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| 4/13/2019 10:00:00 PM

El Pacífico no tan pacífico

Desde Chocó hasta Nariño, los departamentos del occidente del país sufren oleadas de violencia con graves consecuencias, especialmente las zonas más abandonadas por el Estado.

Gobierno de Iván Duque: ¿Qué está pasando con la seguridad en el pacífico? Cali sufre por las vendettas de mafiosos que regresaron de Estados Unidos después de pagar sus condenas.

El balance no podía ser más dramático. En solo una semana se presentaron nueve atentados contra miembros de la fuerza pública con un saldo de ocho muertos y 24 heridos; dos desapariciones forzadas, una explosión en la que murieron ocho indígenas, el desplazamiento masivo de mil nativos por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la voladura de un oleoducto. Todo esto en menos de ocho días.

Y todo ello sucedió en una misma región: el suroccidente colombiano, integrado por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. De la noche a la mañana pasaron de una aparente calma tras la firma del acuerdo de paz con las Farc a transformarse en el eje de una espiral criminal que viene en aumento y parece no detenerse.

Comunidades enteras han quedado confinadas en sus territorios porque no logran salir de la intensidad de los combates.

Por cuenta de esa nueva dinámica delictiva, acciones terroristas que los colombianos creían cosa del pasado volvieron a anular la tranquilidad ciudadana. Hasta las temidas vendettas mafiosas que llenaron de horror ciudades como Cali y Tumaco, o regiones como el norte del Valle, Nariño y el Pacífico caucano, retornaron con su huella sangrienta.

La zona más crítica en la actualidad es el departamento del Cauca, donde surgió un coctel explosivo por cuenta del paro indígena y los bloqueos sobre la carretera Panamericana. En medio de esa manifestación social hubo casi una docena de atentados en las últimas tres semanas que dejaron un patrullero del Esmad muerto y 12 uniformados heridos.

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Las autoridades creen que detrás de esos actos violentos están disidentes de las Farc. Pero no hay que olvidar que, desde el repliegue de esa guerrilla tras el proceso de paz, esa región del país se convirtió en el trofeo territorial que pelean a muerte con el EPL y ELN. De hecho, a esa disputa se le atribuye una de las masacres ocurridas este año. Sucedió en Miranda, Cauca, el 4 de marzo y en el hecho murieron cuatro personas, entre ellas dos mujeres, una de ellas en embarazo.

El punto más crítico ocurrió hace dos semanas cuando esos grupos armados ilegales dieron una muestra de su poder y capacidad para hacer daño al ejecutar en menos de 24 horas siete atentados en igual número de municipios caucanos, con un saldo de ocho uniformados heridos. Todos esos actos violentos sucedieron entre la madrugada del martes 26 de marzo y el miércoles 27 en los municipios de Caloto, Toribío, Santander de Quilichao, Miranda, Morales, Buenos Aires y Patía.

Los criminales detonaron una moto bomba al lado de una alcaldía, dinamitaron parte de la carretera Panamericana, estallaron otro artefacto junto a una estación de combustibles y hostigaron cuatro guarniciones policiales y militares. “Debo reconocer que estamos frente a un escalamiento de las acciones terroristas”, expresó Ricardo Cifuentes, secretario de Gobierno de Cauca.

El paro de los indígenas tuvo varios episodios violentos como ataques con bombas en vías, contra vehículos y propiedades.

La otra tragedia de la que poco se habla ocurrió en zona rural de Buenaventura, Valle. Esta vez murieron cuatro infantes de marina y un civil que desde el 17 de marzo estaban reportados como desaparecidos. Adelantaban una misión de inteligencia contra delincuentes que tenían azotada la zona de Punta Soldado, cerca de la desembocadura del río Raposo.

Desde entonces nadie volvió a saber de ellos, pero la semana pasada la Armada reportó el hallazgo de cuatro de los cuerpos sin vida en ese sector y días después la Fuerza Naval del Pacífico confirmó en un comunicado que los cadáveres corresponden al subteniente John Alexánder Lemos Chamorro y los infantes Darwin Quintero Hurtado, Herney Estacio Sinesterra y Óscar Andrés Venté Cundumí. “(…) de acuerdo con el informe de Medicina Legal, los cuerpos presentan heridas por arma de fuego y corto punzante”, aseguró la institución en un boletín oficial.

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La inseguridad en Buenaventura no es un tema nuevo y se recrudeció de tal manera que a comienzos de año el ministro de Defensa, Guillermo Botero, lideró un consejo extraordinario de seguridad para mitigar la ola de violencia disparada en el puerto por la puja territorial entre bandas criminales que revivieron las balaceras entre comunas y desplazamientos intraurbanos.

“Sobre ellos trazamos toda una estrategia conjuntamente con Infantería de Marina y Policía Nacional para desmantelar esas organizaciones criminales” señaló el ministro, tras recordar que a Buenaventura llegará un refuerzo policial que incrementará su pie de fuerza en un 30 por ciento.

Justamente el crimen organizado alrededor del narcotráfico ha golpeado con especial fuerza a ese departamento y en especial a su capital, Cali. Si bien este año los homicidios se redujeron en un 20 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado, los delitos de impacto siguen atemorizando a los caleños.

Por ejemplo, hace dos semanas las autoridades atendieron el incendio de un automóvil en las afueras de la ciudad, pero cuando llegaron al sitio de la emergencia descubrieron que tenía el cuerpo de una mujer en su interior. Empeoraron el ambiente ese macabro hecho y el rapto de otra mujer a la que hicieron abordar por la fuerza un vehículo más la misteriosa desaparición desde el 20 de enero de la joven caleña Andrea Arboleda, cuya camioneta apareció días después en zona rural de Toribío, Cauca.

Este año van nueve mujeres asesinadas en la capital del Valle, lo que ha alarmado a la comunidad, pero las cifras de homicidios disminuyeron un 20 por ciento en lo corrido de 2019. Para Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, sobre todo se disparó el robo de automotores. “Cali está mejorando en todos los indicadores”, aseguró.

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Sin embargo, una fuente que trabaja en temas de derechos humanos en el Valle y pidió omitir su nombre resaltó la importancia de contener el fenómeno del narcotráfico que crece en el área metropolitana de Cali, en especial Jamundí y su zona rural. “Allá se está configurando todo un cartel que cuenta con el esquema desde el cultivo, producción y tráfico, con los efectos violentos y el impacto social y político que ello acarrea”, explicó la fuente.

Las comunidades indígenas del Chocó padecen el otro drama de esta nueva espiral violenta. Desde hace varias semanas los organismos de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo vienen alertando sobre el confinamiento en el que se encuentran al menos un millar de nativos de las etnias jagual y marcial, cuyos resguardos quedan en zona rural de Riosucio.

Ellos resultaron en medio del fuego cruzado entre el Clan del Golfo y el ELN. Para empeorar la situación, sembraron la zona con minas antipersonal, lo que impide que las comunidades se muevan, con lo que ocasionan el desabastecimiento de alimentos que ya causó la muerte de niños indígenas, según denunció la propia etnia.

En esa estela violenta no podía faltar Tumaco, Nariño, considerado el santuario cocalero del país, porque allí se concentra el 15 por ciento de los cultivos ilícitos; 24.000 hectáreas. El 23 de marzo murieron asesinados allá los soldados profesionales José Tirson Mosquera Hurtado, Iván Darío Luna Loaiza y Jesús Manuel Lozano Ortiz.

El hecho sucedió en la vereda Mata de Plátano durante una emboscada con explosivos ejecutada por disidentes de la columna Óliver Sinisterra, la misma que lideraba el abatido alias Guacho. Esa misma semana las autoridades dieron de baja a alias Guadaña, considerado el cerebro de las acciones terroristas con explosivos de ese grupo disidente.

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El otro frente de inseguridad en Nariño corre por cuenta de los atentados contra los 306 kilómetros del oleoducto Trasandino. Solo este año esa red ha sufrido cinco ataques, el más reciente el pasado 23 de marzo en zona rural de Ricaurte.

En medio de ese oscuro panorama en materia de inseguridad, un elemento común salta a la vista a lo largo de esos cuatro departamentos: el narcotráfico.

Eso lo tienen claro las autoridades y lo prueba que, desde la Policía, pasando por el Ejército y hasta la Armada, cuentan con informes de inteligencia que llegan a la misma conclusión: Chocó, Valle, Cauca y Nariño presentan ‘santuarios naturales’ para el cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína. Y los nuevos actores armados se pelean a muerte esos corredores y de paso tienen patas arriba la seguridad en el suroeste colombiano. 

EDICIÓN 1962

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