estuvo presente a lo largo de todas las audiencias en su contra, tuvo la oportunidad de ejercer su defensa y se extendió por más de dos horas. Lo primero que puso sobre la mesa recriminando a la jueza es que se trataba de una decisión política que no contemplaba el mínimo rigor judicial.

“Este es un fallo determinado desde unos sectores de arriba que hace cinco años me pusieron preso, y determinado por una acción política que involucra al presidente de la república y a su más importante senador, Iván Cepeda, y a su ministro de Justicia (Eduardo Montealegre)”, dijo Uribe.

Incluso el exmandatario se tomó un espacio para dejar de lado su defensa y respaldar a su familia, que ha estado activa en el juicio. “Tengo que comunicar a ustedes y a las autoridades competentes que se ha tratado a mis hijos de faltos de gallardía (…) Mi señora y mis hijos a lo largo de este proceso no han tenido un solo comentario irrespetuoso sobre quien lo ha presidido, la señora jueza. Yo tampoco, ni en el juicio ni en mis redes, en las cuales soy muy activo, he pronunciado ni tampoco escrito algo que irrespete a la señora jueza”, dijo.

“Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos, usted me ha tratado a mí de la peor manera y lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, reclamó el exmandatario.

Sobre los pagos que habría realizado el abogado Cadena, el expresidente fue claro al afirmar que “no hay razón jurídica para que me condenen sobre el argumento de que yo habría autorizado pagos del doctor Cadena a testigos; esos pagos los hizo él, autónomamente, electrónicos y con trazabilidad (…) los supuestos pagos en efectivo, sobre los cuales nada me dijo el doctor Cadena, sobre los cuales no tuve información, ni posterior”.

Las quejas de Uribe fueron claras y contundentes. Se refirió al sesgo, al fallo que calificó como político y sin pruebas. En ese sentido, también comentó las conversaciones entre Monsalve y Cepeda que desaparecieron y que “con falta de lealtad” el senador (Cepeda) no entregó. Criticó que se hayan validado tanto las interceptaciones telefónicas como el contenido de los relojes ingresados a la cárcel de forma ilegal y cuyo contenido, aseguró, fue manipulado.

Uribe fue contundente al señalar que “el fallo cambia la narrativa de la historia. Pone a los bandidos como héroes. El fallo tiene una narrativa para defender bandidos y acusarme de bandido”. Y culminó señalando que en la decisión lo califican como el hombre más poderoso de Colombia, sobre lo cual cerró diciendo: “En aquello que no renunciaré a competir es que yo soy quien más quiere a Colombia”. El balón está ahora en la cancha de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que tomarán la decisión en segunda instancia.