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| 12/7/2018 9:43:00 PM

Palabras mayores

En su visita a Colombia, Michel Forst, relator de la ONU, encontró un desolador panorama de la situación de los defensores de derechos humanos y dejó una lista de recomendaciones y tareas.

Michel Forst y el desolador panorama de los líderes sociales Forst estuvo 14 días en el país, en donde además de reunirse con el presidente Duque y parte del gobierno, visitó varias comunidades y habló con cerca de 200 líderes sociales. Foto: ONU D.D.H.H.

A la polémica en torno a si en Colombia hay o no una sistematicidad en las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, se sumaron esta semana las contundentes declaraciones de Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos.

En su intensa agenda se reunió con el presidente Iván Duque y parte del alto gobierno, que le expusieron el Plan de Acción Oportuna –la nueva política para proteger y prevenir los ataques–. También habló con la Fiscalía y más de 200 líderes, defensores o funcionarios en Bogotá, Cúcuta, Hacarí, Medellín, Apartadó, Santa Marta, Riohacha, Cali y Popayán. Al final, Forst se mostró horrorizado y consternado con lo que está pasando.

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Aunque no utilizó la palabra sistematicidad, el relator habló de un patrón que explicaría que desde hace dos años han aumentado en forma inusitada estos crímenes en Colombia. “Los defensores de los derechos humanos están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques, amenazas, la criminalización de su trabajo y la falta de acceso a la justicia. Su estigmatización en el discurso de altos funcionarios, a veces de los más altos niveles del Estado, los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación que buscan desacreditar su trabajo, asociándolos con la oposición política, acusándolos de tener nexos con los paramilitares o llamándolos antipatriotas, criminales e incluso traidores (…) También son estigmatizados por diversos sectores de la sociedad al llamarlos guerrilleros, informantes o personas antidesarrollo”.

Forst estuvo 14 días en Colombia por invitación del gobierno con el fin de determinar si el Estado colombiano ha podido proporcionar un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos. También para ayudar a guiar los esfuerzos de la administración Duque a fin de mejorar la protección y mitigar los riesgos que enfrentan.

Además de dar a conocer sus opiniones, el relator entregó un documento de unas 34 páginas sobre sus hallazgos y, en especial, sus recomendaciones para el Estado. De hecho, anunció que en marzo regresará de nuevo para ver los avances y dar sus opiniones. “Mi papel es decir la verdad, no complacer al gobierno, así como dar elementos que puedan orientar la nueva política, que sin dudas debe ser construida y consultada con todos los actores involucrados”, dijo. Después, este francés hará un nuevo informe y presentará sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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Forst advirtió que los defensores en las zonas rurales corren mayor riesgo, especialmente, en las regiones con presencia histórica de las Farc y más afectadas por el conflicto, pues el Estado no asumió su responsabilidad de garantizar la seguridad de la población civil. En su relato, advierte los sectores a los que pertenece la mayoría de las víctimas. “A menudo son líderes sociales, miembros o presidentes de asociaciones y movimientos sociales, juntas de acción comunal; son los que defienden su tierra, derechos ambientales y colectivos que se oponen la explotación de los recursos por parte de actores legales e ilegales. Líderes afrodescendientes, sociales, indígenas, mujeres, defensores LGTBI o que luchan por el acceso a derechos sexuales o reproductores”. En cuanto a los autores materiales o intelectuales, dijo que podrían provenir de grupos armados organizados, como disidencias de las Farc, ELN, paramilitares; autoridades públicas y actores no estatales presentes en las zonas.

Forst, además de criticar al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por la forma como han hablado de los defensores, le pidió a la Fiscalía revisar sus cifras e indicadores y trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo, a la que felicitó y reconoció su trabajo. Al gobierno le pidió darle prioridad “a la lucha contra la corrupción en todos los niveles del territorio, la delincuencia y, en particular, la situación actual en la que los grupos armados organizados gobiernan ‘de facto’ algunos territorios”. Finalmente, dijo: “He visitado muchos países, pero la situación en Colombia es dramática. Es la cuarta vez que vengo y estoy horrorizado: mi informe es la voz de los defensores”.

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