La embajada que no quiere pagar

Adelaida García de Borrisow es una colombiana que trabajó más de 23 años como asistente y traductora de los embajadores de Líbano acreditados en Bogotá. No obstante, un día antes de cumplir 60 años, el 24 de noviembre del 2004, fue despedida sin justa causa por el entonces embajador Mounir Khreich.

Adelaida nunca fue indemnizada y al realizar los trámites para solicitar su pensión en Colombia, se dio cuenta de que esa legación diplomática no había pagado los aportes a seguridad social durante 10 años. Por esa razón, hoy, a sus 72, no tiene derecho a la pensión que se merece.

La mujer puso una demanda contra la Embajada del Líbano, siguiendo el procedimiento ordinario para dichos trámites. El 2 de septiembre del 2008 la Corte Suprema de Justicia, en cabeza del magistrado Camilo Tarquino, condenó a la Embajada a pagar lo que debía al Seguro Social (hoy Colpensiones), más la indemnización.

Con ese fallo se sentó un precedente en la jurisprudencia colombiana, al tomar una decisión judicial por encima de cualquier inmunidad diplomática.

La posición del magistrado estuvo apoyada en el artículo 11 de la convención de la Naciones Unidas sobre las Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 2 de diciembre del 2004.

En ese acuerdo, los Estados firmantes renuncian a la inmunidad diplomática en cuanto a las leyes laborales y se acogen a la ley en el país donde se encuentran.

Colombia participó en la Asamblea, sin embargo, no firmó la convención, lo cual lo cual dejó a García en un vacío jurídico. A pesar de ello, la damnificada y su familia no dejaron de luchar.

En el 2010, ellos pidieron infructuosamente a la canciller, María Ángela Holguín, adoptar todas las medidas que el derecho internacional ofrece para posibilitar el cumplimiento de la sentencia de 2008 en la que la Corte Suprema le imponía a la Embajada el pago de la pensión.

El 16 de noviembre del 2011, la Corte Constitucional falló una acción de tutela en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se le daba un mes para desplegar todos los mecanismos diplomáticos posibles en aras de coordinar con el embajador el cumplimiento de la sentencia y realizar el reclamo frente al jefe de la misión diplomática.

En el trámite de la tutela, ante la Procuraduría se hizo una audiencia para que Adelaida y la Cancillería conciliaran, pero tratándose de un tema abstracto y relacionado con el cumplimiento de normas de derecho internacional, no hubo nada que se pudiera conciliar.

La mujer decidió seguir trabajando por su parte y le planteó a quien fuera jefe de la misión comercial, Milad Nammour, que renunciaría al pago de la indemnización con tal de recibir el pago del monto adeudado al Seguro Social. Pero esa situación nunca se cumplió.

Según dijo la familia de Adelaida a Semana.com, Nammour les había manifestado en privado que las razones por las que la Embajada no pagaría los más de 121 millones de pesos que le corresponderían a Adelaida por esos diez años de trabajo son un “secreto de Estado”.

Por cuenta de esa inexplicable reserva, a sus 72 años, la antigua funcionaria del al embajada libanesa y su familia prevén que las instancias jurídicas que les quedan por delante podrían hacer que el proceso se defina en, al menos, 15 años más.

“Ella ha perdido casi todas las esperanzas, son 12 años de lucha y agotamiento y darse cuenta que todas las puertas que se han golpeado se han cerrado sin dar una solución. Actualmente se dedica a cuidar a mi papá, por su delicado estado de salud”, cuenta su hija Anne.

“Solicitamos que se cumpla la ley, que se vele por miles de trabajadores a quienes también les han sido violados su derechos o a quienes posiblemente en un futuro les pueda ocurrir algo similar”, agregó.

Anne insiste en que seguirán en una lucha jurídica que, con una eventual demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca ahora trascender las fronteras.