Los reparos de la Procuraduría sobre el proyecto de reforma penitenciaria del Gobierno Petro

Tal como SEMANA había informado, la Procuraduría General de la Nación presentó en la audiencia pública sobre el proyecto de Ley 336 de 2023, que se realizó en el Salón Bolívar del Capitolio Nacional, observaciones tendientes a la generación de soluciones que permitan resolver la crisis que se presenta en las cárceles y centros de detención transitoria del país.

Fue a comienzos de esta semana que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, llegó hasta la Secretaría de la Cámara de Representantes para radicar formalmente el proyecto de ley que busca humanizar la política criminal y penitenciaria. El alto funcionario del Gobierno estuvo acompañado del ministro del Interior, Alfonso Prada, y varios congresistas de la bancada del Pacto Histórico.

Se trata del Proyecto de Ley 336 “por el cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas institucional y se dictan otras disposiciones”. El ministro Osuna ya le puso su firma para que sea empezado a discutir por los parlamentarios. La iniciativa fue recibida por el secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, y el presidente de la Cámara, David Racero.

El Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, entregó un decálogo en el que se sugiere al Gobierno nacional incluir temas cruciales como lo dispuesto por la Corte Constitucional en la SU 122 de 2022, en relación con las obligaciones de los entes territoriales en la ejecución de la política penitenciaria, los compromisos del Estado en materia de Derecho Internacional y la necesidad de recursos adicionales para el Inpec, la rama judicial y otras instituciones.

Uno de los puntos que generará discusión entre los parlamentarios es el que contempla que en los eventos de concurso o acumulación jurídica de penas, es decir, cuando se junten penas por varios delitos, la pena privativa de la libertad no podrá exceder los 50 años, ya que actualmente es de 60. Esto fue confirmado por el ministro Osuna.

El decálogo del Ministerio Público

1. Fortalecer a las autoridades judiciales encargadas de resolver las solicitudes de prisión domiciliaria y otros subrogados.
2. Incluir la línea jurisprudencial que fijó la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 122 de 2022 respecto del estado de cosas inconstitucionales al sistema penitenciario extensivo a las Estaciones de Policía.
3. Dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 06 de 2018 y solicitar concepto previo al Ministerio de Hacienda sobre los recursos necesarios para implementar la reforma.
4. Atender el llamado de la Corte Constitucional sobre incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos y medidas necesarios para superar la crisis carcelaria
5. Tener en cuenta la tensión que existe entre los compromisos adquiridos internacionalmente por el Estado Colombiano en la lucha contra la corrupción, crímenes internacionales y en especial protección a los niños, niñas y el otorgamiento de subrogados penales a personas condenadas por estos delitos.
6. Considera el ente de control que la concesión de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos como crímenes de lesa humanidad y de guerra podría reñir con el estatuto de roma y la Corte Penal Internacional.
7. No se comparte la posición del Gobierno en cuanto a la prohibición de imputaciones por concierto para delinquir y terrorismo cuando los hechos se presentan en el marco de manifestaciones. La manifestación o protesta social NO es delito, pero la limitación constituye una clara e injustificada injerencia en la labor del ente acusador y de los jueces, limitando el juicio razonable a la hora de realizar la subsunción de las conductas en tipos penales.
8. No estamos de acuerdo con la eliminación del delito de inasistencia alimentaria, ya que no se puede ignorar el contexto social del país y sus efectos en la sociedad, este tipo penal defiende la perspectiva de género y la protección de la niñez.
9. En aras de lograr que esta reforma funcione, se deben asignar nuevos medios tecnológicos y recursos para modernizar establecimientos penitenciarios y carcelarios.
10. Se deben incluir medidas de fortalecimiento al Inpec para la vigilancia de la prisión domiciliaria y otras nuevas acciones a su cargo.

Otro de los apartes del articulado que generará un profundo debate es lo referente a cambiar los requisitos de la prisión domiciliaria. Con la iniciativa se busca que, si es aprobado el proyecto, una de las condiciones para acceder a ese beneficio sea que se trate de una conducta punible que no supere los 12 años de pena. En ese sentido, se ampliaría 4 años, ya que actualmente está estipulado el requisito para penas de menos de 8 años.

Los detenidos que presenten enfermedades graves también podrían acceder a este beneficio. En ese caso, un centro médico determinado por el Inpec deberá evaluar cuando una persona presente alguna enfermedad compleja o condición de discapacidad que no le permita al delincuente estar tras las rejas. En ese caso, el juez podrá evaluar la posibilidad de que pague su condena en detención domiciliaria.

“En casos de enfermedades graves, incurables y altamente discapacitantes con tratamientos paliativos debidamente diagnosticados, prevalecerá la autonomía del paciente, para que este, de manera libre, voluntaria e informada, decida si es trasladado a su domicilio o centro hospitalario”, dice la propuesta del Gobierno.

Por su parte, el contenido de la propuesta ya genera alertas en algunos puntos. Se habla, por ejemplo, de eliminar el delito de injuria y calumnia y deja solamente la injuria por vía de hecho, es decir, cuando se atente contra la integridad física o haya ataques verbales. Igualmente, elimina el delito de incesto del Código Penal.

En el caso de las protestas y hechos de vandalismo, hay otras polémicas, porque busca eliminar el concierto para delinquir de situaciones de protesta, tanto en la modalidad simple como agravada. Tampoco se contempla el terrorismo en estos casos.

“En ningún momento se entenderá que las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta social pacífica, el ejercicio de la libertad de la reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de terrorismo”, se propone en la iniciativa.

El proyecto del Ministerio de Justicia tiene un enfoque de resocialización de los privados de la libertad. Se habla de que en los centros penitenciarios se deberá garantizar la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos.

“Los establecimientos pueden ser cárceles de detención preventiva, penitenciarias de nivel 1, 2, 3 y 4″, señala con el objetivo de buscar la resocializaicón. La primera hace referencia a personas de alta peligrosidad. Los servidores públicos contarán con pabellones especiales.

Las personas que realicen trabajos y labores específicas podrán reducir un día de reclusión por dos días de trabajo. Aclara que no se podrán computar más de 6 horas diarias.