Tres policías fueron imputados ayer por un fiscal especializado de derechos humanos por las irregularidades que el ente acusador encontró durante las investigaciones por la muerte de dos de sus compañeros en el Cauca.
La historia comenzó el lunes 26 de junio de 2017. Ese día, después de las 2 p. m., el intendente Jhon Jairo Martínez Martínez, el subintendente Fabián Ordóñez Cancimance y los patrulleros Yonier Alejandro Marín Millan, Iván Darío Ramírez Cardona y Víctor Manuel López Giraldo fueron encargados de los actos urgentes del asesinato de un menor de edad cometido en Almaguer, un municipio del sur del Cauca, en plena zona roja.
Los investigadores de la Sijín, vestidos de civil, emprendieron camino en una camioneta Dmax doble cabina de placas CWH 326.
Hacia las 6:10 p. m., cuando iban a mitad de camino, a la altura de la vereda El Recreo, en el municipio de La Vega, dos de ellos murieron producto de múltiples disparos. Eran el subintendente Ordóñez Cancimance y el patrullero López Giraldo.
Los otros tres, después de haber salido de la zona, rindieron testimonio de lo que ocurrió.
Dijeron que dos hombres a bordo de una motocicleta, armados con un fusil, los sorprendieron, los atacaron a tiros desde la parte delantera de la Dmax y eso produjo la muerte de sus compañeros. Ellos aseguraron entonces que se salvaron al repeler el supuesto ataque con los fusiles con los que estaban provistos para defenderse y sus pistolas asignadas, y que luego huyeron de la zona. La supuesta emboscada fue atribuida a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Sin embargo, la historia dio un giro inesperado a raíz de un informe de balística que determinó que los múltiples disparos que dieron muerte a los dos integrantes de la Sijín no fueron hechos desde afuera, sino que provinieron de la parte interior, donde estaban sus compañeros. De la misma manera, estableció ese informe que los impactos en los cristales de las ventanas también iban desde el interior de la camioneta.
SEMANA conoció un documento que reposa en el proceso que asegura: “Se pudo determinar dentro del caso que en ningún momento los disparos realizados presuntamente desde el exterior del vehículo en el que se desplazaban los integrantes de la patrulla de policía judicial impactaron al interior de dicho automotor”.
Es más, ese informe de balística permitió a los investigadores concluir que la muerte del patrullero López Giraldo, que iba al volante, y de Ordóñez Cancimance, que estaba en la cabina trasera justo al lado de la ventana derecha, “fue causada por compañeros de su institución en un caso de fuego amigo o, en el peor de los casos, un caso de falla del servicio como consecuencia del dolo y la intención de sus compañeros de trabajo”.
Durante nueve años, las familias de los dos policías han buscado justicia y una reparación por el dolor y daño causado.
Y solo hasta ayer se dio un gran paso. Los tres compañeros de los uniformados muertos fueron imputados por diferentes delitos.
Los patrulleros Iván Darío Ramírez Cardona y Yonier Alejandro Marín Millán, por homicidio culposo y en calidad de coautores, a título de dolo, los delitos de falso testimonio, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y fraude procesal.
Mientras que el subintendente Jhon Jairo Martínez Martínez, quien desde hace años vive en España y desde allá compareció, fue imputado por los delitos de falso testimonio, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y fraude procesal a título de dolo y en calidad de coautor.
Ninguno de los tres aceptó cargos y siguen en libertad, pues la Fiscalía no solicitó ni una orden de captura ni medida de aseguramiento para ellos.
A pesar de ese paso dado en la búsqueda de justicia para las familias de los dos uniformados, en sus cabezas aún rondan muchas preguntas, una de ellas es si la Fiscalía tendrá la capacidad de resolverlas.