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| 12/12/2019 10:17:00 AM

Prohibir capuchas y marchas cerca a hospitales, dice proyecto de ley para regular la protesta social

En las últimas horas se conoció el texto que será presentado en el Congreso y que, por su contenido y su contexto, seguramente será objeto de grandes polémicas no solo entre los parlamentarios sino entre los ciudadanos. Se trata de una iniciativa del senador conservador Juan Diego Gómez.

El polémico proyecto de ley para regular la protesta social Hasta ahora el ambiente en el Congreso para regular la protesta social parece bastante esquivo. Se da por descontado que los partidos de oposición no acompañarán la iniciativa Foto: Guillermo Torres / SEMANA

La frase de “regular la protesta social” aún ronda en la memoria de los colombianos cuando fue pronunciada por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, antes de iniciar el presente gobierno. Apenas la pronunció, se desató una fuerte polémica y un mar de críticas de los partidos de oposición y de la opinión pública.

Ahora, justo cuando se completan tres semanas de manifestaciones, la idea vuelve al debate, pero esta vez no por una entrevista de radio sino por ser el eje de un proyecto de ley estatutaria.

Varios miembros del Centro Democrático y de los partidos afines a la coalición de gobierno habían hablado en el pasado de la necesidad de regular la protesta social para que esta se diera en el marco de una reglamentación que garantice el orden público y el normal transcurrir de la dinámica de las ciudades.

Sin embargo, en medio de las denuncias de abusos del uso de la fuerza por parte de la Policía y del Esmad, del disparo que acabó con la vida de Dilan Cruz, y del clima de agitación general que por estos días se ha normalizado en Colombia, pocos se había atrevido a hablar de una posible regulación a la protesta social.

Pero eso cambió cuando se dio a conocer la nueva iniciativa parlamentaria, del senador conservador Juan Diego Gómez, que antes de comenzar su trámite ya ha sido objeto de críticas y debates desde todas las orillas. ¿Qué dice el polémico proyecto?

Se contemplan una serie de medidas que entrarían a regir en caso de que el ahora proyecto encuentre el apoyo suficiente y se convierta en ley. 

Una de las medidas es la prohibición total de las capuchas. Según el texto, esconder la identidad de los manifestantes se presta para desmanes y vandalismo y esto debe ser regulado. Por eso, se incluye esa prohibición y se establece una sanción para quienes no se acojan. 

El proyecto de ley también habla de la prohibición expresa para que se utilicen elementos que puedan ser empleados para atentar contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública. Así mismo, prohíbe los grafitis o cualquier tipo de mecanismo similar.

Otras medidas que se abordan en el texto son prohibir que las marchas pasen a menos de 500 metros de un hospital, centro de salud, aeropuertos, o bienes considerados como patrimonio cultural. Eso de por sí crea un problema mayúsculo porque cualquier marcha de un tamaño considerable, como las que han tenido lugar en los últimos días, necesariamente pasa por lugares que entran entre las categorías que quedarían prohibidas.

Por ejemplo, no se podría marchar por la séptima, una de las vías más usadas para estos efectos, porque la manifestación pasaría por el hospital San Ignacio. Y tampoco se podría llegar hasta el centro de Bogotá para concentrarse en la Plaza de Bolívar, porque en esa zona hay un sinnúmero de bienes que son considerados patrimonio cultural.

En cuanto al Esmad, el proyecto no contempla mayores cambios frente a lo que hoy ya existe. Más bien, establece algunos mecanismos para que esta fuerza actúe de manera más ordenada. Se sigue hablando de la prohibición del uso de armas de fuego por parte de ese escuadrón pero se mantiene la potestad para utilizar “armas no letales”, como la que acabó con la vida de Dilan Cruz. También se establece que los miembros del escuadrón antidisturbios podrían proceder a la captura y traslado de las personas que se encuentren encapuchadas.

Para los manifestantes o miembros de la Fuerza Pública que incumplan con alguno de los postulados de la norma, el proyecto de ley establece una serie de sanciones que pueden ser económicas, pedagógicas o de pérdida de beneficios educativos.

Las multas irían desde los 5 hasta los 100 salarios mínimos dependiendo de la falta que se cometa. Los estudiantes a quienes se les compruebe una participación directa en los desmanes perderían sus beneficios educativos. En el texto también se encuentra la propuesta de obligar a los promotores de las marchas a adquirir un seguro para que se encarguen de pagar la totalidad de los daños que se presenten en una manifestación.

Más allá del contenido de esta iniciativa que, por decir lo menos es polémico, es previsible que en el marco de la mayor movilización sostenida de la que se tenga noticia en la historia reciente, no haya ambiente para su aprobación. Falta que se discuta y se presente pero de seguro tendrá más detractores que adeptos.

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