La Procuraduría le pidió al MinSalud cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional: “No hay controversia”

Las decisiones de la Corte Constitucional, respecto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor anual que el Estado reconoce a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son, en criterio de la Procuraduría General de la Nación, cosa juzgada y no admite controversia alguna, por eso le piden al Ministerio de Salud atender las órdenes del alto tribunal.

Para el ministerio público no es un asunto menor garantizar el derecho a la salud de los usuarios, que se ve en riesgo ante la insistencia del Ministerio de Salud de ignorar las órdenes de la Corte Constitucional. Una oposición sin fundamento que los expertos, ni siquiera el alto tribunal, logran entender.

“La Procuraduría General de la Nación, en busca de asegurar el derecho fundamental a la salud de los colombianos, pidió al Ministerio de Salud y Protección Social cumplir con las órdenes y los lineamientos emitidos por la Corte Constitucional para reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor anual que reconoce el Estado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada uno de sus afiliados”, explicó la Procuraduría.

Advierten desde el Ministerio Público que en el seguimiento a las órdenes de la Corte Constitucional, respecto de la discusión que se adelanta con el Ministerio de Salud, lograron establecer de qué forma se ha ignorado los planteamientos de los magistrados y que pretende garantizar el servicio de salud.

“En la última sesión de las mesas de trabajo para el ajuste de la UPC, el Ministerio Público efectuó estricto seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para la sostenibilidad financiera del sistema de salud”, dijo la Procuraduría, tras insistir que no hay explicación para que el MinSalud mantenga esa posición.

El antecedente legal de esta discusión está en la sentencia T – 760, donde la Corte Constitucional declaró la insuficiencia general de la UPC para el año 2024, debido a que no cubría adecuadamente las necesidades de los servicios de salud de los afiliados y ordenó, además, corregir el rezago que se registra desde el 2021, para cubrir adecuadamente las prestaciones incluidas en el Plan Obligatorio de Salud.

“El órgano de control sostuvo que las decisiones para corregir este desbalance deben partir del consenso técnico y participativo de los integrantes de las mesas de trabajo sin desconocer la competencia del Ministerio de Salud y Protección Social”, señaló la Procuraduría a través de un comunicado.

Aunque el Ministerio Público advierte que lo discutido en la Corte Constitucional no admite controversia, pues se considera cosa juzgada, el Ministerio de Salud se mantiene e incumple las órdenes del alto tribunal. Lo que no queda claro, es de qué forma se puede exigir al Gobierno que respeten las decisiones de la justicia.