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| Foto: Cristian Leguizamón

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Tumaco, la odisea de erradicar en el pueblo con más coca de Colombia

Tumaco está plagado por estructuras criminales que siembran campos con minas y atacan con tatucos y francotiradores a los encargados de eliminar los cultivos ilícitos. Las autoridades le apuestan a la tecnología para proteger la tropa.

20 de abril de 2018

Tumaco es el principal desafío de la erradicación de cultivos ilícitos. Si el modelo con el que el gobierno busca frenar el incremento de las áreas sembradas con coca funciona allí, podrá tener éxito en el el resto de país. Desde que se conoció la última medición de Naciones Unidas, que registró 23.148 hectáreas solo en ese municipio (el mayor foco de Colombia), las acciones se concentraron en el puerto nariñense.

Es por eso que la base militar de Tumaco no descansa. En un solo día se ven despegar y aterrizar con frecuencia a los helicópteros artillados y los aviones de la Policía. Bajo las carpas se guarecen del sol decenas de hombres listos para abordar esas máquinas e internarse en la selva de Tumaco que, en gran porción, es considerada zona roja.

En 2017, según sus propios informes, la Fuerza Pública erradicó 15.693 hectáreas con coca (11.307 por la Policía y 4.386 por el Ejército) sobre todo en las zonas del sur del municipio, las más cercanas a la frontera con Ecuador. En lo que va del 2018 las autoridades han incautado 12 toneladas de clorhidrato de cocaína, 277 toneladas de insumos sólidos para la elaboración del narcótico y 3.136 galones de insumos líquidos.

Este año esperan acabar con 17.000 hectáreas más con erradicación forzada pero también sustituyendo cultivos junto a las comunidades. Pero la tarea no es fácil. El coronel de la policía antinarcóticos José Roa, jefe de erradicación en Tumaco, expone toda una lista de dificultades para disminuir la coca en la zona.

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En Tumaco hay presencia de distintos actores armados, que incluyen el Eln, el frente Oliver Sinisterra, comandado por Guacho, el grupo de David y el Clan del Golfo. Esas organizaciones con frecuencia hostigan a las tropas erradicadoras y a los campesinos que la Policía contrata para la labor. En los últimos 11 años, dice Roa, han muerto 190 personas en las labores contra los cultivos ilícitos, y 790 más han sido heridas en todo el país. En la zona, por ejemplo, las plantaciones de coca están rodeadas de minas antipersonal que no solo son una amenaza letal, sino que demoran las erradicaciones porque obligan a la entrada de equipos antiexplosivos antes de atacar los cultivos.

También hay francotiradores de esas estructuras que a lo lejos atacan a las fuerzas. Incluso, cuenta el coronel, esta semana un grupo de erradicadores fue atacado con seis tatucos que les lanzaron a la distancia.

"Nuestro propósito es reducir los cultivos ilícitos pero también las afectaciones a nuestros hombres", dice Roa. De hecho, en la zona se empezó a implementar un proyecto para reducir la exposición de los erradicadores. Junto a un grupo de privados, la Policía Antinarcóticos desarrolló un vehículo táctico de aspersión de glifosato. Se trata de un carro anfibio, con láminas de blindaje antiexplosivos que tiene tubos para rociar la sustancia sobre las matas, y que resistiría, por ejemplo, el estallido de una mina.

Otro obstáculo que señalan los miembros de antinarcóticos son las protestas de las comunidades, según las autoridades, promovidas por los narcotraficantes. Las comunidades, por su parte, defienden la legitimidad de sus manifestaciones ante la apuesta por la erradicación forzada de cultivos (que los deja sin fuentes de subsistencia) sobre la sustitución voluntaria. Justamente, dice la Policía, uno de los propósitos de este año es impulsar los planes de sustitución en la zona, consensuados con la población.

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Los resguardos indígenas, según las autoridades, también se plagaron de coca. Al menos 6.000 hectáreas del cultivo estarían sembradas en esas zonas de Tumaco que, por la autonomía que se les concede a los pueblos, no pueden ser penetradas por los erradicadores.

La tarea es difícil. Tumaco no solo tiene alrededor de la séptima parte de la coca que hay en todo el país. El territorio está lleno de laboratorios de cocaína, y de toda una economía dispuesta para el negocio. Las bombas de gasolina ubicadas a las orillas ribereñas lo que menos hacen es llenar los tanques de las lanchas, y lo que más, abastecer las cocinas de la droga. Las vías son tan paupérrimas que el cultivo de cualquier producto que no tenga los altos dividendos de la coca es inviable económicamente para los campesinos. Buena parte de la costa pacífica está abierta para que se embarquen desde allí los cargamentos, vía al mar, para que comiencen su travesía hacia el norte del continente.

Y en los últimos años, con el desinterés de los narcos colombianos de la ruta gringa de la cocaína, los mismos carteles mexicanos empezaron a enviar a sus emisarios hasta la región, para comprar, como si estuvieran en una subasta, kilo por kilo hasta completar sus cargamentos. En ese municipio nariñense, hasta el clima cambiante y la geografía selvática complican la odisea de ser un erradicador en el mayor enclave de coca, y una de las zonas más calientes del país.