El contratista Emilio Tapia Aldana fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión después de aceptar, mediante un preacuerdo, su responsabilidad directa en el escándalo de corrupción en la celebración del billonario contrato de Centros Poblados, el cual tenía como objetivo llevar Internet a siete mil escuelas rurales en diferentes regiones del país.
Emilio Tapia firmó un preacuerdo con la Fiscalía y recibirá una condena de seis años y tres meses de prisión por el escándalo de Centros Poblados. https://t.co/Lec0VeyxkE pic.twitter.com/VuwAafx7N1
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 21, 2024
En las últimas horas, un juez de conocimiento le dio legalidad a la firma del preacuerdo realizado entre Tapia y la Fiscalía General. En la decisión, se señaló que el empresario cordobés deberá reintegrar los 5.063 millones de pesos, de los que se apropió de manera ilegal del anticipo que le envió el Ministerio de las TIC para la compra de equipos de cómputo y elementos para lograr la conectividad.
Por el momento, Tapia ha reintegrado —según señaló la Fiscalía— 2.532 millones de pesos. En los próximos meses, mediante pagarés por 1.256 millones de pesos cada uno, deberá reintegrar lo que falta.
En el preacuerdo, el contratista, reconoció su participación en los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.
Igualmente, se comprometió a ofrecer excusas públicas por sus actos y a ser testigo de cargo de la Fiscalía General en los otros procesos que se adelantan por estos hechos de corrupción.
El empresario seguirá privado de su libertad en el pabellón de funcionarios públicos de la Penitenciaría ‘El Bosque’, en Barranquilla.
Tapia, uno de los principales protagonistas del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, actuó -según la Fiscalía General- bajo las sombras para quedarse con el billonario contrato.
Para esto, contactó a un grupo de empresarios para que conformaran la Unión Temporal Centros Poblados y así participar en el proceso licitatorio.
Dicha Unión Temporal entregó pólizas falsas de reconocidos bancos para respaldar ante el MinTic la oferta. Con estos documentos, eran la única parte interesada que cumplía con todos los requisitos de la licitación.
El MinTIC les otorgó un anticipo de 70 mil millones de pesos. La investigación certificó que el contratista oriundo de Sahagún, Córdoba, recibió 6.182 millones de pesos.
De este dinero, Tapia realizó una repartición de la siguiente manera: 1.118 millones de pesos para los dueños de las compañías que facilitaron la creación de la unión temporal. Estos movimientos, como indican las pruebas documentales, se hicieron en dólares con destino a Miami (Estados Unidos).
El excedente, cercano a los 5.063 millones de pesos, fueron utilizados por el contratista para la compra de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta; préstamos y los honorarios de los abogados que revisaron la parte legal del billonario contrato.