F. F. A. A.

El de 1983 fue un año especialmente difícil para el ejército colombiano. Aunque la ley de amnistía, promulgada a fines de 1982, permitía anticipar un período de relativa calma en el enfrentamiento con la subversión, apenas comenzaba el nuevo año cuando ya era evidente que muchos de los cabecillas de la guerrilla se habían acogido a sus beneficios para recuperar la libertad y regresar velozmente a la clandestinidad.
Ello determinó, en el seno de las Fuerzas Militares, un clima de insatisfacción, fruto de la impresión de que todo el esfuerzo realizado en defensa de las instituciones estaba quedando convertido en una gran derrota política para el ejército. Pero además, muchos sectores progresistas, que veían al Presidente de la República como un hombre resuelto a hacer la paz, acusaron sistemáticamente al ejército de ser el principal obstáculo de sus buenos propósitos. Caminando sobre esta cuerda floja, sin embargo, los militares colombianos dieron a lo largo del año ejemplo de mesura y de acertado sentido político, que impidió que finalmente se produjera el temido rompimiento entre el poder civil y el militar.
Aunque dicho rompimiento, efectivamente, no llegó a producirse, 1983 si distanció al ejército y al ejecutivo en diversas oportunidades. La primera de ellas cuando el procurador Carlos Jiménez Gómez, hizo pública una lista de militares supuestamente vinculados al MAS, acusación que alcanzó su clima más dificil con el llamado "Caso Velandia", en defensa de quien los militares donaron un día de sueldo como muestra de solidaridad.
Por esos días salió publicado en la revista de las Fuerzas Armadas uno de los cinco editoriales que el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, escribiría durante el curso del año, destando gran controversia. En aquella oportunidad, como en las siguientes, las palabras de Landazábal fueron equivocadamente interpretadas por muchos sectores de la opinión pública como un anuncio de que el ejército daba por terminado el compás de espera que le había concedido a la ley de amnistía, y de que desataría una ola represiva que dejaría sumido al país en uno de los momentos más violentos de su historia.
Otro momento conflictivo para las Fuerzas Armadas se produjo con las acusaciones de que estaban adelantando procedimientos militares al margen de la ley. Por un lado, y de manera insistente durante el curso del año, se criticó su participación en el caso de Gloria Lara, y se llegó a mencionar la existencia de un "Estado de Sitio sin Estado de Sitio". Por otra lado, los curas párrocos de Remedios y Segovia -dos puntos neurálgicos del Magdalena Medio donde se viviá un permanente clima de guerra civil- otorgaron impactantes declaraciones que vinculaban a algunos mandos medios del ejército con las matanzas allí ocurridas. Una investigación adelantada conjuntamente por autoridades civiles y militares se inició de inmediato, pero a finales del año aún no había culminado.
Nuevamente las relaciones con el ejecutivo se tornaron especialmente delicadas cuando en el mes de octubre se produjo el famoso "Encuentro en Madrid" del Presidente con el M-19, que aparentemente tomó al ejército por sorpresa pero que tampoco desencadenó la temida tempestad.
Al finalizar el año, con 83 bajas, la situación para el ejército colombiano no parecía mas fácil que la que había vivido durante los doce meses anteriores, y por parte de algunas de sus mas altas jerarquías se produjeron significativos pronunciamientos que apuntaban todos en la misma dirección: "durante 1984 el ejército continuará su lucha contra la subversión, y seguirá utilizando las armas cuantas veces sea necesario con el fin de preservar la tranquilidad en todos los sectores del país".