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| Foto: Fotomontaje SEMANA

INVESTIGACIÓN

Las sombras que rodean a Nilton Córdoba, el congresista al que 'confundieron' con Uribe

Este abogado chocoano salió reelegido con la mayor votación en su región para un representante a la Cámara. Lleva a cuesta varios escándalos, uno de ellos, el cartel de la toga, por el que acaba de ser llamado a indagatoria. ¿Quién es este personaje?

21 de septiembre de 2018

A mediados del 2015, a la Corte Suprema llegó una manuscrito de parte de un muerto. Charlys Andrés Mendoza Mina advertía en una nota que Nilton Córdoba Manyoma -representante a la Cámara por el Partido Liberal- comentaba abiertamente que había logrado cuadrar a un magistrado. Se trataba supuestamente de Gustavo Malo, a quien habría llegado por medio de pagar una alta suma de dinero a uno de sus funcionarios. El fin de esta movida era archivar un proceso por lavado de activos. La nota, aunque soprendente, tuvo el mismo destino que las dos investigaciones que había en el despacho en contra del representante: quedaron engavetadas.

Esta situación solo vino a destaparse dos años después, cuando estalló el escándalo por corrupción que tocó la cúpula de la justicia. Tres magistrados de la Corte Suprema -entre estos Gustavo Malo- resultaron salpicados y están respondiendo en la justicia con sendos procesos. El remezón, sin embargo, dejó invicto a uno de sus protagonistas Nilton Manyoma Córdoba, quien parece haberse catapultado y no enterrado políticamente con las acusaciones que el exfiscal Gustavo Moreno hizo en su contra.

Escuche el podcast en el que el editor general de Semana.com, José Guarnizo, la editora de Justicia, Johanna Álvarez y el periodista Jaime Flórez hablan del ex congresista.

Escucha"Nilton Córdoba, el polémico congresista por el que chuzaron a Uribe" en Spreaker.

Córdoba Manyoma llegó al Congreso en el 2014, con una votación de 18.425 votos en su departamento. Para las siguientes elecciones del 2018 -con seis investigaciones penales en su contra- alcanzó los 23.650 votos. El nombre del representante está asociado a escándalos de corrupción, de lavado de activos para bandas criminales, de desvío de dineros, sin embargo, ni siquiera sus oscuros antecedentes lo habían logrado sacar del anonimato. No por lo menos, como sí lo hizo el hecho de que la Corte Suprema de Justicia por interceptarlo a él resultó escuchando el número celular del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Córdoba Manyoma llegó al Congreso en el 2014, con una votación de 18.425 votos en su departamento. Para las siguientes elecciones del 2018 -con seis investigaciones penales en su contra- alcanzó los 23.650 votos.


Los números no son parecidos. Tampoco se trata de aliados políticos. De hecho, el expresidente Uribe reveló en su cuenta de Twitter que había sido interceptado como si fuera Nilton Córdoba, y en su mensaje describió que se trata de un congresista cuyo contacto se dio con ocasión del apoyo que manifestó al presidente Iván Duque.

El tema desató una cascada de suspicacias políticas y jurídicas. El alto tribunal ha explicado que el número equivocado aparece asociado al proceso de Córdoba Manyoma desde el año 2016, sin que aún nadie pueda explicar cómo llegó allí. Lo cierto es que los expedientes de este congresista en la corte resultaron estar más manipulados de lo que los testigos habían advertido y de lo que la misma corte había sospechado.

Córdoba Manyoma es un abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó. Se especializó en derecho Público en el Externado, fue concejal del Bajo Baudó y Alcalde del Medio Baudó. En las elecciones del 2014 dio su salto a la política nacional cargando dos cruces. La primera, no haber podido explicar dónde quedó el dinero del convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior para la construcción de una nueva sede de la alcaldía del Medio Baudó, infraestructura que no existe. La segunda, el haber supuestamente comprado oro y platino en Panamá, metales que habría hecho pasar supuestamente como de producción de la región para cobrar las regalías en beneficio de Los Rastrojos.

Puede leer: Nilton Córdoba, salpicado con el pago de $200 millones para frenar captura

Con esos señalamientos a cuestas, Córdoba Manyoma incursionó en la política nacional y para evitar que sus líos judiciales se le atravesaran en sus aspiraciones habría llegado, incluso, hasta desaparecer un documento de su expediente reservado en la Corte Suprema de Justicia. Así lo advierte el alto tribunal en el llamado a indagatoria contra Córdoba, quien será procesado por los delitos de cohecho por dar y ofrecer, y destrucción de documento público.

Para llegar a ser reelegido en la Cámara de Representantes, Córdoba tuvo que enfocar su campaña en explicarle a sus electores que no estaba impedido para ejercer cargos públicos. En mensajes de Facebook manifiesta: “Nilton Manyoma no se encuentra inhabilitado y mucho menos tiene procesos, simplemente son comentarios de personas ajenas y mal intencionadas que no aceptan que nuestro proyecto Gestión para el Desarrollo". El aviso es parcialmente cierto ya que nada le impidió sentarse el 20 de julio en su curul, pero lo hizo cargando un lastre de cuestionamientos no resueltos encima.

En el momento de su nuevo ingreso triunfal al Congreso ya se conocían las declaraciones del abogado Gustavo Moreno, quien reveló cómo este chocoano llegó a las oficinas del exmagistrado Francisco Ricaurte y desembolsó 800 millones de pesos para su defensa. El abogado asignado a su caso fue Gustavo Moreno, que de inmediato advirtió que en el caso por lavado de activos había prueba suficiente para ordenar su captura.

Para sorpresa de los investigadores de la corte que, ahora lo investigan por corrupción, fue el mismo Córdoba el que se habría atado la soga al cuello, ya que rindió una versión libre en la que -según Moreno- no le fue bien y les tocó suspenderla usando sus contactos ilícitos. El abogado asegura que se tuvieron que restructurar honorarios adicionales por 200 millones de pesos para pagarle al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, quien llevaba su caso en el despacho de Gustavo Malo.

Ruiz -dice Moreno- ayudó suspendiendo la versión en atención a que se evidenciaba “nervioso y etéreo en algunas respuestas”, también decretando pruebas que luego eran aplazadas ante la inasistencia planeada y proyectada de los testigos, no convocándolo a indagatoria y absteniéndose a remitir el proceso por lavado de activos en favor de bandas criminales, al grupo de parapolítica, al que en teoría le correspondía.

Lo que no contó Moreno es que no solo se suspendió la declaración sino que del expediente reservado de la corte fue robada esta versión libre. El documento nunca volvió a aparecer. Al inspeccionar el expediente, los magistrados encontraron un rastro para determinar que esta diligencia sí se llevó a cabo: el 3 de mayo del 2016 el abogado Gustavo Moreno dejó registrada la petición de una copia en DVD de esta versión libre que hoy no existe. “No fue hallada en el expediente, no se halló vestigio alguno de sus existencia en los registros de Secretaría de la Sala, ni en el sistema informático de gestión interno y dispositivos de almacenamiento electrónico contentivos de las copias de seguridad de los archivos magnéticos de audiencias y diligencias denominadas Backups”, manifiesta la corte.

Borraron la prueba pero no todos sus rastros, por ello, este se convirtió en un tema central en la investigación que ahora adelanta el alto tribunal. Por esta colaboración, Córdoba habría pagado 100 millones antes de la versión libre y 80 con posterioridad. “Lo que pretendían era comprar tiempo para poder reestructurar los honorarios, porque una decisión favorable debía contar con el respaldo del magistrado titular, sin que resultara suficiente la intención del auxiliar”, precisó Moreno.



Cada aplazamiento en el caso de Córdoba Manyoma, habría contado -al parecer- con la bendición del despacho del magistrado Gustavo Malo. Así por lo menos lo atestigua Moreno y lo soportan los registros del paso a paso en los expedientes. Pero quizá, el episodio más indignación produjo entre los investigadores que investigan a sus antíguos colegas, es que inmediatamente después de que estalló el escándalo del cartel de la toga, y de tener engavetadas las evidencias alrededor del caso de lavado de activos por años, desde el despacho de Gustavo Malo se compulsaron copias a la Fiscalía para que investigue a otros vinculados.

Este caso es el más grave contra el representante chocoano. En el expediente existen supuestas evidencias que apuntan a probar una supuesta operación criminal de compra de metales preciosos -oro y platino- en el mercado negro panameño y con recursos de bandas criminales provenientes del narcotráfico. Este material habría sido ingresado de contrabando a Colombia por medio de hacer el reporte del mismo como producción minera del Medio Baudó, municipio que no tiene actividad minera. De esta manera, el dinero ilegal de las bandas al parecer era legalizado y, no suficiente con ello, se reclamaban regalías mineras. 

La corte cuenta con evidencias que soportarían que los dineros de las regalías habrían sido retirados de la única cuenta de ahorros autorizada para su manejo y luego eran depositados en una caja fuerte ubicada en un lugar privado "para evitar contingentes embargos por acreencias laborales". Este caso, que antes estaba frenado por la corrupción, se mantiene ahora congelado en el despacho de Gustavo Malo, quien fue suspendido de la Corte Suprema de Justicia mientras que continúa su acusación en el Congreso de la República.

Paradojicamente, fue el episodio de las interceptaciones a Uribe el que lo puso en el radar. Si la corte logra probar que él logró desaparecer las pruebas en su contra, se podría decir que Manyoma es uno de los pocos congresistas que ha logrado infiltrar a la Corte.