La dura denuncia de la exvicefiscal Martha Mancera contra el presidente Gustavo Petro por vincularla con la “Junta del Narcotráfico”

La extraña “Junta del Narcotráfico”, a la que el presidente Gustavo Petro le atribuye buena parte de los males del país y de la que no se tiene evidencia o prueba de su existencia, fue usada por el mandatario para vincular a la exfiscal encargada Martha Mancera, mientras aseguraba que tendría vínculos con un supuesto golpe de Estado y “hasta ‘torturar’ a familiares del primer mandatario”.

La exvicefiscal está en uso de buen retiro y, antes de terminar su administración, arrancaron —según una denuncia que presentó el Centro Jurídico de Derechos Humanos en Washington— los señalamientos del presidente Gustavo Petro en su contra y se extendieron ahora que es una “simple particular”.

“Martha Mancera ha sido arbitrariamente caracterizada como un agente político que instrumentalizó su cargo para desestabilizar al Gobierno, desinformar, dar un golpe de Estado y hasta ‘torturar’ a familiares del primer mandatario. Además de constantes ataques contra su honra y dignidad, el presidente y otros funcionarios han afirmado que Martha Mancera pertenece, o por lo menos es cómplice, de la ‘Junta del Narcotráfico’“, señala la denuncia que cursa contra el presidente.

Advierte el documento, con la denuncia en contra del presidente de la República, que asociar a la exvicefiscal con la llamada “Junta del Narcotráfico”, es básicamente vincularla con otras organizaciones criminales, justamente las que le están haciendo tanto daño al país y responsables de ataques asesinos como el ocurrido contra el senador Miguel Uribe Turbay.

“Por esa vía la ha asociado con el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y otros grupos armados organizados. Esas referencias a la ‘Junta del Narcotráfico’ también han implicado imputaciones del presidente por medio de redes sociales y medios oficiales que la relacionan con los magnicidios del fiscal Pecci de Paraguay, del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, de ‘esmeralderos’ asesinados por francotiradores y de un supuesto complot para asesinar al mismo primer mandatario”, advierte el documento.

Insisten en que, además de soportar los señalamientos y la vinculación con grupos criminales, desde la Fiscalía —la entidad a la que sirvió por más de 30 años en un cargo de carrera—, terminó forzándola a retirarse luego de una persecución laboral nunca antes vista contra un alto directivo de la entidad, como ocurrió en la administración de Luz Adriana Camargo.

“Todo esto ha sido acompañado de presiones indebidas y persecución laboral en la Fiscalía General de la Nación, entidad donde sirvió como funcionaria de carrera por casi tres décadas y bajo el mandato de varios fiscales generales. Esa misma entidad forzó su retiro y le quitó su esquema de protección por medio de un procedimiento administrativo que no permite conocer el informe de evaluación de riesgo”, se conoce en un comunicado.

Como si fuera poco, la vicefiscal se quedó sin esquema de seguridad, a pesar de los señalamientos, las intimidaciones y la estigmatización a la que se vio sometida, al punto que en la calle le increpan lo que por redes se difunde. La propia Fiscalía le hizo un estudio de seguridad cuyos resultados ni siquiera le fueron revelados.

“La Unidad Nacional de Protección, entidad que fue investigada por hechos de corrupción durante su periodo como vicefiscal, declinó estudiar su nivel de riesgo por supuesta falta de competencia. Entretanto, periodistas afines al Gobierno afirman que Martha Mancera ‘está negociando su sometimiento’ con la justicia de Estados Unidos ‘a cambio de delatar a miembros de la Fiscalía’”, advierte el comunicado.

El Centro Jurídico de Derechos Humanos les pide a las autoridades de Colombia adelantar las investigaciones necesarias por estos señalamientos, pero —sobre todo— garantizar la seguridad de la funcionaria, dado que a la fecha no tiene protección ni recursos para pagar vigilancia privada.