El pasado 31 de marzo, un grupo de soldados regulares adscritos al Batallón de Policía n.° 3, con sede en Jamundí, Valle del Cauca, se reunió para acordar la forma en que iba a sacar un arsenal de la base militar sin llamar la atención.
Días anteriores, los soldados habían hecho un trabajo de inteligencia interno con el fin de verificar las rutas de acceso al lugar donde se encontraban las armas y municiones.
Posteriormente, aprovechando una situación de fuerza mayor, ingresaron al lugar y retiraron un fusil y 35 cartuchos.
Este arsenal —como lo habían también ya acordado— le fue vendido a un grupo organizado del Valle del Cauca a cambio de 30 millones de pesos.
Un soldado denunció los hechos y el caso fue asumido por la Justicia Penal Militar. La Fiscalía 22008 Penal Militar y Policial recopiló los elementos materiales de prueba, entre estos los videos de las cámaras de seguridad y logró identificar a los dos soldados que ejecutaron el hurto.
En menos de 24 horas fueron capturados y presentados ante el Juzgado 1718 penal militar con función de control de garantías que les impuso medida de aseguramiento.
Un mes después, y teniendo en cuenta las pruebas y el reconocimiento de los hechos por parte de los procesados, se emitió una condena de 42 meses de prisión (3,5 años) por los cargos de hurto de armas y bienes de defensa.
En el fallo se advirtió que con estas acciones se puso en riesgo la seguridad de la región puesto que este grupo armado ilegal iba a utilizar estos elementos para atentar en contra la comunidad y los integrantes de la Fuerza Pública.
Así como la interdicción de derechos y funciones públicas por tres años y medio y la “separación absoluta” de la Fuerza Pública.
“Con la decisión se reafirma el compromiso de las diferentes instancias de la jurisdicción, para resolver con celeridad estos hechos que ponen en riesgo la seguridad de la Fuerza Pública y de la comunidad”, señaló Justicia Penal Militar.