Acaba de terminar un semestre legislativo raro. Por un lado, los resultados electorales de marzo determinaron una composición sin precedentes en la Cámara y el Senado. El Centro Democrático demostró que, aunque es un partido nuevo, se está posicionando. Los liberales, los conservadores, La U y Cambio Radical ratificaron que su vigencia depende del comportamiento electoral de las regiones. Y los independientes, encabezados por la Alianza Verde, el Polo Democrático y la Lista de la Decencia, aumentaron su representación. La Farc se estrenó en la política con cinco senadores y cinco representantes.
En marzo entraron al Congreso varios pesos pesados que, además de impulsar las listas, elevaron el tono del debate político. En representación de la derecha, el gran elector fue Álvaro Uribe; en el centro, Antanas Mockus, y en la izquierda, Jorge Enrique Robledo. A esas figuras se suma la de Gustavo Petro, quien llegó al Senado por la norma aprobada en 2014 que establece que el perdedor de la segunda vuelta presidencial tiene derecho a una curul.
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También generó un revolcón la puesta en marcha del Estatuto de la Oposición, que por primera vez obligó a los partidos a declararse independientes, en oposición o gobiernistas. Esa decisión generó cambios, por ejemplo, en los acuerdos tradicionales para elegir mesas directivas.
El gobierno también contribuyó a las nuevas dinámicas. El presidente Duque asumió de una manera tan radical el discurso antimermelada, que con tal de comunicar una ruptura con la política tradicional dejó a todos los partidos –excepto el suyo propio— sin puestos.
Finalmente, en términos de dinámica política hubo otro cambio de perspectiva del comportamiento parlamentario. Después de estar casi ocho años en la oposición, el uribismo volvió al gobierno. Con ello el Centro Democrático tuvo que repensar sus estrategias y pasar de hacer una oposición descarnada a defender la gestión del Ejecutivo.
En medio de tantos cambios, al gobierno no le fue del todo bien. En parte porque su agenda inicial fue “mínima” y en parte porque decidió no intervenir en el curso que sus iniciativas llevaron en el Congreso. Con algunas iniciativas tuvo suerte, con otras terminó por ceder a las propuestas de los congresistas y varias quedaron en vilo o se hundieron.
Entre las que pasaron se destaca la que busca acabar la conexidad entre el delito político, el narcotráfico y el secuestro. No es claro que esta conexidad existiera, puesto que el tráfico de drogas y el secuestro no son hoy en día amnistiables. Pero Senado y Cámara le compraron la idea al gobierno y generaron así nuevas condiciones para cualquier eventual negociación de paz. En particular con el ELN, la única guerrilla que sobrevive en Colombia después de la firma del acuerdo con las Farc.
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Ligada a la anterior, pasó la prórroga de la Ley de Orden Público. El Congreso aceptó elevar a “zonas de intervención estratégica”, las zonas de alta criminalidad. No obstante, ratificó que la posibilidad de iniciar una negociación es potestad del presidente y no del Consejo Nacional de Seguridad, como –según varios parlamentarios—lo consagraba la iniciativa inicial.
No corrieron con la misma suerte reformas estructurales como la de la justicia, que empezó con pie izquierdo. Casi el mismo día que la ministra Gloria María Borrero la radicó, la senadora Paloma Valencia presentó otra con el apoyo de Álvaro Uribe. Finalmente, la senadora retiró el proyecto pero su bancada formuló críticas frente a la poca socialización de la iniciativa en el Centro Democrático.
El proyecto también recibió críticas de otras bancadas, como la de Cambio Radical. A pesar de que Germán Vargas había concertado con Álvaro Uribe varios aspectos de la reforma, sus congresistas criticaron al final la iniciativa después de denunciar que el gobierno los había “plagiado” en el texto. Rodrigo Lara, de ese mismo partido, insistió en que el tribunal de aforados contemplado no iba a ser elegido de una manera parcial y también atacó fuertemente los eventuales cambios de procedimiento en la elección de fiscal. Las mayorías tumbaron la idea de acabar el Consejo Superior de la Judicatura, otro de los ejes de la reforma que terminó hundido en la Cámara, presidida por el controvertido liberal Alejandro Carlos Chacón.
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Algo parecido sucedió con la Ley de Financiamiento. Después de que el ministro Alberto Carrasquilla superó un difícil debate de moción de censura hecho por la oposición sobre su responsabilidad en el programa de bonos de agua, la principal piedra en el zapato fue la posición inicial del Centro Democrático. Bajo el liderazgo de Uribe, esta bancada se opuso de manera rotunda a la propuesta de gravar con IVA el 80 por ciento de la canasta familiar. A la oposición se sumaron La U, los conservadores, el Mira, Cambio Radical y la oposición, y el gobierno tuvo que buscar fórmulas contrarreloj para generar recursos que permitan tapar un déficit presupuestal de 14 billones de pesos. En esa búsqueda, el Congreso se encargó de encontrar las alternativas que quedaron consagradas en un proyecto que perdió su hilo inicial. Para salvar la tributaria, el gobierno retiró el controvertido proyecto del MinTic que proponía nuevas reglas del sector de telecomunicaciones.
Duque ha anunciado que a comienzos de 2019 se reunirá con todos los partidos para impulsar la agenda
La Ley de Financiamiento terminó aprobada en el último respiro de la legislatura. Sin embargo, quedaron dudas sobre su legalidad. Según algunos, antes de que la Cámara la votara el último día de sesiones, se requería que el texto previamente votado por el Senado saliera publicado en la Gaceta del Congreso, lo cual solo sucedió en la versión online. Germán Vargas anunció que demandará la Ley por posibles vicios de forma y procedimiento. Otros congresistas harán lo mismo. Si esta se hunde, el gobierno tendría que volver a presentarla.
La reforma política también perdió su esencia en el camino. Si bien logró sobrevivir, se quedó sin corazón (Ver artículo). En la medida en que los congresistas no eliminaron el voto preferente, tampoco aprobaron la financiación totalmente estatal de las campañas, ni la paridad entre hombres y mujeres en las listas.
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Finalmente, están los proyectos derivados de la mesa anticorrupción citada a comienzos del gobierno que, en su mayoría, recogieron las iniciativas planteadas en la consulta popular del 26 de agosto. Parte de ellos está en trámite, al igual que la Ley de Probidad propuesta entre el Ejecutivo y la Procuraduría. Sin embargo, hasta ahora solo ha pasado el referente a la permanencia por máximo tres periodos de los servidores elegidos por votación popular, que está incluido en la reforma política. Sigue viva, también, la ley para levantar la reserva de la declaración de renta de los funcionarios. No obstante, la senadora Angélica Lozano ha insistido en que esta ha perdido fuerza en la medida en que establece que solo las autoridades fiscales, tributarias y órganos de control, y no cualquier ciudadano, pueden tener acceso a esa información.
La ministra Nancy Patricia Gutiérrez ha dicho que la agenda legislativa del gobierno no ha fracasado, en respuesta a críticas que han venido incluso del Centro Democrático. También ha anunciado que a comienzos de año reunirá a todos los partidos para deliberar sobre los temas que están en curso y otros nuevos. Tal vez esa sea la oportunidad para generar una nueva sintonía entre el mundo político y el Ejecutivo, que por falta de mermelada, problemas de liderazgo, una nueva composición del Congreso, el cambio de normas en la política y otros factores, durante el primer semestre poco existió.
