El Gobierno de Gustavo Petro le salió al paso a las quejas que interpuso la Red de Veedurías Ciudadanas en la Procuraduría y en la Contraloría, alertando que el Consejo del Fondo de Salud para la Población de la Libertad habría implementado un modelo de atención con único operador sin conocer estudios técnicos, jurídicos y financieros que respalden esa decisión.
Frente a esa delicada advertencia, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció: “La decisión preliminar del Ministerio de Justicia es terminar los contratos de salud bajo todos los anteriores argumentos fácticos y jurídicos”.
La orden del presidente de la República, que mis antecesores engavetaron, es garantizar que toda la población privada de la libertad esté protegida y dentro del régimen subsidiado de salud.
— Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) February 10, 2026
En nuestra consideración, y así se encuentra en estudio, la contratación de los actuales…
El ministro encargado y también secretario de Transparencia reconoció que la contratación de los actuales operadores de la salud para los privados de la libertad en Colombia se hizo por fuera de las competencias del Fondo Fiduciario y sin consultar al alto gobierno.
Por eso, anunció como decisión preliminar la cancelación de todos los contratos, pues también reveló: “He verificado un número importante de incumplimientos en la prestación de servicios de salud por parte de los operadores que atienden a las personas privadas de la libertad. Situación de la que es responsable la Fiduprevisora por ser el supervisor de estos contratos”.
Con esas advertencias, el ministro (e) Idárraga le hizo un llamado a todas las personerías municipales para que compartan los informes que han adelantado sobre la garantía del derecho humano a las personas privadas de la libertad.
¿Pulla a los anteriores ministros de Justicia?
El mensaje de Andrés Idárraga no solo se quedó en esa decisión que podría afectar el servicio de salud a los privados de la libertad, sino que también se pronunció sobre la gestión de sus antecesores, y criticó que omitieran lo que sería una orden presidencial.
Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en un megaoperativo en 127 cárceles del país. El ministro de Justicia acompañó los procedimientos en la cárcel La Picota, en Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/GU2L4743Y0
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 28, 2026
“La orden del presidente de la República, que mis antecesores engavetaron, es garantizar que toda la población privada de la libertad esté protegida y dentro del régimen subsidiado de salud”, dijo el ministro de Justicia (e) en su cuenta de X.
Bajo la administración de Petro, han pasado por el Ministerio de Justicia reconocidos abogados como Néstor Osuna, Ángela María Buitrago y Eduardo Montealegre, quienes tuvieron que enfrentar al frente de la cartera graves problemas humanitarios en las cárceles del país por el hacinamiento, la falta de garantías y deficiencias en la prestación de servicios como la salud.
