EL PRIMER FALLO

La decisión por parte del Presidente Betancur y de su ministro de Justicia de no conceder la entrega de Emiro de Jesús Mejía Romero a la justicia norteamericana y su justificación jurídíca, suscitó, claro está, la natural controversia. Sin embargo, ésta arrojó un saldo favorable para el primer mandatario. Esto se vio reflejado en las varias reacciones editoriales y en las encuestas que entre juristas efectuaron varios diarios del país. De los 11 abogados y ex ministros consultados por "El Tiempo", "El Espectador" y "El Mundo", nueve respaldaron la medida: el ex ministro de Justicia, Bernardo Gaitán Mahecha, y los abogados Humberto Barrera Domínguez, Antonio José Cancino, Héctor Castillo Corredor, Horacio Gómez Aristizábal, Hernándo Londoño Jiménez, Darío González, Gustavo Mejía Ramírez y José Rodrigo Flórez. En contra solo estuvieron los ex ministros Carlos Lemos Simmonds y Felio Andrade Manrique, ambos vinculados a la aprobación del Tratado de Extradición durante la administración pasada.
Pero más interesante fueron las escaramuzas editoriales que hubo entre "El Tiempo", "El Espectador" y "La República", a raíz de la decisión presidencial. Si bien el primer diario atacó la medida en duro editorial, el respaldo fue neto en los otros dos diarios.
"El Tiempo" afirmó que la negativa a conceder la extradición de Mejía Romero "en la práctica equivale a desconocer el Tratado mismo" y que sus consecuencias "pueden ser graves" pues ésta "no va a contribuir a que nuestras solicitudes de crédito internacional sean consideradas favorablemente"."El Espectador" consideró esta afirmación última como algo "monstruoso", "porque esa suposición sí vulnera nuestra soberanía nacional y la sujeta al chantaje internacional". "La República" también se vino lanza en ristre contra ese editorial, acusándolo de estar construido "sobre arena movediza y con la oculta intención de sorprender incautos".
Esto último aludía a la interpretación de "El Tiempo" del artículo 8 de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. Sugiriendo que el Presidente había estado obligado a entregar a Mejía por haber cometido delitos realizado en territorio de ambos Estados, "El Tiempo" deslizó tres palabras cuyo contexto no corresponde al espíritu del Tratado: "sí accederá necesariamente" a la extradición, cuando lo que dice el artículo es que el poder ejecutivo del Estado requerido "podrá entregarlos si lo considera conveniente".
Fue el canciller Lloreda quien respondió al temor de "El Tiempo" sobre el bienestar de las relaciones Colombia-USA, al decir que la decisión presidencial no puede afectar esas relaciones: "A nosotros nunca nos consultan cuando dictan leyes de comercio en los Estados Unidos, que nos afectan seriamente las exportaciones a ese país, ellos toman decisiones soberanas", agregó.
Otro argumento que fue rebatida por los hechos fue el de "El Tiempo" y del excanciller Lemos sobre que la decisión de no extraditar a Mejía consagraba "una auténtica amnistía para los narcotraficantes" El mismo 15 de noviembre que esta idea fuera ofrecida, "El Espectador" informaba que el juez 94 de Instrucción Criminal, Juan Antonio Vásquez Simbaqueva, iniciaría investigación penal contra Mejia Romero. Y contra la preocupación del ex ministro Felio Andrade Manrique, de que esa decisión particular se haría general y el Presidente Betancur "ya no extraditará a ningún nacional", el ministro Rodrigo Lara respondió diciendo que tal decisión no creaba jurisprudencia y que el tratado no sufría ninguna alteración.
El último episodio -y contienda entre "El Tiempo" y "El Espectador"- fue el del viraje de la Corte Suprema de Justicia. Fue el diario de los Cano el primero en informar que una minoría de magistrados de la Corte, quienes venían sosteniendo que dicha institución sí era competente para ejercer el control constitucional de las leyes aprobatorias de los tratados que suscribe Colombia, se había convertido en mayoría cuando una aclaración de voto del magistrado Manuel Gaona Cruz fue respaldada por otros 12 magistrados, conquistando una mayoría de 13 en la corporación. Al día siguiente "El Tiempo" dijo que dicho vuelco doctrinario no era cierto. Sin embargo, el redactor judicial de ese diario tuvo que admitir en su nota que la minoría había pasado a ser mayoría, admitiendo de hecho, lo que "El Espectador" había dicho: que "si en este momento" se demandara un tratado no ratificado, la Corte decidirá sobre su constitucionalidad. Para algunas fuentes consultadas por SEMANA tal viraje en la Corte -ocurrido dos días después de la decisión presidencial- reflejó la preocupación de los magistrados por recuperar la vigilancia de tratados que pueden comprometer principios y derechos jurídicos del país.