Esta es la carta de renuncia de los “magistrados eternos” que el Congreso debe tramitar cuanto antes

Los magistrados o exmagistrados (esa es justamente la bochornosa duda) Julia Emma Garzón y Pedro Alonso Sanabria han puesto en una situación sin precedentes a la Rama Judicial. Aunque su periodo oficial terminó hace más de cuatro años, estos juristas siguen expidiendo decisiones, devengando y disfrutando de las prerrogativas que implica el cargo como miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde ya llevan 12 años. Un récord que ningún togado del país ha alcanzado, pues salvo ellos dos, todos los demás, tan pronto terminan su periodo se marchan. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han emitido decisiones con las que se busca evitar que la salida de los llamados “magistrados eternos” se dilate más. Garzón y Sanabria aseguran que se quieren ir, pero que el Congreso no les ha aceptado la renuncia.

SEMANA obtuvo copia de la carta que ambos le enviaron al presidente del Senado, Arturo Char Chaljub, y la cual referencian como “Renuncia al cargo”. Se trata de una pastoral de 11 páginas suscrita por los togados el pasado 21 de septiembre de 2020. El documento, luego de las identificaciones individuales de rigor, dice: “Manifestamos al Congreso de la República por intermedio de su presidencia, que presentamos RENUNCIA al cargo de Magistrados de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, dignidad judicial para la cual fuimos elegidos por el Honorable Congreso de la República de conformidad con el artículo 254 de la Constitución Política”. (sic)

Luego de ese enunciado, Garzón y Sanabria pasan a hacer un largo recuento de las circunstancias en las que se escudan para seguir en el cargo. Señalan seis argumentos con los que tratar de explicar por qué no dejaron de ser magistrados una vez concluyó su periodo oficial –entre agosto y septiembre de 2016–. Y finalmente dicen que todo eso cambió el pasado 21 de septiembre cuando la Corte Constitucional produjo una sentencia que zanjó la discusión y dijo en plata blanca que ambos debían irse.

Garzón y Sanabria incluso estuvieron presentes ese día en la sala de prensa cuando la Corte Constitucional echó abajo las consideraciones del Consejo de Estado en las que se amparaban ambos para aferrarse a la toga. De esa misma fecha data la carta que estos le remitieron al Senado con la cual, finalmente, renunciaron. Pero ahora dicen que hasta tanto el Congreso no les acepte la renuncia no se pueden ir, pues temen incurrir en la conducta de "abandono del cargo”. Es una preocupación extrema, pues está suficientemente documentado que se han quedado muchísimo más de lo que se podría considerar un tiempo adicional razonable. La semana pasada cuando los medios le preguntaron sobre la situación a la magistrada Garzón, esta dijo: “Cada quien tiene su estilo para renunciar”

SEMANA consultó en el Congreso y pudo establecer que la carta efectivamente fue recibida por la oficina de presidencia del Congreso. El problema es que debe ser tramitada en plenaria de Senado y Cámara, y hasta ahora no hay fecha clara de cuándo va a haber plenaria. De hecho ya ha pasado un mes desde que llegó la carta de renuncia y nada. Cuando quiera que esta carta sea tramitada, el Legislativo deberá enviar notificación al presidente de la Sala Disciplinaria para así, al fin, conseguir que los togados sean en rigor exmagistrados.

Para algunos juristas las cosas seguirán estancadas hasta que el Congreso tramite la carta. Pero otros tienen una opinión distinta. Varios magistrados, integrantes de la Corte Constitucional, de la Sala Penal así como miembros de la Sala Disciplinaria (donde se sientan Garzón y Sanabria) consideran que el veredicto de agosto pasado es suficientemente sólido para que los dos magistrados se marchen sin más. De hecho, esa decisión no solo produjo la empantanada carta de renuncia, sino también el posterior pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema que puso el tema en la agenda la semana pasada cuando se consideró inocua una decisión de Garzón y Sanabria que pretendía dar luz verde sobre un lujoso apartamento incautado a un narco. Para comprender el quid del tema hay que ir un poco más atrás.

Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2019 cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla negó las pretensiones de un incidente que solicitaba revocar las medidas cautelares que pesaban sobre un apartamento cuyo propietario era el jefe paramilitar extraditado Miguel Ángel Mejía, alias El Mellizo. La decisión fue apelada por dos personas que aseguraban haber sido compradores de buena fe del inmueble y así llegó a conocimiento de la Sala Penal de la Corte. Allí se ratificó lo decidido en primera instancia y los afectados optaron por interponer una acción de tutela en contra de la providencia aduciendo que se les vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Sufrirían nuevamente un traspié en el Consejo Seccional de la Judicatura en donde sus reclamos no tuvieron acogida. No les quedaba otra que desistir o impugnar y se la jugaron por la segunda. Agotaron su último cartucho cuando su caso aterrizó en la Sala Disciplinaria de la Judicatura y sorpresivamente consiguieron lo que tanto buscaban. Con ponencia de Pedro Alonso Sanabria, la Sala concedió el amparo a los derechos en cuestión y ordenó a la Corte Suprema cancelar las medidas cautelares tras concluir que estas constituían un “trato discriminatorio” y una “amenaza al derecho de propiedad” de los accionantes.

En este tipo de situaciones, cuando un órgano judicial interviene en una decisión de otro a través de un fallo de tutela, la actuación se remite a la Corte Constitucional para una posible revisión y lo determinado en la tutela prevalece. Sin embargo, en esta ocasión no sucedió y esa fue la primera de las varias particularidades que tiene este caso.

La Sala Penal de la Corte Suprema, al ser notificada de la decisión de la Sala Disciplinaria, en un auto breve pero punzante, resolvió que el fallo que ordenaba entregar el apartamento a los reclamantes carecía de legitimidad. Y aún más. Los penalistas solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que considerara investigar a los ciudadanos Sanabria y Garzón por los posibles delitos en que hayan podido incurrir al perpetuarse en su cargo y usurpar funciones públicas. La decisión fue suscrita unánimemente por los nueve togados de la Sala Penal, con ponencia del magistrado José Francisco Acuña.

La desconfianza alrededor de Sanabria y Garzón no es nueva, ni exclusiva de la Sala Penal. Todo mundo en la rama judicial sabe que el periodo de los magistrados es de ocho años, tal como lo dice la Constitución. Y el de ellos acabó hace cuatro. Pero los “magistrados eternos” insisten en conservar el puesto abrazando un enredo legal que tiene su origen en la reforma de equilibrio de poderes que se tramitó en el Congreso en 2015.

En ese momento, el Legislativo acordó la disolución de la Sala Disciplinaria y la creación de su reemplazo: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Pero el entonces presidente Juan Manuel Santos presentó las ternas de candidatos y los actos administrativos con los que abrió la convocatoria fueron demandados ante el Consejo de Estado. El Alto Tribunal anuló lo avanzado y afirmó que se necesitaba expedir una ley estatutaria para realizar la convocatoria. De esta forma el fin de Sala Disciplinaria quedó en veremos, y Sanabria y Garzón se han aferrado de eso para seguir ejerciendo y devengando, como magistrados.

El asunto volvió a revivir a finales del mes de agosto. La Corte Constitucional emitió un pronunciamiento que dejó sin piso la sentencia del Consejo de Estado, al que acusó de generar un “bloqueo institucional” con su decisión, y fijó como límite el fin de año para que la Comisión de Disciplina Judicial quede constituida. Igualmente, cuestionó la exigencia de una ley estatutaria que “favoreció que los periodos de algunos magistrados se extendieran más allá del término previsto constitucionalmente”. Era un mensaje con dos únicos destinatarios: Sanabria y Garzón. “Toda ampliación del periodo de los magistrados de las Altas Cortes es inconstitucional”, concluyó el fallo.

Esa sentencia es el argumento fundamental de la providencia del magistrado Acuña y sus pares de la Sala Penal de la Corte Suprema al momento de señalar de inocua la decisión de la Sala Disciplinaria. En su criterio, Sanabria y Garzón son “exmagistrados” porque su periodo se cumplió hace años y por tanto no hay forma de que el fallo de tutela que anuló las medidas cautelares sobre los bienes de El Mellizo cumpliera con los requisitos básicos de deliberación y decisión.

Pero Sanabría y Garzón también resultan tóxicos para sus propios compañeros. Los magistrados de la Sala Disciplinaria Magda Acosta y Camilo Montoya salvaron su voto y Carlos Cano se ausentó con excusa. Eso quiere decir que el visto bueno de la ponencia lo dieron los cuatro magistrados restantes, pero bajo el entendido de que Sanabria y Garzón no ostentan más esta posición, se deduce que cuenta solo con el aval de dos de ellos. “El proyecto, entonces, solo fue votado favorablemente por dos funcionarios, de manera que no alcanzó el número mínimo de cuatro votos para su aprobación y, por ende, para adquirir la naturaleza jurídica de sentencia”, dice el auto de la Sala Penal. Y renglones más adelante pide a la Fiscalía que tome cartas en el asunto en caso.

Sanabria y Garzón en varias ocasiones han advertido la situación anómala en que se encuentran. Pero a diferencia de todos los magistrados del país que una vez concluyen su periodo se van, ellos han optado por elevar consultas. En 2016, a punto de completar sus ocho años reglamentarios, preguntaron a la Casa de Nariño cómo proceder ya que aún no se había creado la Comisión de Disciplina Judicial. La respuesta de la secretaria jurídica de Presidencia, Cristina Pardo, hoy magistrada de la Corte Constitucional, fue que debían permanecer en sus labores hasta que se designaran sus reemplazos. En el mismo sentido respondió el entonces presidente del Congreso, Mauricio Lizcano.

Pero es obvio que esas respuestas fueron provisionales suponiendo que los relevos se nombrarían en cuestión de meses. Eso bien lo entendieron otros magistrados que sí dejaron la Sala Disciplinaria una vez terminó su periodo como María Lourdes Hernández. La propia Corte Suprema de Justicia, conformada por 23 magistrados, el año pasado entró en una situación sin precedentes cuando se trabó el mecanismo de nombramiento de los sucesores. Llegó a estar reducida a tan solo 15 togados. Fue un momento crítico, pero a ningún jurista se le ocurrió la vergüenza de quedarse un día más después de cumplido el periodo.

Por todo eso, para muchos el compromiso radical de Sanabria y Garzón con el cargo tiene que ver más con el salario de casi 38 millones de pesos que devengan, y los puestos de que disponen. Cada despacho tiene asignados tres magistrados auxiliares, tres auxiliares judiciales y un oficial mayor, además del personal de secretaría. También cuentan con una camioneta blindada y esquema de seguridad.

Y a eso hay que sumar la burocracia nacional de la que pueden participar y hasta controlar si ejercen la presidencia de la corporación. Ahí entran en juego los cargos de magistrados seccionales, los nombramientos en provisionalidad y la bolsa de empleados que laboran en dichas seccionales. Garzón fue presidenta en su periodo oficial y repitió una vez después de los ocho años, mientras que Sanabria ha sido tres veces presidente luego de terminado su periodo. La gran paradoja es que el problema está enquistado en la Sala Disciplinaria, es decir, en el órgano encargado de castigar a los abogados y empleados de la rama judicial que se pasan de vivos.

El próximo miércoles, a las 3 de la tarde, la Sala Disciplinaria tendrá reunión de pleno. Como lo más seguro es que para entonces aún no habrá una respuesta oficial del congreso a la carta de renuncia de Garzón y Sanabria, hay un sector de magistrados compañeros de los togados eternos, que está proponiendo medidas de choque. Este grupo considera que después del pronunciamiento de la Corte Constitucional y de la Sala Penal con llamado a la Fiscalía, la Judicatura debe también tomar cartas en el asunto. Y están considerando encontrar algún mecanismo bien para tratar de marginar a los llamados magistrados eternos o hacer que el Congreso tramite con urgencia la misiva. En los próximos días se sabrá qué alternativa se plantea para tratar de poner fin a la bochornosa situación que afecta la imagen de toda la rama.

Esta es la carta de renuncia cuyo trámite está empantanado: