Otra víctima deja la pelea sin fin por la tierra en Cauca

El silencioso problema de la tierra en Cauca volvió a cobrar vidas. Javier Oteca es el nombre del líder comunero que murió en confusos hechos en la hacienda Miraflores -Quebrada la Seca- donde después de dos años, indígenas del cabildo López Adentro mantienen viva la lucha por la tierra prometida.

Durante la protesta de ocupación que realizó la comunidad este miércoles se dio el incidente que desencadenó en la muerte del indígena de 44 años oriundo de la vereda Santa Elena. El caso, que sucedió a la 1:40 de la tarde el pasado 22 de marzo, es materia de investigación judicial. 

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El día que sucedieron los hechos se escucharon unos disparos al aire que se habrían presentado en el momento de una discusión. Mientras para la comunidad una de esas balas fue la que le quitó la vida a Oteca, hay otras versiones que señalan que tras la reacción del personal de seguridad del sector se "detonó lo que habría sido otra papa bomba, dentro del grupo atacante, y al parecer uno de los integrantes del grupo invasor murió como efecto de la explosión”.

El episodio caldeó los ánimos y en lugar de enfriar la acalorada discusión terminó en la retención de seis empleados del ingenio que se encontraban en el lugar y que fueron trasladados a La Esmeralda. La Defensoría del Pueblo y la ONU fueron claves a la hora de evitar que escalará más la situación y en cuestión de horas fueron trasladados a la Policía de Corinto para, según ellos, facilitar la investigación técnica del CTI.

"Con peinillas, machetes y rocas en mano le dijeron a la Policía que se fueran que no querían problemas con ellos. Por eso fue que ellos no hicieron nada. Uno de los empleados se resistió y le pusieron una peinilla en el cuello", manifestó una fuente a Semana.com.

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Por eso fue que la entrega vino con una cláusula: una audiencia pública que se realizaría este viernes para esclarecer la muerte de Oteca y que la "misma comunidad no permitió que se hiciera". Los intereses de los indígenas de Cauca y Nariño desde hace meses genera una confrontación institucional que hace necesario definir hasta dónde va la autonomía constitucional de esos pueblos.

Van más de dos años desde cuando indígenas de la comunidad Nasa lideran la minga, que también es una protesta contra el Gobierno, para quedarse por la fuerza con miles de hectáreas de tierra planas que, según ellos, les pertenecen ancestralmente pero que legalmente son, desde hace décadas o siglos, de reconocidas familias o empresas de Popayán y Cali.

Ellos reclaman la violación de los derechos humanos a su comunidad, pues desde ocurrida la masacre del Naya en 2001, se firmaron con el Gobierno acuerdos para garantizar su seguridad, pero, por lo que han dicho, nada se ha cumplido.

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A esa situación se suma a las diferencias que hubo en el 2015 entre los indígenas y el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, sobre la exigencia de compra y entrega de 20.000 hectáreas de tierra que, han manifestado, les pertenecen ancestralmente.

"Nos solidarizamos con el resguardo indígena de Corinto, quien sufrió nuevamente el asesinato de un integrante de su comunidad. De igual manera, con todos los territorios que siguen siendo sometidos a los asesinatos sistemáticos de sus comunidades", manifestaron los voceros de un puñado de organizaciones que recogen insumos para la Ley de Garantías y Participación Política que se pactó en La Habana y que vienen realizando foros en Huila, Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla.

Esa es la razón por la que durante el encuentro que lideran las ONG Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y Cinep se exigió que se reformule "la política que estigmatiza; persigue y criminaliza a las organizaciones y movimientos sociales; defensores y defensoras de derechos humanos y expresiones organizativas de la ciudadanía (...) Hoy más que nunca, urgen las garantías para la participación política como una columna vertebral para la construcción de paz".