NACIÓN
Fueron ocupados 87 inmuebles con fines de extinción de dominio en Barranquilla
Varias de las propiedades se encontraban en un centro comercial en la ciudad de Barranquilla.
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Las propiedades ubicadas en Barranquilla fueron ocupadas por la Fiscalía con fines de extinción de dominio. Se trata de 87 inmuebles y una sociedad avaluados en 220.000 millones de pesos. Al parecer, fueron administradas y vendidas irregularmente por el entonces depositario, Camilo Bula Galiano.
La toma la realizó la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, de la Fiscalía General de la Nación y de acuerdo con lo informado, los bienes pertenecen a la sociedad Eilat y formaron parte de la sociedad comercial Promociones y Construcciones del Caribe Ltda. Cabe señalar que Bula Galiano actualmente está condenado por desfalco a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Varias de las propiedades ocupadas se encontraban en un centro comercial de Barranquilla, y fueron afectadas con medidas cautelares por el Juzgado Cuarto de Circuito de Descongestión de Bogotá, en 2005. Dos años después, esta determinación fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá.
De acuerdo con las investigaciones ejecutadas por la entidad, Bula Gaiano asumió la administración de los inmuebles y aparentemente los vendió en bloque sin acatar el manual dispuesto por el Estado para la venta y enajenación de bienes de la DNE.
Por otro lado, se evidenció que se diseñó una estrategia ilegal para generar un avalúo muy por debajo del precio real de los bienes, direccionar la subasta definida para la venta y favorecer a un grupo determinado de compradores.
Esta actividad habría ocasionado un detrimento patrimonial cercano a los 23.000 millones de pesos, para la época de la transacción. Motivo por el cual la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio volvió a imponer medidas cautelares sobre las propiedades, que quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Extinción de dominio a inmuebles en Quindío usados para explotación sexual de menores
La Fiscalía General de la Nación ocupó cinco inmuebles en el departamento de Quindío, con fines de extinción de dominio, que habrían sido utilizados por una red delictiva para la explotación sexual de menores de edad.
Dichas propiedades corresponderían a moteles y otro tipo de bienes ubicados en inmediaciones de los municipios de Armenia y Montenegro, “en los que, al parecer, se ejercieron las actividades ilegales con adolescentes”, según señaló el ente investigador.
“La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre cuatro inmuebles rurales y un establecimiento de comercio, cuyo avalúo supera los $ 9.000 millones”, dijo la Fiscalía.
Las personas involucradas en los hechos son Nubiola de Jesús Valencia Mejía y Andrés Cadavid Montaño Hernández, quienes vienen siendo investigados por delitos de demanda sexual con menores de 18 años, proxenetismo y concierto para delinquir. La Fiscalía señaló que los inmuebles afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Tiempo atrás, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General ocupó con fines de extinción de dominio otros tres inmuebles y seis establecimientos de comercio ubicados en Yopal (Casanare), que habrían sido utilizados o adquiridos por una red de trata de personas.
Los bienes, cuyo valor supera los $ 300 millones, fueron ocupados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro). Las investigaciones permitieron conocer que las propiedades formarían parte del patrimonio de Isabelina Fonseca Rosas, alias Rosas, presunta cabecilla de la estructura criminal.
Esta mujer, junto a sus hijos y otros conocidos, supuestamente reclutaba jóvenes y menores de edad en los pasos fronterizos con Venezuela, las convencían de aceptar trabajos como meseras en Yopal y, posteriormente, las obligaban a ejercer actividades de tipo sexual en medio de posibles amenazas y chantajes.
Por estos hechos, alias Rosas y otras nueve personas fueron capturadas y judicializadas en diciembre de 2020, en un proceso adelantado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía.
